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POSADAS

Absolvieron a dos jóvenes acusados de un robo a mano armada

Por el beneficio de la duda, los jueces del Tribunal Penal 2 de Posadas absolvieron y dejaron en libertad a dos jóvenes que habían sido procesados por un violento robo calificado que ocurrió en la noche del 29 de abril de 2006 en el barrio Nuevo Garupá. El fallo se conoció luego que el único testigo del hecho cayera en algunas contradicciones. La absolución benefició a Juan Ramón “Chamí” Núñez (31) y Alejandro Darío “Coki” Jara (29), quienes estaban acusados de haber herido con un cuchillo a José Domingo Flores, para robarle un paquete de cigarrillos, quince pesos y la llave de un candado.

En su momento la víctima contó que tres delincuentes lo pararon en una zona oscura: uno le pidió fuego y un segundo la entrega del dinero que llevaba. El hombre se resistió, pero fue herido en ambos brazos y el tórax por los malvivientes, que le robaron sus pertenencias.



Flores escapó del lugar y llegó hasta la casa de Inocencia “Chona” Leguiza, a quien le suplicó que “no me dejes morir”, mientras exhibía sus heridas. La mujer llamó rápidamente a la Policía, que envió un patrullero y la víctima terminó siendo llevada al Hospital de Fátima en un auto particular porque la ambulancia no llegó nunca.



El principal testigo de la causa, Juan Carlos Bustamante, un hombre alcohólico, no había podido declarar el miércoles ante los jueces debido a su estado de ebriedad. Tras pasar la noche en la Seccional Primera -allí sufrió un cuadro de abstinencia y debió ser asistido en el Hospital Madariaga-, el hombre llegó sobrio y dio su versión de los hechos.



Tras advertir que en varias oportunidades fue amenazado de muerte por uno de los imputados y sus familiares, entró en contradicciones. En un primer momento dijo que vio el momento en que se produjo el hecho, pero luego dijo que fue la víctima quien le aportó el nombre de uno de los agresores.



Pese a ello, la fiscal Liliana Picazo consideró que los jóvenes habían cometido el asalto y pidió que fueran condenados a ocho años de prisión. Por su parte, la defensora oficial Celina Silveira Márquez pidió la absolución por el beneficio de la duda.
Los camaristas Juan Enrique Calvo, Roque González y Alfredo Escribano consideraron que las pruebas no alcanzaban para condenar a los imputados y decidieron absolverlos.



 



 



 

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