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Alegatos acusatorios y pedidos de condenas

Las querellas y la fiscalía pidieron 25 años de prisión para Herrero y Giménez. 15 años para el ex médico policial Mendoza, la Secretaria de DD HH de la provincia pidió 10. Para Pombo y Amarilla la fiscalía reclamó 20 años, en tanto las querellas particulares pidieron 15. Todas penas que deberán ser cumplidas en cárceles comunes. Hoy es el turno de las defensas, se espera la sentencia pero las partes especulan que podría demorarse un día más.

En la instancia definitoria del cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad las querellas y la Fiscalía reclamaron hoy penas que van hasta los 25 años por los delitos de privación ilegitima de libertad agravada, imposición de torturas agravada, y violación por los que se juzga a 5 ex integrantes de la Policía de Misiones, quienes estuvieron al frente de lo que se califica como el mayor centro clandestino de detención de la provincia: el Departamento de Informaciones. Carlos Omar Herrero considerado como autor mediato, Felipe Nicolás Giménez y Carlos Pombo como coautores, Julio Argentino Amarilla y Guillermo Mendoza en calidad de participes necesarios.

“Los hechos acontecieron, el acaecimiento histórico esta fuera de duda, se ha probado la responsabilidad atribuible de cada uno de los imputados. Los 62 hechos traídos a esta sala de juicio a requerimiento de la fiscalía han quedado demostrados claramente que formaron parte de una etapa terrible de la historia argentina. Fueron productos de los métodos utilizados durante el denominado proceso de reorganización nacional y su lucha contra lo que denominaba el “terrorismo”, comenzó su alegato la Dra. Vivian Barboza, en representación de la Fiscalía. Alegato que comenzó a escucharse minutos después de las 18 y se extendió hasta pasadas las 20 cuando el presidente del Tribunal, Dr. Rubén Quiñones, dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 3 de julio a las 8. Hoy se escucharan los alegatos de las defensas particulares y oficiales.

Los hechos fueron calificados como de lesa humanidad por lo que además de ser imprescriptibles ubican al Estado Nacional ante la obligación de investigar, juzgar y condenar a los responsables tal como lo exigen los pactos internacionales suscriptos por la Argentina, remarcaron todas las partes que ya alegaron.

Cometidos en el marco del aparato represivo que se montó durante la dictadura cívico militar que implementó como metodología el terrorismo de Estado.
Se acreditó, según remarcan las querellas y la fiscalía, la calidad de funcionarios públicos de los imputados, con desempeño en la jefatura de policía y el departamento de informaciones al momento del secuestro y detención ilegal de todos los testigos víctimas, quienes fueron perseguidos por su actuación política, gremial, estudiantil o social.

“Como se infiere de los testimonios escuchados a lo largo de las jornadas de este Juicio, el tiempo de terror que siguió al derrocamiento del gobierno democrático, el 24 de marzo de 1976, tuvo como víctimas principales a dirigentes agrarios y sociales; trabajadores; docentes; militantes políticos, en su mayoría peronistas vinculados a sus organizaciones juveniles y al Partido Auténtico…
También queda claro estamos frente a una dictadura de carácter cívico militar, en este punto el testimonio de Eugenio Kasalba es explícito en relación con la presencia de sectores de la sociedad civil que con sus recursos o sus silencios contribuyeron al sostenimiento de este régimen”, destacó el Dr. Rafael Pereyra Pigerl querellante por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

Testimoniar el horror

66 testigos víctimas declararon a lo largo del debate oral. “Todos, absolutamente todos fueron objetos de distintos y variadas formas de violencia extrema, ya sea en el momento de la detención, durante el cautiverio, con distintas clases de torturas y en el caso de las mujeres fueron sometidas a violaciones”, remarcó la Dra. Barbosa.

“El abanico de torturas a la que fue sometido cada una de las victimas supera ampliamente los estándares internacionales que lo diferencia de los malos tratos. Torturas sicológicas y físicas. Amenazas insultos, escucharon gritos desgarradores de sus compañeros siendo torturados, lo cual generaba terror permanente en la conciencia de que su propia vida y la de sus familiares podrían terminar en ese mismo horror” e insistió la Fiscal “A esto se sumaba las torturas físicas fueron golpeados salvajemente, puñetazos, rodillazos, golpes en las orejas para dejarlos sordos, les zapateaban en el estomago han dicho muchos, obviamente la reina de tortura la picana eléctrica… desde que eran detenidos no se les suministraba agua porque lo que venía era la picana… en las zonas húmedas, boca, vagina, orejas, indescriptible señor juez lo que han padecidos estas gentes , empalados, colgados de viga durante días lo cual, por la falta de irrigación a punto de pérdida de sus manos, quemados con cigarrillo, con agua hirviendo, hay víctimas que su relato nos ha generado escalofríos en la sala. El relato de Milagros Palacios que pidió morir y el extremo del sadismos de quien le estaba torturando le dijo no, no vas a tener esa suerte. Milagros Palacios fue picaneada, violada, quemada con agua hirviendo y luego de eso la siguieron picaneando, la colgaron, es indescriptible lo que vivieron”.

“El Estado Terrorista negó la condición humana de las víctimas. Las despersonalizó, y redujo sujetos a cosas. Violencia y perversión definen el Terrorismo de Estado. En el caso de las mujeres, este terror tuvo un sufrimiento adicional cargándolas con un estigma que se prolongó a toda su vida, aún después de recuperada la libertad”, aportó el Dr. Rafael Pereyra Pigerl.
“Llega la hora del cese de la impunidad” se escuchó abriendo la jornada al Dr. Juan Bautista Martínez, querellante por la Secretaria de DD HH de la provincia, encargado además de describir y ubicar en una foto aérea los distintos centros clandestinos de detención que conformaban el circuito represivo de la Policía de Misiones.

Los imputados y su lugar en el aparato represivo
Las partes también se ocuparon en marcar, al igual que en los 3 anteriores juicios, la cadena de mandos, el lugar que ocupaba cada uno de los imputados en la maquinaria represiva que se desplegó para la “eliminación de la amenaza subversiva”. Tareas por las que fueron felicitadas según consta en los legajos personales de Giménez, Pombo y Amarilla.

Así el entonces Teniente Coronel Carlos Omar Herrero, enviado por el Ejército a la provincia con el objeto de subordinar a la fuerza policial a las directivas emanadas desde los mandos superiores, “fue el hombre de atrás, o el hombre del escritorio” acusado como autor mediato porque si bien no era el ejecutor directo de los secuestros, de las torturas o de las violaciones tenía el dominio pleno de los hechos. “Era parte de la estructura que transmitía las ordenes, conocía los hechos, no puede hacerse el distraído, su despacho estaba a pocos metros de los gritos de las victimas mientras eran torturadas”, puntualizó el Dr. Pereyra Pigerl .

“Ninguna duda cabe, señores jueces, que Herrero actuó en este plan criminal en un plano intermedio, como autor mediato, si bien no fue el creador de la orden ilícita tampoco el ejecutor, fue el hombre del escritorio puesto en la provincia de Misiones desde la cúpula de este proceso a los efectos de garantizar el cumplimiento de este plan de aniquilamiento, como autor mediato, sabía a qué venía a la provincia de Misiones, sabía del contenido y de los métodos que serían utilizados en la persecución de este fin, adhirió a este régimen y lo ejecutó, sabía de las violaciones y por eso también debe responder” agregó la Dra. Barbosa quien remarcó que era Herrero quien garantizaba impunidad al personal bajo su mando para torturar y violar a sus víctimas.
Felipe Nicolás Giménez, estaba al frente del Departamento de informaciones desde 1974 hasta mediados de 1977. Las víctimas lo reconocen al mando del grupo de tareas en los operativos de secuestro, en las sesiones de torturas, dando órdenes, arengando. Es acusado como coautor. “De ninguna manera puede ser considerado únicamente como el hombre de atrás, del hombre del escritorio, Giménez tuvo una participación activa en las privaciones ilegitimas de la libertad con violencia, en la imposición de tormentos de los presos bajo su guarda y participó, permitió las violaciones en el departamento de informaciones”, y agregó la fiscalía “todos coincidían en que Giménez comandaba con absoluto poder de disposición todo lo que acontecía en el departamento de informaciones”.

Guillermo Roque Mendoza, médico de sanidad policial durante los años que se denuncian estos hechos, es señalado por varios de los testigos víctimas como uno de los presentes en las sesiones de torturas. “Era el encargado de decir hasta dónde aguantaba la tortura, quien estaba en condiciones de seguir y quien no” recordó el Dr. Diego Stehr, también desde la Fiscalía, recuperando el testimonio de uno de los testigos aportados por la propia defensa de Mendoza, “por lo que cobra especial relevancia este testimonio”, agregó.

A Mendoza lo mencionan especialmente las mujeres, quienes fueron atendidas por él después de sufrir reiteradas violaciones y era el encargado de corroborar si, producto de estas vejaciones, quedan embarazadas.
Julio Amarilla y Carlos Omar Pombo, formaron parte de la patota comanda por Giménez, presentes en las torturas, en el caso de Pombo como coautor. “Pégale Pombo, seguí Pombo”, se escuchaba en las salas de torturas, aunque este imputado intento desligarse de su participación escudado en su calidad de jugador profesional de futbol. “No puede pretender esconderse detrás de una pasión popular”, agregó Pereyra Pigerl. En el caso de Amarilla una parte de los acusadores lo ubican como partícipe necesario aunque también se lo menciona como coautor. Tuvo actuación en el relevante Expediente 75 bis, encontrado casi por casualidad en la etapa de instrucción por el juez Claudio Ramón Chávez, “documentación de altísimo valor probatorio” remarcan que se salvó de ser destruido. Este expediente prueba la efectiva detención de las victimas en las fechas que ellas consignaron, sin tener siquiera conocimiento de la existencia de este material. También prueba las torturas a las que eran sometidos antes de ser obligadas a firmar, declaraciones que no podían leer.

Las penas solicitadas

Todas las partes acusatorias coincidieron en pedir 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, más accesorias legales y costas para Carlos Omar Herrero y Felipe Nicolás Giménez, el primero en calidad de autor mediato y el segundo como coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de torturas agravadas y violaciones. Coincidieron además en recalificar el delito de violación de manera autónoma al de simples tormentos por la particularidad del mismo.

El Dr. Fernando Canteli, querellante en representación de Eladio Benítez solicitó 7 años de prisión para Felipe Nicolás Giménez considerado responsable del secuestro y detención ilegal de esta víctima, hijo de Julio Benítez, asesinado en el penal de Candelaria.

Para el resto de los imputados hubo algunas diferencias en cuanto a las penas y la autoría. La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Guillermo Roque Mendoza, al igual que la Secretaría de DD HH de la Nación. En tanto el Dr. Martínez, de DD HH de la provincia pidió 10 años. Coincidieron si en acusar al ex médico policial como partícipe necesario del delito de torturas. El Dr. Pereyra Piger l consideró además probado su participación la privación ilegitima de la libertad de 2 víctimas y apuntó como un agravante su calidad de médico tal como ya lo sugiere la Organización Mundial de la Salud en alusión a la participación de este tipo de profesionales en delitos aberrantes.

Solicitaron además el cumplimiento de las penas en cárceles comunes sin excepción ni atenuantes por la gravedad y masividad de los hechos que les imputan.
Pereyra Pigerl y Fernando Canteli reclamaron también se solicite al Ministerio de Gobierno de la Provincia la baja de las fuerzas por exoneración. Para el caso de Mendoza se requiere se solicite al Colegio Medico se expida ante la actuación de este matriculado en los Centros Clandestinos de Detención.

Las voces como ecos

Ya sobre el final de sus alegatos los abogados se ocuparon de marcar reconocimientos. Del planteo de Pereyra Pigerl se destaca la mención a Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA Misiones, quien desde 1984, tras su regreso del exilio denunció los hechos “sus primeras denuncias comenzaron en el año 1984. Hace casi 30 años. Es que la justicia tardó demasiado. Por eso en este juicio no están imputados bondadosos ancianitos, estamos juzgando en todo caso a ancianitos o abuelitos genocidas, personas que al momento de los hechos estaban en la plenitud de sus vidas y tenían el poder absoluto para actuar y decidir sobre la vida de víctimas en situación de total indefensión que también hoy son mayores y esperan justicia”.

El Dr. Fernando Canteli puso el acento en la orfandad en la que la dictadura dejó a un niño de 16 años –en ese entonces- Eladio Benítez, a quien le arrebataron al padre, asesinado en el penal de Candelaria, “le arrebataron algo más que una primavera, le arrebataron todas las estaciones”, parafraseó.

El Dr. Diego Stehr recordó a los familiares, cuya incertidumbre, angustia y desesperación no no podrá ser representado en ningún juicio. “quiero detenerme en las victimas extraprocesales de la causa, los familiares que debieron soportar las horas de angustia, sin saber si sus hijos estaban muertos o vivos, la suerte de sus maridos, quiero brindar este reconocimiento a esas horas de dolor y angustia y porque no decirlo victimas estigmatizadas de una sociedad, o parte de ella que había comprado ese discurso, -el de la dictadura cívico-militar”.

Desde las 8 de hoy martes se retoma la audiencia de alegato. Serán las defensas las que deberán presentar sus planteos, se espera además que sobre el final de este proceso declare el único imputado que aún no hablo: Carlos Omar Herrero. Si bien se había marcado la sentencia para hoy, esto aparece como dudoso.

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