Después de 15 años quedó firme el sobreseimiento del polémico ex Juez provincial

POLICIALES
LUNES 25 DE JULIO DE 2016 - 07:09
Después de 15 años quedó firme el sobreseimiento del polémico ex Juez provincial

El STJ ratificó recientemente la medida judicial que lo beneficiaba. Al ex magistrado Ramón Grinhauz se le inició una causa judicial luego de ser acusado de formar parte de una banda delictiva que se dedicaba a blanquear con oficios judiciales, vehículos que habían sido robados en asaltos en distintos puntos del país. Lo analiza en su Edición Nº 346 el Semanario .

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Finalmente, después de quince años de iniciada la causa y de once en el que se le dio fin, el Superior Tribunal de Justicia ratificó el sobreseimiento del letrado. 

Con la aceptación de los ministros Manuel Augusto Márquez Palacios, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Cristina Leiva y Froilán Zarza, se dispuso según consta en el expediente: “Hacer lugar al recurso de casación interpuesto y en su mérito declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 5863/5866 del ‘Expte. Nº 78/03 Miérez, Alfredo Rubén y otros s/Asociación Ilícita, Falsificación de Instrumento Público, Tenencia de Armas de Guerra y Encubrimiento’; y confirmar la resolución dictada por el Juez Correccional y de Menores Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 5817/5820 de las actuaciones antes mencionadas”.

De esta manera queda finalizado oficialmente un largo proceso que expiró porque habían vencido todos los plazos previstos para una investigación. El STJ dictó esta resolución luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar a una queja presentada por el ex juez Grinhauz, quien acudió a esa instancia luego de que el STJ le rechazara un recurso de casación.

La causa tuvo como principal sospechoso desde un primer momento a quien entonces se desempeñaba como juez de Instrucción Nº 2 de la capital provincial. Al iniciarse la investigación, Ramón Grinhauz renunció a su cargo y de esta manera evitó un jucio político, sin embargo no se salvó de pasar 45 días tras las rejas en la Dirección de Bomberos de la Provincia.

El principio del fin 

El caso salió a la luz en septiembre del 2001 cuando efectivos de la policía provincial decomisaron durante un operativo, un VW Gol que había sido robado en Buenos Aires, sin embargo, su conductor circulaba exhibiendo un oficio que lo habilitaba como “depositario judicial”. Dicho documento había sido emitido por el Juzgado de Instrucción Dos y fue uno de los 20 vehículos que transitaban libremente en esas condiciones. En la jerga de los investigadores habían sido “blanqueados” con esos oficios, porque todos tenían origen oscuro: el robo a mano armada.

En aquel entonces la causa fue iniciada por el juez de Instrucción Tres, Eduardo D’Orsaneo, sin embargo debido a la “recusación sin causa” (figura derogada luego de este caso) el expediente pasó por siete juzgados hasta que finalmente la magistrada Selva Raquel Zuetta de Alem fue quien procesó a Grinhauz y a los demás sospechosos por “asociación ilícita”, aunque luego el Tribunal Penal Uno, que actuaba como cámara de apelaciones, revocó esa figura y ordenó que se dictara una nueva resolución.

A mediados del 2005, el expediente recayó en el juzgado Correccional y de Menores 1, a cargo en aquel entonce de José Domingo Rotela, quien en una decisión que causó sorpresa, dictó el sobreseimiento de todos los imputados, porque “llegamos a este estadio procesal con los términos excesivamente vencidos, que hace imposible continuar con el procedimiento” expresó en su momento, es decir que consideró que como los plazos estaban procesales exigidos por la ley estaban vencidos, debía desligarse definitivamente a los imputados del hecho.

Al momento de dictar esta resolución, la fiscal del caso, Margarita Wenner se encontraba de licencia por lo que su par, Atilio León que la subrogaba consintió la decisión de su colega. Al retomar el caso, la fiscal en un hecho insólito apeló desde la Fiscalía lo que la Fiscalía había consentido.

Finalmente, el Tribunal Penal Uno hizo lugar a la apelación de la Fiscalía y declaró nula la resolución del magistrado Rotela. Ante esta situación, Grinhauz acudió al STJ sin embargo la Corte local rechazó la casación ya que consideró que dicho recurso sólo se traba ante sentencias definitivas. Tiempo después, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a Grinhauz y ordenó al STJ a que dictara una nueva resolución que cuatro años después quedó fija.

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