Cuatro de cada diez trabajadores argentinos cobran por debajo del promedio y carecen de toda cobertura

NACIONALES
MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017 - 09:55
Cuatro de cada diez trabajadores argentinos cobran por debajo del promedio y carecen de toda cobertura

Un caso testigo es el de los tareferos de Misiones, dedicados a la cosecha de yerba mate. Sobre un estimado de 15 mil personas que se desempeñan en ese rubro apenas un tercio califica para la percepción de la "interzafra", como se denomina al subsidio que cobran los trabajadores de la actividad durante los meses en los que no hay cosecha. De nuevo no parece una decisión estrictamente económica sino una conducta establecida para los empresarios del rubro.

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Cualquier decisión de política económica choca en la Argentina contra un iceberg: al menos cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan en la informalidad. Eso implica no sólo la virtual invisibilidad de 4,3 millones de personas, con consecuencias directas en las planificaciones de sus vidas y las de sus familiares. También deprime el mercado de trabajo de un modo similar al de la desocupación y representa una competencia desleal para los empleadores formalizados. Pero lo más dramático en el mediano y largo plazo es el deterioro del sistema previsional con la quita de un sostén financiero clave para la percepción de haberes de los actuales y futuros jubilados. 

La admisión de un nivel de por lo menos 41% de empleo informal en la Argentina puede parecer sorprendente ante las mediciones habituales del Indec, que en los últimos años estabilizaron esa variable en torno del 33% al 34%. La explicación es que mientras el órgano estadístico releva el mercado laboral de los centros urbanos, en el Ministerio de Trabajo analizan el total de la población e incluyen un dato clave: la incidencia del empleo doméstico, que a pesar de planes de regularización que se han relanzado casi de forma constante en las últimas décadas mantiene un nivel de informalidad cercano al 75%. 

Durante el último lustro, con variaciones en el desempleo, cambios en la orientación económica y períodos de mayor calma o turbulencia externa, el trabajo no registrado permaneció casi inalterable.

Con el agravante de que al 34% asumido por el Indec, o al 41% reconocido por la cartera laboral con la inclusión del personal doméstico, deben agregarse varios puntos más, aunque indeterminados, del considerado "trabajo en gris" (el asalariado que cobra una parte en blanco y el resto sin declarar), del fraude laboral que encubre relaciones de dependencia bajo otros modelos como el monotributo (que incluso rige en muchas reparticiones del Estado) o el cooperativismo tergiversado. 

Los funcionarios y los especialistas, una vez analizado ese mapa, coinciden en que la informalidad en la Argentina trepa al 50 por ciento del total del empleo. Se trata de una forma moderna sometimiento que restringe el acceso a una cobertura médica al trabajador y su grupo familiar; impide la percepción de las asignaciones familiares; priva de un seguro por desempleo al cesante, y convierte en una entelequia un futuro con jubilación. Sin contar que el asalariado en esa condición difícilmente cobra por irse de vacaciones (si puede hacerlo) o percibe aguinaldo; carece de cobertura por accidentes de trabajo (algo que también se convierte en una amenaza para su dador de trabajo); está imposibilitado de contar con protección de un sindicato; adolece de una referencia para sus ingresos que debería ser obligatoria, como el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y sólo puede soñar con una indemnización en caso de ser despedido. 

En el promedio nacional de 34% medido por el INDEC se destacan los niveles de empleo informal en la región Noroeste, adonde trepa encima del 40%, y el Cuyo, con casi 37 por ciento de trabajadores "en negro".

Los rubros históricamente asociados en la Argentina a la falta de registración de sus trabajadores son el empleo doméstico, que en la actualidad desempeña 1,3 millón de personas, la construcción (unos 400 mil) y la confección textil, en todos los casos con valores que superan la mitad del total de los puestos de empleo. Coinciden, además, con empleos de baja calificación. Y son, obviamente, los más endebles en situaciones de deterioro de la economía y del mercado laboral. Para los registros del organismo de estadística no se contabilizan los empleos rurales, también de los más signados por la informalidad en la Argentina. 

Durante las administraciones de Néstor Kirchner, primero, y Cristina de Kirchner, después, la política de combate al empleo no registrado fue espasmódica y efectiva sólo en sintonía con el desempeño de la economía en general. Mientras creció el PIB a tasas chinas la informalidad cayó de forma drástica de un pico de casi 50 por ciento, en 2003, hasta los valores del 34% que se mantienen casi sin cambios desde 2012 hasta la actualidad. En los últimos cinco años la cartera laboral intentó con un mix de beneficios fiscales para los empleadores y castigos ejemplares para los incumplidores que no movió la aguja en lo más mínimo. 

Tampoco varió el panorama con el cambio de gobierno. Los responsables de la actual gestión, a las órdenes del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advierten que hasta ahora no pudieron implementar sus programas más audaces de aliento a la formalidad laboral, que para diferenciarse de sus antecesores sólo están enfocados en premiar a los empleadores con voluntad de registración. 

Pero al mismo tiempo reconocen que ningún programa de blanqueo laboral -la consigna que desde el año pasado figura al tope de los planes- ayudará a perforar ese piso de un tercio del total del empleo privado informal si no está acompañado con una estrategia integral de registración general de la economía. La decisión de generar una economía informal, dicen cerca de Triaca, se impone a la posible voluntad del empleador -o incluso del asalariado, añaden- de inscribir al personal con todos los beneficios que ello implica. 

El ejemplo más habitual es, de nuevo, el personal doméstico: para un servicio que habitualmente contratan los hogares de clase media, media alta y alta, el costo promedio mensual de la regularización de la persona en esas tareas es no mayor a 800 pesos, equivalente a una cena romántica en pareja. La reticencia a afrontar ese gasto, en apariencia nimio y que representaría un salto en la calidad de vida de casi un millón de personas, debe encontrarse entonces en otros factores que incluyen lo cultural, lo judicial y lo que algunos técnicos de Trabajo denominan "conducta dolosa del ser humano". En otras palabras, la mera costumbre de no cumplir con las reglas. 


La existencia de una "economía informal" como factor superador del mero "empleo informal" explica la mayor incidencia, dicen los funcionarios, de los casos en los que el empleador evita pagar el 50% de diferencia salarial que representa ajustarse a la normativa vigente. Para cualquiera que piense que esa brecha es muy costosa debería contemplar que un juicio por trabajo no registrado más que duplica la indemnización usual o que un accidente de trabajo con las multas por informalidad laboral pueden llevarse puesto un emprendimiento medio. Casi en línea con lo denunciado por Mauricio Macri sólo que en esos casos no se trata de una "mafia de los juicios laborales" sino de la precariedad laboral que se cobra como víctima inicial al trabajador siniestrado y, secundariamente, al empleador negligente. Sin embargo, en el Ejecutivo insisten que algunas capas de asalariados "optan" por el empleo informal para contar con una suerte de cheque en blanco para llevar a cabo un juicio orientado a duplicar su pago indemnizatorio. 

Incluso convencidos de que la falta de un plan general de regularización de la economía será siempre el principal obstáculo, en el Gobierno avanzarán este año en un blanqueo laboral. Como había anticipado este diario en enero último, la idea es aplicar una condonación de multas que puede ir desde el perdón total hasta la rebaja o el financiamiento de esos pagos pautados por ley. La iniciativa había cobrado fuerza a partir del éxito que tuvo la administración de Mauricio Macri con su blanqueo fiscal de 2016. 

Aquella planificación estaba de la mano de una ley de Primer Empleo que nunca prosperó en su tratamiento parlamentario por la esperable oposición del peronismo en la Cámara de Diputados. La expectativa del Ejecutivo es que a fin de este año o durante 2018 podrá darle aire a esa estrategia a partir de un eventual buen resultado electoral en octubre. El blanqueo, pergeñado por el secretario de Empleo, el exTechint Miguel Ángel Ponte, contemplaba en su planificación original que no tuviera costo alguno por multas o aportes no realizados para los empleadores con menos de diez trabajadores "exteriorizados", y por encima de ese número sin sanciones y sólo pago previo del costo relacionado con cargas y contribuciones no realizadas. 

Otro ítem previsto es la modificación del régimen de indemnizaciones, que agravan a favor del trabajador el monto percibido en caso de detección de pagos fuera de regla. A grandes rasgos un asalariado puede percibir el doble del monto legal por despido sin causa si la Justicia determina que su empleador no lo tenía debidamente registrado. En Trabajo prometen barrer con ese ítem por entender que se trata de un beneficio injustificado para ese asalariado. En lugar de destinar la multa a un incremento de la indemnización, el plan consiste en derivarla a la ANSES. La iniciativa promete ser difícil de digerir para los legisladores peronistas y mucho más para la CGT, que incluso sumida en su propio laberinto de internas y enfrentamientos suele reaccionar en bloque frente al manipuleo de conquistas históricas. 

¿Por qué creer que otro plan de blanqueo dará mejor resultado que el último montado en la gestión de Cristina de Kirchner, cuando menos de 40 mil trabajadores salieron a la luz? No lo creen en la actual gestión. Sólo advierten que no hacerlo será peor y que ello terminará por bloquear cualquier intención de formalización. Parece poco pero suena más realista que alegar un giro de 180 grados en una economía fuertemente signada por la ilegalidad.

Ambito.

 



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