Casi exactamente el tiempo transcurrido desde su renuncia, en septiembre del 2010, al cargo en el que lo designara Nilda Garré cuando estaba al mando de la cartera de Defensa. El por entonces jefe de los espías militares de Ejército, Marina y Fuerza Aérea fundó su renuncia en “razones personales”, pero hubo comentarios de que, en realidad, salía del gabinete ministerial, por la proyección negativa a la figura de Garré que daban los cargos en su contra, presentados por un soldado voluntario que dijo haber sido víctima de “apremios ilegales”, en una presentación hecha ante Derechos Humanos de Defensa.
Sin embargo, hasta un medio no oficialista como Clarín, agregó un dato adicional: “no es la primera vez que Garré tiene problemas con el área de inteligencia militar, que tiene prohibido hacer investigaciones internas por la ley de Defensa”. Justamente el cargo que se le está haciendo a este espía que llegó a Misiones para la instalación de los radares que permiten controlar el tráfico aéreo en el combate al narcotráfico, definido como objetivo del operativo Escudo Norte. Aquí habría hecho amistades y prestado “servicios”.
Se lo vincula con el abogado Enrique Gross, jefe de asesores del gobierno provincial. Situación que generó preocupación, porque se trata de un cargo de relevancia. Circunstancia que llevó también a
a ponerse en comunicación con su oficina, en dos ocasiones, solicitando una entrevista con el funcionario, para el caso que deseara referirse a estos hechos en los que aparece involucrado por fuentes periodísticas. Pero, hasta el momento, no hubo respuestas. El pedido se efectuó momentos después de la primera publicación, de modo de asegurarle el derecho a réplica. Y hubo una segunda oportunidad en la que se dijo a la producción que no habiendo hallado noticia que aludiera a Gross no se le había comunicado al funcionario el pedido de entrevista de
. Se le sugirió en consecuencia a su oficina, buscar la información en el buscador de Internet o en el de
, partiendo del nombre Aguilar. La secretaria comprometió entonces una respuesta que, sin embargo, todavía no ha llegado.
Los interrogantes abiertos incluyen también el cargo que tiene este funcionario en la empresa Marandú Sociedad del Estado, una entidad vinculada a las comunicaciones, que no se ha presentado para el análisis del Presupuesto 2013, por lo que no hay información relativa a sus objetivos, a su existencia. Y ahora también se habilita la pregunta si este Aguilar tiene con esa firma alguna vinculación, o ejerce algún tipo de asesoramiento.
Las habilidades que tendría este espía para manejarse con sistemas capaces de inmiscuirse en la actividad de los funcionarios, no habría sido ajena tampoco a las reuniones que aquí habría compartido con el jefe de asesores misionero y un funcionario de una empresa telefónica. Y a partir de allí, los interrogantes.
El primer interrogante estuvo referido a si, en Misiones, como en Santa Cruz, habría despedidos de la Fuerza Aérea que se dedicarían al espionaje. La cuestión se disparó tiempo atrás cuando una noticia sorprendía a todos: la mismísima presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner fue espiada en su provincia, Santa Cruz. Seguían sus movimientos, interceptaban sus comunicaciones telefónicas, en procedimientos más propios de una dictadura militar que de un estado de derecho.
Y Misiones no habría sido ajena a todas estas movidas que, en el nivel nacional, vinculaban a los espías con periodistas “top” de los medios concentrados, los que así aparecían como “muy bien informados”.
Porque Aguilar que había cobrado notoriedad primero por su pertenencia al estamento de “personal civil de inteligencia” de la Fuerza Aérea, y luego por los denunciados “apremios ilegales”, empezó a viajar con frecuencia a Misiones. Al menos, una vez al mes, en los últimos dos años.