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30/08/2009

Un sistema de gobierno representativo, republicano y federal

Un proyecto de ley presentado en la semana que acaba de concluir pretende asegurar rol, competencias, en un organismo central para la gestión de gobierno, la Dirección General de Rentas, que lleva adelante la política de Estado implementada en materia tributaria. Y que en los últimos años ha permitido a Misiones mantener sus cuentas en orden, limitar su dependencia del Estado nacional, y de la inequitativa coparticipación federal. Pero en especial se ha visto ahora, cuando por efectos de la crisis internacional, la recaudación de impuestos en el país ha caído y con ello se ha disminuido, también, lo que llegaba a Misiones y, por consiguiente, a sus municipios.

Así las cosas, la provincia ha podido mantener el ritmo de obra, los compromisos asumidos en la asistencia de emprendimientos productivos, el pago en término de los salarios y jubilaciones, el pago a proveedores. En suma, continuar funcionando más allá de los avatares nacionales con recursos propios, genuinos. Porque quien está obligado a tributar es aquel cuya rentabilidad se lo permite. Aunque, claro está, no todos entienden el papel que cumplen los impuestos en una sociedad –la distribución de las riquezas que se generan- y haciendo caso omiso a la responsabilidad social que les cabe, evaden las cargas tributarias, cuando no las eluden.


 


Precisamente destinado a cerrar brechas que permiten hoy artilugios de evasores, o posibilitan demoras, o complican la percepción de impuestos, es el proyecto de ley presentado por el diputado José Garzón Maceda, según sus propias declaraciones a la prensa. Otro articulado plantea el acuerdo legislativo para el titular del organismo a la manera del que ya tienen el Tesorero de la Provincia. (Precisamente está en consideración con los de los ministros del Superior Tribunal, el pliego de quien viene despeñándose en el cargo).


 


“Tendremos que acostumbrarnos a que todo pase por el Parlamento”, definía, a su vez, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, señalando que así lo vienen planteando las cuestiones centrales que están a consideración de la ciudadanía tanto a nivel nacional como provincial. Se entiende que en los Parlamentos está presente la mayoría pero también la minoría política que igualmente puede hacer oír su voz y contribuir con sus aportes. Claro que cabría recordar que esto no ocurría en el pasado reciente cuando bastaba con un decreto del Poder Ejecutivo para endeudar a la Provincia tomando como garantía porciones de la coparticipación.


 


Hoy, en cambio, si el Ejecutivo necesita endeudarse deberá solicitar informes para saber si está en  condiciones de hacerlo, primero deberá asegurar de dónde van a provenir los recursos, que se puede afectar o no. Curiosamente quienes cuestionan la actual política impositiva, olvidan los decretos de los 90, que obviando la participación legislativa o haciendo uso de la "obediencia debida" endeudaron a la Provincia hasta el 2032. 


 


Al conjunto de la sociedad


 


Una política de Estado que distribuya las riquezas que se generan es una cuestión, por otra parte, que no interesa solamente a quien gobierna –para poder gobernar- sino a la sociedad en su conjunto. Porque el hecho que las cuentas fiscales estén bien y los pagos en término importa a la sociedad en su conjunto y, en especial, al sector productivo de la economía.


 


Vastos sectores dependen del consumo interno, de lo que gastan los misioneros en su propia provincia. No resulta claro, entonces, que quienes tienen las bases de sus empresas en esta provincia, persistan en actitudes contrarias a una distribución equitativa de los ingresos que vuelve en el consumo interno al propio segmento empresario.


 


¿A quién que no cumple con sus obligaciones puede preocupar más democracia, más participación en las instituciones republicanas?. Porque hay quienes eluden tributos aquí, como si quisieran explotar recursos locales, pero no asumir las responsabilidades impositivas que le caben.  Además, es sabido que toda ley es perfectible y, en definitiva, si hay quien no concuerda con determinada norma y pertenece al ámbito político sólo tendrá que trabajar más en este ámbito, presentarse a elecciones, ganarlas y finalmente modificar la ley.


 


En tanto eso no ocurra, respetar las normas que se vienen adoptando, muchas de ellas inclusive con la mayoría parlamentaria, será la actitud por seguir. Porque el sistema republicano no admite corporativismos. No podría, por ejemplo, el empresariado imponer un nombre o un rumbo en materia tributaria, como no podrían los abogados imponer las políticas a seguir en el Poder Judicial, o en su máxima conducción. En uno y otro caso son cuestiones de un Estado organizado bajo el sistema representativo, republicano y federal.



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