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POSADAS

Bancas: acta acuerdo del Tribunal Electoral

ACTA ACUERDO OCHOCIENTOS CUATRO: En la Ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los siete días del mes de Julio del año dos mil once, siendo las dieciocho horas, se reúnen en el Salón de Acuerdos del Honorable Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones; la Sra. Presidente Subrogante, Dra. Ramona Beatriz Velázquez; la Sra. Vocal Subrogante, Dra. Rosanna Pía Venchiarutti, en ambos casos, integrando el Tribunal por subrogación legal de las Dras. Cristina Irene Leiva y Julia Marta Alegre respectivamente, quienes se encuentran en uso de licencia; y la Dra. Celina Silveira Márquez, Vocal Titular; todos por ante mí, Dr. Daniel Osvaldo Morcillo, Secretario Actuario.

La finalidad de la celebración del presente Acta Acuerdo es el tratamiento de los puntos que componen el temario que a continuación se detallan: I) Cuestión relativa a la adjudicación de Bancas y proclamación de los candidatos a Gobernador y Vicegobernador, y Diputados Provinciales Electos: Visto, estos autos caratulados: “EXPTE. N° 26/2011 – DCTO. 128/11 – PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ CONVOCATORIA ELECCIONES 2011”; las presentaciones obrantes en autos: “EXPTE. N° 26/2011 – BIS 13/2011 – MUCKENHEIM, REINALDO S/ SOLICITUD REPRESENTACIÓN MINORÍAS”; “EXPTE. N° 81/2011 – BIS 1/2011 – DALMAU ZULEMA – FTE. PROGRESO LABORISTA S/ REPRESENTACIÓN MINORÍAS” y “EXPTE. N° 73/2011 – FRENTE DE LA ESPERANZA S/ INSCRIPCIÓN ELECCIONES 2011” y; Considerando, los resultados obtenidos oportunamente en el Escrutinio Definitivo celebrado con motivo del proceso electoral próximo pasado, los cuales fueron aprobados y notificados a la totalidad de las fuerzas políticas participantes del mismo, y que a la fecha se encuentran firme y consentidos.



Teniendo presente que corresponde en consecuencia, adjudicar los cargos provinciales correspondientes a Gobernador y Vicegobernador y Diputados Provinciales Titulares y Suplentes electos, en orden a las listas oportunamente oficializadas por éste Tribunal y a esos fines. Que, en ese orden de ideas y habida cuenta de las presentaciones efectuadas, respecto de los Diputados Provinciales electos, este Tribunal entiende que debe pasar a analizar la aplicación de la normativa legal y constitucional atinentes al caso concreto.



Así, teniendo presente la que debe ser de aplicación para la distribución de las bancas de Diputados Provinciales, a saber el art. 48, inc 5, de la Constitución Provincial y la ley XI – N° 6, que establece el sistema de representación proporcional D?Hont para la adjudicación de bancas correspondiente, y teniendo en mente que “La Constitución debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de las disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás, pues es misión del intérprete superar las antinomias frente al Texto de la Ley Fundamental, que no pueden ser entendidos sino como coherentes.” (Del voto del Dr. Carlos Fayt en el caso “Partido Justicialista de Santa Fe c/ Provincia de Santa Fe S/ Acción declaratoria, CSJN, VI-X-1994, ED, Síntesis 15-V-1995, pág 37, N° 1176).



Entendemos que, una interpretación netamente literal de la norma constitucional del art. 48, inc. 5, olvidando la situación socio política en la que la misma fue dictada, la coyuntura histórica que le servía de marco y el funcionalismo con que fue pensada e instrumentada en ese momento, esto podría llevarnos al absurdo de hacer respetar a rajatabla, un principio dógmatico y vacío de contenido, al variar las circunstancias que le servían de fundamento, desconociendo toda otra normativa constitucional vigente y aún el bloque de supremacía consagrado en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.



Ese yerro interpretativo doblegaría la voluntad soberana, violando el derecho popular a elegir a sus legítimos Representantes y sometiéndola a un despojo que no se condice con el espíritu democrático.



En efecto, el art. 48, inc.5, de la Constitución Provincial, reconoce una raíz histórica y responde a problemas prácticos de aquél momento y nunca fue discutido hasta el presente, puesto que ninguna situación fáctica así lo ameritaba.



El debate parlamentario es esclarecedor en este sentido: la norma fue pensada como solución de continuidad al sistema electoral de listas incompletas, imperante hasta el momento en que fue dictada y en el marco de un debate mayor, en torno a la elección de un sistema electoral concreto y la instrumentación del mismo.



Sin embargo, en situaciones de hecho y circunstancias excepcionales como la presente, el intérprete que la misma Constitución designa en cuanto a la materia electoral, a la sazón este Tribunal, debe razonarla en forma coherente al momento histórico político en que se la aplica. O bien, como sostiene Walter Peyrano, “los que tienen en sus manos la sagrada misión de decir el derecho, no pueden ser fugitivos de la realidad”.



Por otra parte, una norma constitucional programática y no operativa, como la de marras, está sujeta a la ley que reglamente su ejercicio, ley que debe encontrarse dentro de los parámetros de razonabilidad insinuados por la Constitución Nacional en su Artículo 28.



La ex ley 4080, hoy Ley XI – N° 6, sistemáticamente aplicada en todo o parte de cada acto eleccionario desde su sanción a la fecha, y en iguales términos consentida y pacíficamente interpretada por este Tribunal, debe entenderse en dicho sentido, como una reglamentación constitucional acorde a la voluntad del soberano. Piénsese solamente, que al convocar a elecciones se exige la presentación de una lista completa de veinte diputados titulares por cada partido.



De no poder aplicarse estrictamente el sistema D?Hont, cabría pensar que solamente se requeriría la convocatoria a elecciones de un número igual a los dos tercios, puesto que el otro tercio, obligatoriamente, sería ocupado por las minorías. Cabe destacar que estamos ante una situación excepcional, inédita e histórica en atención a los guarismos alcanzados, lo que amerita una interpretación acorde a las circunstancias fácticas que tuvieron lugar en el proceso electoral próximo pasado.



En primer lugar, destacamos que la soberanía popular responde al principio en virtud del cual, el pueblo constituye el origen de todo poder y es a través del sufragio de éste, que elige a sus representantes; siendo el mismo la única forma legítima de expresión de la voluntad política soberana. (Constitución de la Nación Argentina, Daniel A. Sabsay – Pablo L. Manili, Tomo 1, pág. 163, Ed. Hammurabi, 2009).



Lo que está en juego aquí, es el concepto de la representatividad o representación, entendiendo que la misma, implica una relación entre representante y representado. No basta querer representar, es necesario que los representados quieran ser representados. (Cfr. Partidos Políticos y representación en América Latina, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Thomas Manz – Moira Zuazo (coordinadores); Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1998).



En el caso concreto traído a examen, dicha relación se encontraría quebrantada, por cuanto el representante adquiriría ese carácter, por la sola aplicación de una norma cuyo alcance aquí se discute; pero carecería de representados que lo hayan elegido para cumplir el mandato que resulta el sustrato de su función, lo que no parece admisible a la luz del principio de Soberanía Popular.



Dicho en otras palabras, “Representación es el ejercicio, por los gobernantes, de las funciones públicas jurídicamente autorizadas según la voluntad de los ciudadanos que los han elegido mediante el sufragio universal. La teoría de la representación considera que el pueblo está ligado a sus representantes y éstos vinculados con el electorado” (Pedicone de Valls, Derecho Electoral, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2001. Págs. 77).



Dicha relación no puede desvirtuarse por imperativo de norma alguna, sin comprometer seriamente la expresión de voluntad soberana puesta de manifiesto a través del sufragio.



Puesto en otros términos, debemos entender que, la forma de gobierno democrática se caracteriza, entonces, porque la voluntad y la actividad del Estado, son generadas y ejercidas por aquellos que están sometidos a ella, en consecuencia, el pueblo, a quien se dirige el poder del Estado, es sujeto de ese poder; la voluntad del pueblo, se transforma en la voluntad del Estado.



La soberanía como resultado, reside esencial y originalmente en el pueblo. Por ello, la Democracia y sus valores, tanto principales como derivados, requieren de la legitimidad y de la legalidad. Estas últimas constituyen los límites de la democracia, los requisitos de transparencia del juego democrático.



La legitimidad refiere al fundamento de la democracia sustantiva, mientras que la legalidad, remite al ejercicio de la democracia adjetiva o procedimental. De éste modo, la legitimidad y la legalidad son imprescindibles para garantizar la participación; también, para promover el consenso, el disenso, el diálogo o la deliberación, y proteger el pluralismo y la tolerancia.



 Pero sobre todo, para sentar las bases de la igualdad, la libertad, la justicia, la estabilidad e, inclusive, para la seguridad, el compromiso y la paz. Al afirmar que el poder es del pueblo se establece una concepción sobre las fuentes y la legitimidad del poder.



En efecto, democracia significa que el poder es legítimo sólo cuando su investidura viene de abajo, sólo si, emana de la voluntad popular; es decir, si es y en cuanto libremente consentido (Cfr. Pedicone de Valls, Derecho Electoral, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2001. Págs. 50 y 51). Todo lo expuesto es así, en atención a que el ideal de una democracia representativa, es que el cuerpo legislativo sea un microcosmos del electorado donde cada grupo esté representado, tanto las mayorías como las minorías.



En el caso, la participación de las minorías debe entenderse como suficientemente garantizada a través del sistema electoral elegido oportunamente por el legislador, cual es el de representación proporcional o sistema D?Hont de adjudicación de bancas, en forma análoga a la determinada normativamente en la órbita federal Nacional. Cualquier desviación por cualquier razón, del caudal de votos o sufragios, se tornaría en una defraudación de la voluntad soberana del elector, parcial o total según sea el caso, pero siempre inadmisible.



Estas desviaciones pueden determinar incluso la virtual suspensión de los derechos políticos para todos aquellos cuyos votos resultaran desviados, lo que se encuentra expresamente prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte. Es un principio reafirmado por los estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (Artículo 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema (Corte IDH, Opinión Consultiva 6/86, 09/05/1986).



Por otra parte, los principios fundamentales de los países democráticos deben ser respetados, y en función de esto, el voto deberá ser Universal, Igual, Secreto y Libre. Al respecto y en lo atinente, el voto sólo podrá ser considerado igual, cuando todos los votantes tienen la misma participación en la formación de la voluntad electoral.



El principio “un hombre, un voto” representa esta característica. No puede verse limitado por cuota alguna reservada, sin perjuicio del derecho de la representación que debe obtener la minoría.



Aparte, es dable destacar que, en la conformación resultante a partir del diez de diciembre del corriente año, luego de proclamados los candidatos electos y adjudicadas las bancas correspondientes, la configuración total de las mismas resultaría la siguiente: continuando el mandato conferido en las elecciones del año dos mil nueve: doce bancas para el Frente Renovador de la Concordia en su integración de dicho año determinada por los partidos: Del Progreso Social, De la Concordia Social, Memoria y Movilización Social y Movimiento para un Nuevo País; dos bancas por el Frente Justicialista de la Dignidad; dos bancas por el Frente Unión Pro Dignidad; dos bancas por la Unión Cívica Radical, una por propuesta Republicana y una por Concertación Progresista. Por el mandato conferido en las elecciones del corriente año: Dieciocho bancas para el Frente Renovador de la Concordia integrado por los partidos: De la Concordia Social, Del Progreso Social, Movimiento para un Nuevo País, Frente Grande, Del Consenso, De la Participación Ciudadana, Renovador, Transversal de la Respuesta, Dignidad Federal, Pueblo Libre y Solidario, Movimiento de Integración y Desarrollo y Movimiento Renovador Popular; una banca para la Unión Cívica Radical y una para el partido Trabajo y Progreso.



En el más frágil de los escenarios y considerando que el Frente Renovador de la Concordia incluye doce partidos políticos en su conformación, la oposición como minoría, tiene su representación garantizada suficientemente.



Además, y por otra parte, debe tenerse presente que está prohibido tratar de un modo no igualitario aquellas circunstancias que son iguales; en este caso, el derecho a ser elegido y a ocupar un cargo, derecho sobre el cual, la decisión soberana del pueblo se ha expedido, se encuentra en un plano de desigualdad frente a una aplicación dogmática reflejada en una expresión “representación de minorías”, sobre todo teniendo presente el término y alcance de la discusión en torno al concepto de minorías, el que genera en la actualidad un álgido debate, pues no todo grupo reducido sin representación ni consenso, puede denominarse ni representar a una minoría, mucho menos, merecer el amparo de una disposición cuya protección no le cabe y en menoscabo de la expresión de la voluntad popular a través del sufragio.



 Cabe resaltar, a fuerza de aparecer reiterativos, que la mayor parte de las presentaciones enunciadas en los Vistos, fueron efectuadas en representación de fuerzas que obtuvieron menos caudal de sufragios que los registrados como votos en blanco, y que además no alcanzaron ni siquiera la cifra repartidora, considerada como piso legal por la normativa aplicable. Por último, este Tribunal entiende por aplicada la normativa constitucional en resguardo de las minorías, en el caso de los Diputados Provinciales.



Por todo lo expuesto, el Tribunal Electoral Resuelve: Primero: Adjudicar en un todo de acuerdo a lo expuesto, los cargos y las bancas de las autoridades provinciales electas conforme a la planilla adjunta, que como “Anexo I” forma parte de la presente e integra la misma. Segundo: Notificar personalmente o por cédula a todas las fuerzas participantes del proceso electoral próximo pasado. Tercero: Notifíquese al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, oficiándose al efecto. Cuarto: Publíquese a través del sitio web oficial y en el Boletín Oficial, oficiándose al efecto. Quinto: Regístrese. Notifíquese. II) Cuestión relativa a la adjudicación de Bancas y proclamación de los candidatos a cargos ejecutivos y colegiados Municipales: Visto, estos autos caratulados: “EXPTE. N° 26/2011 – DCTO. 128/11 – PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ CONVOCATORIA ELECCIONES 2011”; las presentaciones obrantes en autos: “EXPTE. N° 91/2011 – FRENTE UNIDOS POR LA DEMOCRACIA – MUNICIPAL – POSADAS S/ INSCRIPCION ELECCIONES 2011”, “EXPTE. N° 90/2011 – BIS 18/2011 – BIS 1 – AGÜERO FELIPE ALBERTO Y OTROS S/ REPRESENTACIÓN MINORÍAS PUERTO RICO”; “EXPTE. N° 26/2011 – BIS 13/2011 – MUCKENHEIM REINALDO S/ SOLICITUD REPRESENTACION MINORIAS” Y “EXPTE. N° 26/2011 – BIS 219/2011 – BIS 1 – MOSCHNER OTTO ALFREDO S/ REPRESENTACION MINORIAS”; y; Considerando, los resultados obtenidos oportunamente en el Escrutinio Definitivo celebrado con motivo del proceso electoral próximo pasado, los cuales fueron aprobados y notificados a la totalidad de las fuerzas políticas participantes del mismo, y que a la fecha se encuentran firme y consentidos.



Teniendo presente que corresponde en consecuencia, adjudicar los cargos municipales a las autoridades que resultaron electas. Por ello, el Tribunal Electoral Resuelve: Primero: Adjudicar en un todo de acuerdo a lo expuesto, los cargos y las bancas de las autoridades municipales electas.

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