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Buscan reivindicar derechos de magistrados y de empleados del Tribunal de Cuentas

Tomaron estado parlamentario en la sesión de este jueves dos proyectos del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, que ponen en la mira a un decreto y una ley impulsados por el gobierno del ex gobernador Ramón Puerta. Esas medidas habían significado un retroceso en garantías y derechos adquiridos en el plano salarial y jubilatorio del personal de Tribunal de Cuentas, y de funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la provincia.

El decreto cuestionado es el Nº 2563/92, con el que el Poder Ejecutivo a cargo de Puerta suspendía el que hasta ese entonces era el régimen de retribuciones del personal del Tribunal de Cuentas establecido por la Ley I – Nº 45 (Antes Decreto Ley 2012/83), y que equiparaba salarialmente a ese personal con el del Poder Judicial, representando en el tiempo un atraso remunerativo para el sector.
 
La ley, en tanto, es la 3380, con la que el gobierno del ahora diputado nacional derogaba el régimen especial establecido por el Antes Decreto Ley 598, el cual normaba el marco jubilatorio para magistrados y funcionarios, que a partir de esa medida quedaron comprendidos en el régimen ordinario de jubilaciones del empleado público perdiendo los aportes diferenciales que habían realizado hasta ese momento, y quedando fuera de los estándares vigentes en las jurisdicciones de todo el país.
 
Es en este marco que Rovira pretende, a través de dos proyectos de ley -33379/10 y 33379/10-, reestablecer el régimen original para los trabajadores del Tribunal de Cuentas, por un lado, y crear un nuevo régimen jubilatorio para los magistrados y funcionarios de la justicia que abarcaría los mismos beneficios que quedaran derogados.
 
“Corregir una iniquidad”
 
“El presente proyecto de ley se ideó y proyectó en la comprensión de la necesidad de corregir una iniquidad, y ante la exigencia de reivindicar y recuperar los derechos del personal”, señala el legislador en su iniciativa referida al Tribunal de Cuentas.
 
“En ejercicio de las facultades que le confería la ley de Emergencia Económica Ley VII – Nº 13 (Antes Ley 2723), el entonces Gobernador Ramón Puerta dicta el decreto Nº 2563/92, en uso de las facultades legislativas delegadas. En ese entonces, esa norma vino a suspender el régimen retribuciones del personal del Tribunal de Cuentas que se regía por la Ley I – Nº 45 (Antes Decreto Ley 2012/83), que equiparaba salarialmente a ese personal con el personal del Poder Judicial”, indica en ese marco.
 
“Al tratar el presupuesto para el corriente año se previó un incremento significativo, con fondos propios del Estado provincial, de la partida de personal con destino a una recomposición salarial de los recursos humanos del Tribunal de Cuentas, y atento a esta previsión, nos encontramos ante la necesidad de efectuar la adecuación normativa para satisfacer el objetivo propuesto”, agrega.
 
Como fundamento normativo, Rovira recalca en su proyecto que “el decreto Nº 2563/92 dictado por el Poder Ejecutivo, en ejercicio de facultades delegadas por la Ley VII – Nº 13 (Antes Ley 2723) de EMERGENCIA ECONÓMICA, colisiona con la Ley I – Nº 45 (Antes Decreto Ley 2012/83), que de hecho se encontraba suspendida en su vigencia desde el dictado del decreto del Poder Ejecutivo”.
 
“Es preciso aclarar que del texto original el decreto se efectúo en su redacción una referencia externa errónea a la Ley VII – Nº 13 (Antes Ley 2723), para fundamentar el dictado de ese reglamento ejecutivo. En esa oportunidad el gobernador Puerta referenció a la Ley Nº 2327 que nada tenía que ver con la materia regulada”, expone el titular de la Cámara.
 
“Independencia”
 
En los fundamentos del segundo proyecto, que cuenta con el acompañamiento de la totalidad de los integrantes del Bloque Renovador, Rovira sostiene que “la problemática del régimen jubilatorio de los magistrados del Poder Judicial presenta características especiales, derivadas de las garantías establecidas en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, con la finalidad de asegurar su independencia durante el ejercicio de sus delicadas funciones”.
 
“En ese orden, debe recordarse que además de la inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta, los artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional y su correlato en el artículo 140 de la Constitución de la Provincia de Misiones, establecen la intangibilidad de la remuneración de los jueces e integrantes del Ministerio Público, garantía de independencia del Poder Judicial y requisito indispensable del régimen republicano, cuya preservación resulta obligatoria para la provincia en virtud de lo dispuesto por el artículo 5o de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 311:460,)”.
 
El diputado recordó que “la ley 598 – régimen de jubilación para magistrados y funcionarios – para la concesión del beneficio jubilatorio unificaba la edad de hombres y mujeres en 62 años, exigía treinta años de aportes y establecía el haber jubilatorio en 82% móvil de la remuneración correspondiente, a igual cargo del funcionario o magistrado en actividad. Para solventar este régimen diferenciado, establecía el aporte personal al Fondo Provisional en dos puntos porcentuales (2%) más que los aportes personales establecidos para el régimen de empleados públicos de la provincia”.
 
Rovira agrega que “la ley 3380 derogó el régimen especial del Decreto Ley 598, por lo que magistrados y funcionarios quedaron a partir de entonces comprendidos en el régimen de empleados públicos, estableciéndose la edad jubilatoria en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y en 70% el haber jubilatorio, tomándose en cuenta el promedio de los últimos 10 años. No obstante, la ley 3384, sancionada en la misma fecha que la ley 3380, mantuvo la diferencia de dos puntos porcentuales más de aportes personales para los magistrados y funcionarios por encima del fijado para el régimen de empleados en el que quedaron comprendidos. Además de ello, no se estableció ninguna compensación por los años de aportes diferenciales que habían hecho hasta entonces los magistrados y funcionarios a su régimen”.
 
“En la actualidad y desde que se dictaron diferentes leyes de emergencia, los empleados públicos aportan el 19% y los magistrados el 21% al Fondo Previsional, pese a haber desaparecido el régimen especial que era la causa del aporte diferencial, afectándose así la garantía de igualdad de trato ante iguales circunstancias, lesión que exige una urgente reparación”, recalca.
 
“Jerarquía e importancia”
 
En la misma línea Rovira asegura que “la aplicación de este último régimen, sumado a que la remuneración total asignada a los jueces se integra con rubros no remuneratorios ni bonificables, sobre los que no se realizan aportes ni contribuciones y por ende no se computan para el cálculo del haber de retiro, desincentivó la decisión de los magistrados – quienes gozan de inamovilidad en sus cargos- a acogerse a la jubilación al llegar a las respectivas edades, ante la perspectiva de una reducción irrazonable en sus ingresos, no acorde con la jerarquía e importancia de la función que ejercen”.
 
“Ello produce como consecuencia un envejecimiento de todo el segmento de la magistratura judicial y un impedimento a su renovación generacional, comprometiendo así, hacia el futuro, el eficaz cumplimiento de los fines de ese Poder del Estado”, aclara.
 
De ser sancionad el proyecto de Ley, el haber de retiro de los magistrados judiciales se establecería en el 85% de la remuneración total correspondiente al cargo en actividad, comprendido todos los adicionales por cualquier concepto, incluyendo los no remuneratorios y los no bonificables.
 
Se prevé también su actualización, pues dicho haber acompañará proporcionalmente la valorización de la remuneración asignada al cargo que ejercía el magistrado jubilado, con igual antigüedad a la del juez en retiro.
 
Entre los principales puntos, el Instituto de Previsión Social de Misiones sería la caja otorgante, y los magistrados y funcionarios tendrán derecho a la jubilación ordinaria con sesenta y dos años de edad, y treinta de servicios computables en cualquier sistema de reciprocidad jubilatoria, como mínimo quince años de aportes al IPS



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




 

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