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POSADAS

Caggiano Tedesco autorizaba los ascensos y nombramientos en la Unam

Así lo reveló el por entonces rector de la casa de estudios, Carlos Alberto Roko, quien debía elevar al jefe del Area Militar 232 la nómina de docentes y empleados que iban a ser designados o nombrados para un análisis ideológico por parte del coronel Carlos Humberto Caggiano Tedesco.



El hombre que dirigió la Universidad Nacional de Misiones entre febrero de 1978 y noviembre de 1983, el doctor en ciencias económicas Carlos Alberto Roko (75) afirmó que cualquier nombramiento o ascenso en las distintas facultades debía superar un filtro ideológico que estaba a cargo del jefe del Area Militar 232, el coronel Carlos Humberto Caggiano Tedesco, quien está siendo juzgado en Posadas por el secuestro, las torturas y la muerte del ingeniero Alfredo González.


 


Roko, que intentó mostrarse como un hombre cercano a González, dijo que fue éste quien le pidió que fuera el rector de la Universidad y que su candidatura fue aprobada por la dictadura militar “porque no militaba en ningún partido y venía de trabajar doce años como director general de Rentas”.


 


Roko, que durante casi toda su declaración estuvo a la defensiva, dijo que “cuando se produjo la desaparición de González hice gestiones ante el ministro de Educación de la Nación, ante el gobernador Poletti y otras autoridades, pero nadie supo darme ningún dato”. El ex rector dijo que “mi intención era que lo blanquearan”, es decir que se supiera en qué lugar estaba preso.


 


Aunque aseguró hasta el cansancio que “nunca perseguí a nadie ni eché a nadie de la Universidad”, tuvo que admitir que “se pedían informes ideológicos al jefe del Area 232. Le enviábamos el nombre de la persona y el DNI y ellos aprobaban no rechazaban la designación o el ascenso. Esto incluso lo hice con la persona que llevé a la Universidad como mi secretario privado porque así lo requerían las autoridades”, indicó.


 


Lo curioso es que todas las copias de los pedidos de informes remitidos al Area Militar tienen el sello pero no la firma de Roko. En ese sentido, el camarista Carlos Adolfo Sodá indicó que “muchas veces se firma el original y la copia que va a archivo queda sólo con el sello”.


 


Los pedidos de informes ideológicos a Caggiano Tedesco eran permanentes y las contestaciones demoraban entre una y dos semanas y llevaban la firma del por entonces coronel.


 


Roko, que buscó destacar su actuación al frente de la Unam, indicó que sus contactos con Caggiano Tedesco eran esporádicos y que durante su gestión se negó a echar a docentes que fueron considerados “subversivos” por el Gobierno militar.


 


A pedido de la abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a las 17.00, debía declarar el ex cabo del Ejército José Antonio Zabala, quien reside en Oberá y trabajó en la fuerza durante la última dictadura.


Pero la audiencia fue suspendida por indisposición del imputado, pasando para este viernes.


 


Durante la audiencia de hoy también se leyó la indagatoria del temido teniente coronel Francisco Javier Molina (falleció), quien se desempeñó como jefe de la Policía de Misiones entre 1976 y 1979. El militar reivindicó en esa declaración la tortura y lo que denominó “la guerra contra el terrorismo” que fue ordenada “por el gobierno de Isabel Perón.


 


En la extensa audiencia de hoy –comenzó a las 8.30 y finalizó a las 14.40- también se escucharon otros testimonios. El docente Héctor Luís Montejano nada pudo aportar sobre el secuestro y las torturas que sufrió el ingeniero Alfredo González, aunque reconoció haber estado en la Casita de Mártires y que allí habitualmente se imponían tormentos a los detenidos por el régimen militar.


 


Por su parte, Fabiano Gómez Da Silva, un hombre de 81 años que tiene una gran disminución de la vista, contó que fue secuestrado en su casa en la noche del 20 de marzo de 1978 y vio en el mencionado centro clandestino de detención al ingeniero Alfredo González cuando le sacaron la venda de los ojos para que se higienizara junto a otros presos.


 


En esta causa judicial declaró por primera vez Dalmacio Ramírez, un tambero que ahora tiene 81 años y desde la década del 50 estuvo afincado en la zona de la Colonia Aeroparque, donde tenía un tambo. El hombre relató que su vivienda estaba a unos 200 metros del destacamento policial que durante la dictadura pasó a denominarse la Casita de Mártires y que era común escuchar gritos y pedidos de auxilio y ruidos de automóviles en todo horario. Ramírez indicó que en la década del ’80 “poco antes que llegara una comisión de Derechos Humanos, apareció en el destacamento un camión GMC muy viejo con un grupo de personas que derribó el edificio por una supuesta orden de sus superiores, aunque no puedo precisar a qué fuerza pertenecían”.


 


Por su parte, su hijo Ricardo, que ahora tiene 43 años, presenció algunas de las torturas que se practicaban en ese viejo destacamento policial. Sostuvo que “era habitual la entrada de Ford Falcon y Renault 12” al  lugar y que en varias oportunidades “cuando iba al potrero a buscar las vacas veía a personas semidesnudas que eran llevadas a una vertiente para bañarse. Estas personas iban esposadas y con los ojos vendados”, explicó.


 


Ramírez, que por entonces tenía trece años, dijo que al menos en dos oportunidades “me pidieron el arreador para golpear a las personas que estaban esposadas, una de ellas casi colgada de un árbol”.


 


El testigo agregó que en el hall del destacamento vio a personas con las manos y los pies esposados y a otra sumergida en un tambor con agua helada. “Ví algunas personas que presentaban marcas de golpes”, relató.

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