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Caso Pauluk: una mala investigación, difícil de revertir

Todos los investigadores policiales y judiciales admiten que el paso del tiempo atenta contra el esclarecimiento de cualquier tipo de delito. Y el homicidio del ingeniero Javier Pauluk no es la excepción. A 21 meses del asesinato, la aparición de un testigo despertó expectativas que se fueron diluyendo con el paso de los días. Ni la familia de la víctima cree en la nueva hipótesis que maneja la Policía. El Semanario /6p publica algunos de los posibles errores de la investigación.

Una mala investigación policial-judicial y otros hechos externos pusieron el homicidio del ingeniero informático Javier Pauluk al borde de la impunidad. A 21 meses del brutal crimen, la Policía intenta reflotar la causa con la aparición de un testigo que en su declaración ante la Justicia dejó más dudas que certezas.



 



Pauluk fue asesinado de cuatro balazos en la madrugada del 10 de abril de 2009 cuando estaba sentado en la butaca delantera derecha del Volkswagen Gol Country de su hermana. El coche, con el cadáver en su interior, fue abandonado en la calle Catamarca casi Buenos Aires, en pleno microcentro de la ciudad, y recién fue hallado en horas de la tarde, luego que Miriam Pauluk denunciara la desaparición de su hermano con el vehículo.



 



La investigación fue encabezada por el juez de Instrucción Horacio Enrique Gallardo y la secretaria penal Mónica González, quienes un año después terminarían procesados en la causa de las escuchas ilegales que también puso en jaque al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.



 



El primer gran error de los investigadores policiales y del propio juez fue trabajar sobre una sola hipótesis: un crimen con motivación pasional. Unas semanas después se detuvo por el hecho a un joven oriundo de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, quien demostró que el día del homicidio se hallaba en Buenos Aires. La Justicia terminó dejándolo en libertad tres semanas después casi con un pedido de disculpas por el papelón.



 



Posteriormente apareció en escena el “chip loco”, denominación que reciben los chip de telefonía celular que se compran sin ningún control en cualquier local y se habilitan telefónicamente. Los investigadores establecieron que un celular con característica de Formosa se había contactado con la víctima en dos oportunidades: a las 0.35 y 2.10, horas antes del homicidio.



 



Cuando los investigadores quisieron saber a quién pertenecía la línea, establecieron que estaba a nombre del distribuidor de los chips; pero al realizar un cruce de las llamadas entrantes y salientes se estableció que también tuvo contacto con el celular de un policía de la Dirección Tránsito. Al declarar, este agente dijo que efectivamente había enviado mensajes y hecho llamadas a ese número y que el mismo pertenecía al oficial Rolando Neris. Desde el día del crimen, ese número no volvió a ser utilizado. 



 



El oficial Neris fue detenido en julio de 2009 y se abstuvo de declarar. Su defensor buscó demostrar que esa noche el uniformado estuvo en un operativo de seguridad que se realizó en San Ignacio por un espectáculo en las ruinas jesuíticas. En septiembre de ese año, el juez de Instrucción José Luis Rey decidió beneficiar con la falta de mérito a Neris y lo puso en libertad.



El mismo juez encabezó una serie de allanamientos en Itaembé Miní a mediados de septiembre de 2009 y ordenó la detención de los hermanos Alejandro Javier Aquino, de 33 años, y Gustavo Aquino, de 29, pero con el correr de los días los hombres también terminaron en libertad por falta de pruebas. Con respecto a ellos se manejó la hipótesis de un homicidio por deudas.



 




Escuchas



 



El golpe de gracia a la investigación lo terminó dando a fines de septiembre de 2009 el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga una serie de escuchas ilegales que se realizaban en Buenos Aires bajo el paraguas legal de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Posadas, por entonces a cargo de Horacio Gallardo y José Luis Rey.



 



El escándalo llevó primero a Rey y luego al Superior Tribunal de Justicia a suspender todas las escuchas telefónicas que se habían ordenado desde los juzgados, sin importar la pertinencia de las mismas. En el marco de la investigación del crimen de Pauluk, se habían intervenido varias líneas telefónicas en busca de datos que permitieran acorralar a los asesinos, pero todo quedó sin efecto desde entonces.



 



Como si fuera poco, los dos principales investigadores, el comisario inspector Jorge Alberto Rojas y el oficial Diego Gastón Guarda terminaron detenidos y procesados por las escuchas ilegales. La Jefatura de Policía los pasó a disponibilidad y ya nadie retomó la investigación pese a que otras personas se hicieron cardo de la División Homicidios.



 



Los familiares de la familia admitieron que Guarda era quien mejor manejaba la información sobre los cruces telefónicos y en él tenían colocadas todas sus esperanzas de llegar a los homicidas. Miriam Pauluk señaló en su momento que “cada vez que iba a Investigaciones lo veía a Guarda, cualquiera sea la hora. Él me mantenía al tanto de todos los avances”, contó la mujer.



 



En 2010 la causa estuvo paralizada y sin grandes avances hasta que apareció el vendedor de pescados Juan José Ledesma, quien aseguró haber visto en la madrugada del 10 de abril de 2009 a “Ketón” Miranda guardar un par de guantes y un revólver en la mismísima escena del crimen. Pero ese es otro capítulo de una sangrienta historia que 21 meses después parece condenada a la impunidad. (www.seispagina.com o Semanario Seis Paginas edición Nº 58 versión papel)



 



 



 




 

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