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Caso Warenycia: recurren a la Corte Suprema para evitar que Belén Michalec sea juzgada por “homicidio simple”

Roxana Tamara Ramírez Moll, abogada de Angélica María Belén Michalec, confirmó en declaraciones a C6Digital que al Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 a cargo de César Yaya ingresó temprano en la mañana del viernes un escrito en el cual se solicita suspender la audiencia prevista para esa fecha. “Ese día también entró el otro escrito de la queja en la Corte Suprema de Justicia y básicamente lo que se explicaba para pedir la suspensión de la audiencia y motivaba la nota a la CSJ es que todavía sigue pendiente la resolución si procede esta audiencia o no”, observó. En este sentido, sostuvo que por ese motivo no se presentó con su clienta a la sede judicial ubicada sobre la calle Santa Fe, entre Buenos Aires y Rivadavia, de Posadas.

La letrada expresó, además, que el recurso está pendiente y esa fue la causa de la ausencia de Michalec. “No es que no fue y no se aclaró nada ni no se manifestó nada -apunto-, sino que entró todo el escrito correspondiente explicando eso, demostrando que los plazos estaban vigentes y haciendo valer la presentación que nosotros habíamos hecho”, puntualizó.

Según Ramírez Moll, este recurso de queja está en el Código de Procedimiento como un recurso más, no se aclara que sea una excepción y que no suspenda, “entonces, para nosotros se interpreta que suspende como cualquier otro recurso”. “El tema a tratar era si la Audiencia procedía o no, entonces nosotros no podemos ir y consentir algo que a la vez estamos atacando. Sería una cuestión ilógica”, insistió la abogada.

Caso Warenycia: sospechoso espera resolución judicial paseando por Cancún

Para la defensa legal de Michalec, las presentaciones se hicieron en distintos ámbitos judiciales. “En la Corte Suprema, en el Superior Tribunal de Justicia, en el Tribunal inferior donde se iba a llevar a cabo la audiencia también. Entonces, no es en ningún momento (que no se presentara) que sea por malicia, porque ella se haya escapado sino por esta cuestión en particular, que para nosotros no está firme la resolución y todavía no procede a hacer la audiencia. No hay ningún fundamento para que la detengan”, enfatizó Ramírez Moll.

Señaló que es la primera vez que tiene conocimiento que haya ocurrido un pedido de la querella. “Para nosotros las facultades solo las tiene el fiscal. Es una situación que tiene que establecerse la solución y cuál es la interpretación. Si está bien hacerlo o no. Para nosotros, (el pedido de la querella) no tiene facultades y sentaría una jurisprudencia imporante. Tenemos entendido que no ha ocurrido antes”, aseveró.

La profesional del Derecho interpuso un recurso de Queja por denegación del Recurso Extraordinario contra la resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Resolución Nº 141/STJ de fecha 16 de abril de 2018.

Solicitó que se haga lugar a la queja previo exigir al Tribunal la remisión de las actuaciones “y declarándola procedente se decida que el STJM debe conceder el REF y elevar los autos a dicha Corte Suprema a sus efectos, resolviendo sobre su procedencia con arreglo a la doctrina del fallo que dicte esa Excelentísima Corte Suprema Federal”.

El día 22 de noviembre de 2015 Michalec fue parte en un accidente de tránsito en el cual perdió la vida la artista plástica y docente del Instituto Antonio Ruiz de Montoya, Teresa Warenycia, rodando ambos vehículos en el acceso a la Ciudad de Posadas desde el Parque del Conocimiento que se encuentra en la Ruta Nacional nº 12..

La joven continúa en libertad

Durante las actuaciones en trámite se incorporó una querellante la cual pidió al Juez Instructor amplíe indagatoria a tenor de lo que ésta querellante calificó legalmente en forma de acusación.

El Juez Instructor hizo lugar y decretó dicha ampliación indagatoria en los términos de calificación legal dichos por la querellante. Ante ello la abogada Ramírez Moll interpuso la nulidad de orden general.

Fragmentos de la presentación de Ramírez Moll a la Corte

Mi defendida fue imputada por el Sr. Juez de Instrucción bajo el artículo 84 del C. Penal Argentino, transita el proceso en libertad y durante en trámite se incorporó una querellante la cual pidió al Juez Instructor amplíe indagatoria a tenor de lo que ésta querellante calificó legalmente en forma de acusación (art. 79 y 80 inc. 5 del CPA). A fs. 301 el Juez Instructor hizo lugar y decretó dicha ampliación indagatoria en los términos de calificación legal dichos por la querellante.

Ante ello interpuse la nulidad de orden general, por los siguientes motivos: a.- el querellante no es titular de la acción penal; b.- el querellante no puede calificar los hechos a lo sumo mantenerse la aplicada por el Juez y menos en parte más gravosa hacia la imputada; c.- el art. 81 del CPPM no le confiere tal potencia jurídica en el proceso, esta se difiere hacia la oportunidad prevista en los artículos 358, 359 y 361 CPP donde recién podrá calificar el hecho atribuido y ello al momento del requerimiento de elevación a juicio; d.- indagarla bajo dicha calificación legal más gravosa, por el simple capricho de la querellante implicaría el revertir la libertad ambulatoria por el tipo penal en cuestión de alta gravedad y esto va contra el principio de legalidad, defensa en juicio, y debido proceso legal, el perjuicio es cierto desde que se viola el principio de legalidad al otorgarle indebidamente a la querellante se la indague bajo “su” calificación legal más gravosa a la adoptada por el Juez, no siendo su oportunidad para acusar y calificar el hecho sino ante el requerimiento de elevación a juicio, y simplemente es parte para solicitar medidas nada más.

Esto V.E. se consideró de gravedad institucional, por el principio de indisponibilidad hacia la querella de la acción penal que es del fiscal, y por una impropia e indebida delegación de facultades judiciales a la querellante con serio desmedro hacia los derechos y garantías de mi defendida. Se denegó la misma con un absurdo argumento, que aún no había sido llevado a cabo el acto, pese a haber dispuesto a fs. 301 el Juez Instructor, ampliación indagatoria a tenor de lo solicitado por la querellante, esto es, bajo la calificación legal que la misma pidió contra la que dispuso desde el inicio el Juez Instructor del art. 84 y 91 del CPA.

Se recurrió a la Alzada que mantuvo dicho criterio en forma arbitraria, el acto no se llevó a cabo, ergo: pensó, no hay perjuicio; fui al STJM a los fines casatorios dado la manifiesta gravedad institucional que esto contiene “intra vires” en el proceso afectatorio de derechos y garantías constitucionales, y a los fines que se expida sobre el rol de la querella en los autos, la oportunidad que tiene para acusar y formular calificación jurídica, y la gravedad institucional que coexiste en ello; al par que se violentan derechos y garantías constitucionales del art. 1º, 3, 19, 65, 81 en tanto “puede” actuar en el proceso no se contempla en el ordinal intimación para que haga efectivo ese poder; 81,128, 298, 299, 302, 358, 359 y 361 de la Ley XIV Nº 13; Art. 8.1. CADH y 14.1 del PIDCyP -75 inc. 22 CN – Artículo 18 CN Debido proceso legal y defensa en Juicio, Principio de Legalidad Art. 17, 18, 19, 31, 33 y 75 inc. 22 CN. Art. 14 y 15 de la Ley 48 (inc. 1º en función con el 2º).

La Corte de Misiones denegó la Casación siguiendo el criterio de la Cámara recurrida y confirmó la resolución que me causa agravio, interpuse queja por Casación denegada la cual siguió la misma suerte adversa; y luego el REF para que lo conceda ante V.E., este REF se fundó en la arbitrariedad del STJM al rechazar la casación, y dado que se ha planteado oportunamente en el caso, con serios fundamentos, la existencia de un supuesto de gravedad e interés institucional evidente y manifiesto, circunstancia que permite flexibilizar las exigencias formales previstas para el acceso a esa instancia final y excepcional (CSJN Fallos 248:189; 311:1762; 319:371; 324:533 y 1225) y que produce una afectación al derecho al debido proceso legal, la seguridad jurídica, la razonabilidad, la defensa en juicio, y al rol del Juez en el proceso y de la querella (art. 8.1 CADH y 14.1 PIDCyP art. 75 inc 22) y que debió haber entendido en Casación por la Corte del Estado de Misiones y hacer lugar a la queja por casación denegada dado que como se señaló, estamos ante un supuesto de gravedad institucional, afectación a la garantía de defensa en juicio y debido proceso y asimismo violatoria de la Constitución de Misiones art. 1º, 4º, y art. 21 “La acción penal en los delitos de acción pública pertenece exclusivamente al Estado.

Es indisponible y su promoción y ejercicio no pueden ser compartidos. La ley procesal, en consecuencia, instituirá al ministerio público como único promotor y ejecutor de la acción pública” la reforma solo incorporó al querellante particular como querellante conjunto en las causas de índole penal o criminal. Se configura un asunto federal por arbitrariedad y por lo dispuesto por el art. 14 inc. 2 en función con el inciso 1 de la Ley 48 a otorgar preeminencia a una norma local por sobre el principio de supremacía de la Constitución Federal y la misma resulta arbitraria y provoca gravedad institucional al ampliar indebidamente el rol de la parte querellante en un proceso penal, siendo ello traslativo a todo proceso penal en que intervenga un querellante, es decir, existe con este fallo gravedad institucional al afectar a la comunidad toda no simplemente a este asunto.

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