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Código Civil: Misiones reclama a la Nación el respeto de la autonomía provincial

En un proyecto de comunicación presentado al Senado, la legisladora misionera Sandra Giménez hizo suyo el reclamo de la Cámara de Representantes y de su presidente Carlos Rovira para que en la reforma del Código Civil y Comercial, actualmente en proceso, se respeten las atribuciones provinciales no delegadas. Se ofrece el legislador misionero a pormenorizarlas en razón de su petición. Concretamente se hace referencia a la prescripción. Mientras en la Nación los tributos prescriben a los 5 años, en la Provincia lo hacen a los 10 años. Y Misiones ha establecido su propia política fiscal.

El proyecto de comunicación presentado por la senadora Giménez, es el que a continuación se detalla:
Proyecto de Comunicación:

El Senado de la Nación,…

Comunica que la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, representada por su Presidente, el Ing. Carlos Eduardo Rovira y Presidente del Frente Renovador de la Concordia, ha solicitado, por ante mí Representación, en el Senado de la Nación Argentina, que se transmita la preocupación y, al mismo tiempo, se convoque su urgente intervención como Representante del Pueblo Misionero y de la Provincia de Misiones, en el tratamiento del proyecto de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de que se excluya expresamente del mismo la aplicación a la relaciones jurídicas nacidas al amparo del Derecho Público Provincial, al igual que a las Disposiciones Procesales que son materia exclusivamente provinciales y deben regirse por las leyes, reglas y normas provinciales.
A dichos fines, y como solución legislativa, en el Libro Sexto de las Disposiciones Comunes a los Derechos Personales, Título I de la Prescripción y Caducidad, Capítulo I a las Disposiciones Comunes a la prescripción y caducidad, Sección Primera y Normas Generales, se solicita readecuar el Artículo Nº 2532 del proyecto, e incorporar otro Artículo consecutivo numéricamente, a fin de garantizar las Autonomías Provinciales amparadas por la Constitución Nacional, efectuando a tal fin la redacción que se transcribe a continuación:

“ARTICULO 2532.- Ámbito de aplicación. En ausencia de disposición específica, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las obligaciones nacidas al amparo de normas de derecho público local se rigen las disposiciones especiales contenidas en las mismas y a falta de estas son aplicables las normas de este capítulo.”

“ARTÍCULO2533.- Las disposiciones que reglan cuestiones procesales en el presente código serán aplicables ante la ausencia de regulación procesal específica”.


Comuníquese en forma urgente, solicitando preferencia de tratamiento del presente proyecto y su giro a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, según el Decreto Presidencial Nº 191 del 2011, de la Sra. Presidenta Dra. Fernández de Kirchner.



FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Se adjunta al presente Proyecto de Comunicación, la nota dirigida por el Ing. Carlos Eduardo Rovira como Presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones y Presidente del Frente Renovador de la Concordia de la Provincia de Misiones, a mi persona como continuidad de nuestro proyecto político nacional y provincial, en el senado argentino, a los efectos de manifestar en forma conjunta, porque hago mía, la preocupación en lo que significa la participación de los genuinos representantes de nuestras provincias remarcando en forma prudente la vital importancia que reviste el instituto de la prescripción del ordenamiento jurídico de cualquier estado, dado que regula, ni más ni menos, el plazo dentro del cual el acreedor de una deuda se encuentra protegido por el instituto procesal de la acción concebida, siguiendo al Dr. Lino Palacio, como un supuesto de la actividad procesal que consiste en el poder de hacer valer una pretensión,
es decir, que la prescripción es el instituto que regula el lapso de tiempo dentro del cual el acreedor puede acudir al auxilio del proceso del cobro de su crédito. Resulta pues, lógico, que siendo un instituto de carácter netamente procesal y siendo su regulación, por ende, una de las facultades no delegadas por las provincias al estado nacional, gran cantidad de estados provinciales hayan previsto el instituto de la prescripción en sus ordenamientos locales adaptándolo a las partes de cada provincia, de sus sistema procesal provincial y demás cuestiones de carácter interno que, claro está, jamás pueden ser reglamentadas por el Estado Nacional, ajeno por completo a estas circunstancias. En este sentido, claramente se pronuncia nuestra constitución provincial en su artículo 101 al establecer que “corresponde a la cámara de representantes (…)2- establecer impuestos y contribuciones necesarias para atender los gastos de servicios de la
administración, seguridad y bienestar general de la Provincia (…) 19-dictar códigos de procedimientos”; esta disposición de nuestra carta magna provincial se dictó con total concordancia con el artículo 5 de nuestra constitución Nacional que pone en cabeza del estado provincial la obligación de asegurar su administración de justicia, tarea que no puede ser llevada a cabo sin darse para sí una legislación procesal que no se adapte a las situación específica en las que se desarrolla la administración de justicia de nuestra provincia.


Las Autonomías Provinciales, o facultades no delegadas al Gobierno Nacional son pilares fundamentales del principio de Federalismo, adoptado por nuestro País en el artículo Nº 1 de la Constitución Nacional. Este derecho irrevocable que poseen los Estados Provinciales, se encuentra especialmente protegido por el Artículo Nº 121 de nuestra Constitución Nacional, que expresamente establece que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal…”; por lo que, resulta indiscutible el interés que tenían los constituyentes de 1853 en proteger las mencionadas prerrogativas y de mantenerlas en cabeza de los Estados Provinciales, interés que se mantuvo indemne durante las sucesivas modificaciones que sufrió nuestra Carta Magna Nacional, así es a nuestro entender.
Resaltando obviamente que la conducción de dicha comisión, se caracteriza por la excelencia intelectual, el conocimiento y la responsabilidad, para tan grande empresa jurídica encomendada, y porque creemos en la pluralidad de ideas y el Federalismo, tratamos de expresarlo “Con hechos, no con Palabras”

Por lo tanto, solicito el preferente despacho de tratamiento del presente proyecto y el voto afirmativo de mis pares, porque implica la responsabilidad compartida de acercar las Decisiones Institucionales y Políticas Legitimadas a la Comisión de Referencia, que va a producir la primera modificación general después de 143 años de pronunciada.

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