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Comienzan a estudiar cambios en la Justicia Penal

Se busca agilidad en las causas. El Superior Tribunal de Justicia tendría previsto convocar a jueces y fiscales para comenzar a estudiar una reforma del sistema penal que rige en la provincia y se encuentra totalmente colapsado. La intención sería pasar al sistema acusatorio, como ya lo hicieron casi todas las provincias. El sistema penal de Misiones se encuentra en terapia intensiva desde hace años por la falta de inversión y también porque desde su última reforma, a principios de los ’90, no acompañó el crecimiento poblacional y por ende del delito.


Ahora, con el fuero totalmente colapsado, lo que imposibilita ofrecer respuestas con la premura que la sociedad exige, el Superior Tribunal de Justicia convocaría a jueces y fiscales para analizar una reforma que permita devolverle capacidad de reacción al sistema penal.



 



Fuentes judiciales adelantaron que habría un principio de acuerdo entre el Superior Tribunal, la Legislatura y el Gobierno para que Misiones dé el gran salto: pasar del actual sistema inquisitivo -los Juzgados de Instrucción- al sistema acusatorio, que ya rige en la mayoría de las provincias. Esto implica transferir la responsabilidad de la investigación exclusivamente a los fiscales, mientras que los jueces sólo se encargarán de evaluar las pruebas presentadas por las partes y resolver si corresponde el procesamiento o no del imputado. Es decir que los jueces de Instrucción pasarían a ser jueces de Garantías.



 



La posible reforma recién comenzó a charlarse informalmente y los jueces y camaristas aguardan una invitación formal para sumarse al debate. Su visión es fundamental, ya que conocen mejor que nadie los problemas y limitaciones que adolece el actual sistema.



 



Hasta principio de los ’90, la Justicia de Misiones contaba con un sistema totalmente escrito. En esa oportunidad se realizó una reforma que lo convirtió en mixto: la etapa de instrucción siguió siendo escrita y con un juez que juntaba la prueba junto con el fiscal; y una segunda etapa oral, para el dictado de la sentencia.



 



Desde entonces se ha incrementado la cantidad de Juzgados de Instrucción, pero la provincia continúa con cuatro Tribunales Penales que cumplen una triple función: actúan como cámaras de apelaciones, dictan sentencias y se encargan de hacer un seguimiento de los reclusos mientras éstos permanecen cumpliendo la pena.



 



La realidad es que esos cuatro tribunales pueden dictar un promedio de 400 sentencias por año pese a que se elevan a juicio más de mil expedientes por año. Ante semejante desborde, los Tribunales Penales optaron por fijar fecha de debate para aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad porque están acusadas de haber cometidos delitos graves: robos calificados, homicidios o abusos sexuales. Los casos de menor importancia, como robos, hurtos, daños, lesiones graves y otros van quedando relegados y terminan prescribiendo.



 



En la actualidad son pocos los casos en que los imputados aceptan sentarse en el banquillo de los acusados. Desde la Justicia dicen que optan por los juicios abreviados porque allí pueden negociar con la Fiscalía una pena aunque sea levemente inferior a la que podría aplicarle un Tribunal en el debate oral.



 



“Los casos que llegan a juicio con la persona detenida generalmente tienen un buen caudal de prueba, lo cual hace que los acusados terminen aceptando el juicio abreviado”, explicó un camarista posadeño.



 



Los jueces consideran que además de modificarse el sistema, debería crearse una Cámara de Casación Penal para analizar las apelaciones que se presentan luego de los juicios orales, ya que en el Superior Tribunal de Justicia , agregan, no hay ministros con formación penal y además, también allí existen miles de expediente que esperan un fallo.



 

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