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Congreso: Comienza el debate para regular las protestas sociales

Sin dudas es uno de los temas más polémicos. El proyecto sobre el “Régimen de consolidación del derecho a la petición social y la convivencia ciudadana en las manifestaciones públicas”, así figura en la agenda de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Diana Conti del FpV-Buenos Aires. La Renovación misionera no integra dicha comisión, pero tendrán la oportunidad de opinar cuando la iniciativa llegue al recinto para su votación.

Existen varias iniciativas sobre las protestas y se comenzará a debatir este martes a las 14 horas en el anexo de la Cámara baja. Además de la iniciativa de la oficialista Conti, también se debatirán las propuestas de Giutozzi del frente Renovador de Massa y de Sturzzeneger del PRO de Macri. “La reglamentación de las protestas sociales para la mejor convivencia no es un tema nuevo aunque ha tomado mayor debate mediático últimamente” dice Diana Conti.

“El Proyecto, precisamente, asume la tensión entre estas posiciones y propone mecanismos institucionales que procuren armonizar posiciones, pacificar y reducir la violencia. Consideramos que el Estado debe preferir en tanto sea posible, la utilización de todos sus elementos de gestión, de prevención, de disuasión, atención y solución de conflictos, antes de recurrir a la represión y al castigo penal.” Fundamenta la Diputada bonaerense Conti en su proyecto Mediación Obligatoria Frente a las Protestas Sociales.

El proyecto de Conti pide la creación de “la Comisión de Mediación y el procedimiento que se propone procuran prevenir la violencia (estatal o de los grupos u organizaciones que protestan), gestionando con criterio democrático los conflictos sociales.”

Se busca amortiguar las afectaciones a derechos de terceros en las protestas evitando la reacción represiva, pero también obligando a flexibilizar las acciones de las personas que protestan para reducir aquellos perjuicios. Se excluyen los casos en que los grupos ejerzan violencia sobre las personas, pues en tales supuestos el Estado debe garantizar la vida y la integridad personal, lo que justifica que reaccione con premura y eficacia.

El mecanismo proyectado se vincula con aquellos conflictos cuya solución depende de las autoridades nacionales, pero busca proyectarse a otras jurisdicciones mediante la posibilidad de adhesión de los Gobiernos Provinciales al sistema..

“Como se verá, ponemos en discusión si la autoridad de aplicación corresponde al Ministerio de Seguridad o al de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, llenamos de mayor contenido la etapa de mediación; por fin, intentamos que el debate sea dado y una normativa democrática emane de este Congreso Nacional como protocolo marco y como elemento promotor de reflexiones a la ciudadanía argentina, sea ésta la que protesta o la que no participa de la manifestación” fundamenta la legisladora Diana Conti.
G
erardo Strejevich

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