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Congreso: El oficialismo en Diputados no pudo aprobar la Ley de régimen de participación Público Privada

Encabezado por el Frente para la Victoria, los diputados nacionales de la oposición lograr demorar un proyecto de ley que pidió el Gobierno de Mauricio Macri que establece un régimen de participación pública privada para atraer inversiones y atraer obras de infraestructuras. Los Diputados misioneros del Frente de la Concordia Social, Jorge Franco y Silvia Risko votaron junto con el FpV y el proyecto volvió a comisión.

107 diputados se manifestaron a favor del pase del proyecto a comisiones, mientras que 105 lo hicieron en contra. El bloque kirchnerista estalló de alegría, mientras Monzó, incómodo, no lograba disimular su perplejidad.

El proyecto era fogoneado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y refuerza un decreto del expresidente Néstor Kirchner, el 967 de 2005, en materia de asociación público-privada.

El texto aprobado en el Senado establece que los contratos de PPP “son con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

A pesar de que el texto original ya había recibido numerosas modificaciones en la Cámara alta, parte de la oposición en Diputados no estaba conforme: advertía que se continúa privilegiando al sector privado, y que además nuestro país cede soberanía.

De todos modos, Cambiemos había negociado hasta última hora del martes una serie de cambios para reunir los votos del Frente Renovador y el bloque Justicialista.

El oficialismo había concedido incorporar un apartado para garantizar el “Compre Trabajo Argentino”, que prioriza los bienes de origen nacional. Además, había aceptado que los contratos deban estar contemplados en la ley de Presupuesto –o, en todo caso, en leyes aparte-.

En otro de los agregados importantes, se iba a crear una comisión bicameral de seguimiento y control de las obras que se inicien bajo el régimen de PPP. Asimismo, se aclaraba que todas las contrataciones tienen que ser por licitación pública, y en función de determinados parámetros, relativos a la competitividad de las empresas y el impacto de las obras en la economía nacional.

Más allá del debate, el proyecto vuelve a comisión.

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