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Congreso: Peña propuso realizar el Gasoducto con contratos de participación público-privada

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Al hacer uso de la palabra en la sesión especial de la Cámara de Diputados, donde el Jefe de Gabinete Marcos Peña presentó su tercer informe de gestión, el diputado nacional Jorge Franco se refirió a temas puntuales de la problemática regional, como la reglamentación del artículo de la Ley Pyme, el avance de obras para la llegada del Gasoducto a la provincia y la demora para enviar los recursos del Fondo Especial del Tabaco.

 

Insistir con la reglamentación del Art 10

“Serìa bueno insistir en la reglamentación del artículo 10 porque los hermanos paraguayos y brasileños ya lo están haciendo, van adelante nuestro en este sentido. Han hecho una serie de ventaja, fundamentalmente en Brasil a favor de sus pymes en la frontera”, observó al plantear el reclamo en el que coinciden empresarios y funcionarios.

Franco informó a Peña, además, que lo establecieron de lado brasileño “en una línea de 60 kilómetros, que no estaría mal porque hasta incluso en los controles en la relación del Mercosur son más intensos pasando 60 km para adentro, en la frontera con Brasil, que 60 km para acá”. “Quiero que ese tema se tenga en cuenta”, apuntó.

La variante del PPP

Respecto al tema del Gasoducto, el legislador indicó que leyó el informe de Peña y “si bien tiene que ver con otras realidades, a mi lo que preocupa es que en algún momento, creo que para octubre de 2015 había una licitación”. “Creo que no solo debe discutirse, porque por ahí una alternativa serían los PPP, pero nuestro miedo es que llegue hasta nuestra frontera, hasta las puertas de Misiones y tengamos que hacernos cargo. No estamos los misioneros en condiciones de hacer una distribución interna”, advirtió.

Agregó en un planteo debe ser general y rápido “porque hace mucho que venimos reclamando”.

FET: que lleguen pronto los fondos

En tanto, al hacer referencia al Fondo Especial del Tabaco, Franco observó que se trata de un recurso que reciben los pequeños productores en varias provincias, que tiene que ver con un impuesto que se cobra al paquete del cigarrillo. Recordó que el 80 por ciento va a la cuestión social del productor.

“La preocupación nuestra es que de los 1.500 millones de pesos aproximadamente que están disponible a mi provincia le llegó solamente 250 millones. Me gustaría que ese 54 por ciento que todavía no nos llegó, llegue pronto y que no demos vuelta en cuestiones burocráticas”, puntualizó.

Las respuestas de Peña 

La Ley Pyme ya da beneficios a todas las pequeñas y medianas empresas del país. Ya son 390.000 las empresas que accedieron a los beneficios: pagan IVA a 90 días, no pagan ganancia mínima presunta, descuentan de ganancias el impuesto al cheque y hasta 10% de las inversiones que realizan además de tener la posibilidad de solicitar un bono de crédito fiscal por el IVA de dichas inversiones que aún tengan a favor.

Además, tienen mayor acceso a crédito y simplifican su administración. Hasta ahora se ahorraron más de $2.251 M en el pago de ganancias por inversiones realizadas.

El primer paso entonces para todas las PyMEs es registrarse. Hoy sólo 44% de las MiPyMEs recibieron o están recibiendo los beneficios. Si sos una peluquería, un comercio, una maderera, también sos MiPyMe.

El segundo paso es que las provincias se adhieran a la Ley PYME Nacional y se comprometa a no subir los impuestos provinciales por dos años como ya hicieron CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Tucumán y Santa Fe.

Mientras, seguimos trabajando en la reglamentación de los artículos 10 y 11 de la Ley, para definir qué otros beneficios van a recibir las MiPyMEs de frontera y las economías regionales. El desafíoes que ayude a toda la región y no a “correr” el problema del desequilibrio hacia una frontera interna. Para eso, estamos trabajando con las cámaras empresarias y los gobiernos provinciales.

A la fecha los costos fiscales de los beneficios otorgados en dicha ley son los siguientes: $80M en 2016, $120M en 2017 y $150M en 2018.

Al 24 de abril se registraron, en total, cerca de 390.000 empresas. De estas, cerca de 350.000 se encuentran vigentes actualmente.

 

Las claves de las obras con participación público-privada

El 16 de noviembre de 2016, el Senado de la Nación aprobó una ley que abrió una ventana de esperanza para la construcción en la Argentina: se trata de la normativa referida a la participación público-privada (PPP).

Pero ¿qué es y qué implica esta nueva herramienta?

Básicamente, establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución.

Además, permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación puedan también ser contratistas, en competencia con las firmas de capital privado.

“La PPP es un contrato con el Estado que permite que el sector privado financie una obra de infraestructura y que se repague con un diferimiento muy largo (8 a 12 años, dependiendo de los casos). La ventaja que tiene es que no se agrega a la deuda pública del país, sino que es una financiación que es subsoberana”, explica Julio César Crivelli, del Estudio Crivelli y abogado relacionado con el mundo de la construcción.

Durante los años del kirchnerismo, el Estado quedó como único inversor y las concesionarias, como meras gerenciadoras. Así empezó la empinada caída de la infraestructura en la Argentina. Ahora, el Gobierno quiere ir por otro camino, y así surgió el proyecto de PPP. Los planificadores argentinos consideran que el país necesita inversión no sólo donde hay flujo.

“Se sancionó una ley, la 27.328, que regula todo este tipo de contratos de participación público-privada. El Estado probablemente vaya a licitar próximamente contratos de autopistas y contratos de expansión de la red de alta tensión. También, contratos de hospitales y cárceles”, comenta Crivelli.

“Se sancionó una ley, la 27.328, que regula todo este tipo de contratos de participación público-privada. El Estado probablemente vaya a licitar próximamente contratos de autopistas y contratos de expansión de la red de alta tensión. También, contratos de hospitales y cárceles”, comenta Crivelli.

Este tipo de proyectos tiene ejemplos en América latina. Según el denominado Infrascopio que difunde el Banco Interamericano de Desarrollo, que evalúa la capacidad de los países de América latina y el Caribe para funcionar con PPP, la Argentina era superada por todos en 2014 menos por un país: Venezuela. (La Nacion)

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