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Congreso: por ley piden restitución del Parque Nacional Iguazú a Misiones

En una iniciativa legislativa presentada el miércoles 23 la senadora Sandra Daniela Giménez solicitó que se restituya a la provincia el dominio sobre el territorio en el que se enclava el Parque Nacional Iguazú, incluida la reserva nacional Iguazú. Entre otras consideraciones, argumentó que a diferencia de los otros Parques Nacionales, “Misiones nunca ha cedido legítimamente, a través de sus representantes, la jurisdicción sobre el territorio del Parque Nacional a la Nación con una Ley”

La legisladora sostuvo que el caso de la provincia de Misiones con Parque Nacional Iguazú tiene una situación compleja ya que el Parque Nacional (creados por Ley 12.103), antecede a la provincialización del territorio nacional que hoy constituye la provincia de Misiones (Ley 14.294). 

"Es decir, a diferencia de los otros Parques Nacionales, la provincia de Misiones nunca ha cedido legítimamente, a través de sus representantes, a jurisdicción sobre el territorio del Parque Nacional a la Nación con una Ley", observó. 
 
Es por ello que a través de la iniciativa presentada solicitó que se devuelva el Parque Nacional Iguazú.

PROYECTO DE LEY

 

Artículo 1º – Restitúyase a la provincia de Misiones el dominio sobre el territorio en el que se enclava el Parques Nacional Iguazú, incluida la reserva nacional Iguazú.

Artículo 2º – Deróguese toda norma que se contraponga con lo establecido en la presente ley.

Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FUNDAMENTOS

Según la propia Administración de Parques Nacionales, sus antecedentes institucionales reconocen que la actual Administración de Parques Nacionales se basa en el trabajo desarrollado en 1902 por Don Carlos Thays, quien por encargo del Gobierno realizó un pormenorizado estudio del área de las cataratas del Iguazú.

Pero será el perito Francisco Moreno quien cedió a la Nación tres leguas cuadradas (unas 7.500 hectáreas) de su propiedad ubicadas en cercanías de Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin de que “sea consagrada como parque público natural”, según escribió en la carta de donación fechada el 6 de noviembre de 1903.

La donación fue aceptada el 11 de febrero del año siguiente estableciendo el núcleo primitivo de las áreas protegidas nacionales.

El 17 de enero de 1907 la superficie original se vio ampliada a 43.000 hectáreas por decreto del Presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta.

Varios estudios y proyectos, entre los que descuellan los elaborados por Bailey Willis, Hosseus, Lucien Hauman y Anasagasti, se ocuparon en destacar la conveniencia de preservar la zona bajo un régimen legal.

Finalmente, el 8 de abril de 1922 se creó, bajo el mandato presidencial de Hipólito Irigoyen, el Parque Nacional del Sur con una superficie total de 785.000 hectáreas. Su primer Intendente sería el ingeniero Emilio Frey.

En tanto, en 1909, se había procedido a reservar por Ley Nacional las tierras que circundan a las cataratas del Iguazú, que volvió a ocuparse del tema en un extenso informe elevado al Gobierno Nacional en 1912. Hauman, al igual que con Nahuel Huapi, se encargó de destacar la importancia de la preservación de Iguazú en un trabajo que merece figurar en cualquier antología de la conservación de la naturaleza de la Argentina. En 1923 incluyó en un extenso listado de áreas a proteger a los bosques de araucaria, los palmares de Entre Ríos, los pastizales pampeanos, los bosques naturales del Delta, la orilla del río de La Plata y la isla Martín García.

Tantos esfuerzos rindieron sus frutos y en 1928 se procedió a la compra de 75.000 hectáreas destinadas a la creación de un Parque Nacional en torno a las cataratas del Iguazú y una colonia militar en el noroeste misionero.

Por entonces hizo su aparición otro de los personajes relevantes en la historia de los Parques Nacionales argentinos. Se trata de Exequiel Bustillo (1893-1973). Como integrante primero y luego como Presidente Honorario de la Comisión “Pro Parque del Sur”, el Dr. Bustillo volcó su esfuerzo en dar forma a las primeras áreas protegidas. Trabajo que rindió sus frutos el 30 de septiembre de 1934 al sancionarse, bajo la presidencia del general Agustín Justo, la ley Nº 12.103 que constituye el basamento legal para la creación de las áreas protegidas nacionales. Por dicha norma se crearon la Administración General de Parques Nacionales y Turismo – nombre que más adelante (1958) cambiaría a Dirección de Parques Nacionales – y los Parques Nacionales Iguazú y Nahuel Huapi, este último sobre la base del Parque Nacional del Sur.

Argentina se transformó, de esta manera, en el tercer país americano en erigir Parques Nacionales, siguiendo el camino marcado por Estados Unidos y Canadá. Como Presidente del nuevo organismo, durante la década siguiente el Dr. Bustillo desarrolló una vasta obra fundacional.

Con miras a continuar con la política iniciada a partir de la sanción de la ley citada, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso, en septiembre de 1936, un proyecto en el que proponía la creación de siete nuevas áreas protegidas. Al no sancionarse dicho proyecto en un tiempo prudencial, el Ejecutivo destinó para Parques Nacionales, por decreto con fecha 11 de mayo de l937, las Reservas Lanín, Los Alerces, Francisco Moreno y Los Glaciares, situadas todas ellas en la Patagonia. El decreto preveía, además, un área anexa a Los Alerces, que recién en 1971 constituiría el Parque Nacional Lago Puelo.

Hacia 1945, las áreas reservadas fueron efectivamente declaradas Parques Nacionales. También se reconoció en esos momentos el Parque Nacional Laguna Blanca, sobre la base de una reserva de tierras que fuera realizada en diciembre de 1911 y destinadas para Parque en mayo de 1940.

En los flamantes Parques dio comienzo una intensa labor tendiente a consolidar una política que privilegiaba la salvaguarda de la soberanía, evidenciada a través de fuertes inversiones y fomento del turismo. Por otro lado, es justo reconocer el desequilibrio en materia de áreas protegidas en que quedó el sector centro norte del país pues, a excepción del Parque Nacional Iguazú, el resto se hallaba íntegramente recostado contra el macizo andino patagónico.

Sin embargo, el impulso no se detuvo. El concepto primigenio de conservación, basado en la estética y la defensa del territorio, empezó a dar lugar a una nueva apreciación de los valores científicos que puede albergar un área natural. Ello fue posible por la participación de personalidades en los estudios de flora y fauna, como por ejemplo Ángel Cabrera, Lucas Tortorelli, Lorenzo Parodi, el ya mencionado Lucien Hauman, Angel Gallardo, José Yepes y Jorge Dennler de La Tour, entre otros.

Dennler de La Tour proyectó, en 1943, un Parque en la provincia del Chaco y propuso la ampliación del Parque Nacional Iguazú. Comenzó entonces una etapa en la que la creación de nuevos Parques debía satisfacer el criterio de que las áreas protegidas constituirían unidades representativas de las distintas formaciones biogeográficas del país.

Es así como la exuberante selva tucumano oranense o “yunga” vio nacer, en 1948, la primera de las unidades de conservación destinadas a preservarla: la Reserva Nacional Finca El Rey, en Salta, más tarde Parque Nacional El Rey. A éste le siguió, en 1951, el Parque Nacional Río Pilcomayo, situado en el noreste formoseño.

Aquel proyecto de Dennler La Tour, continuado por el ingeniero agrónomo Hugo Correa Luna y el entomólogo Antonio Martínez, originó la creación, en 1945, del Parque Nacional Chaco. El mismo año se reservaron diez mil hectáreas que luego conformarían el Monumento Natural de los Bosques Petrificados, en plena estepa patagónica santacruceña, hecho que se efectivizó en 1954. Recientemente esta área protegida se transformó en Parque Nacional.

En 1960 una nueva Ley, la Nº 15.554, permitió el establecimiento del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Un núcleo importante de los palmares de yatay entrerrianos comenzaron a ser conservados en el Parque Nacional El Palmar, creado en 1965. Tres años después, y tras concienzudos estudios, se consideró necesario el establecimiento de un área que protegiera un sector del distrito del Chaco Occidental, lo cual se concretó con la formación de la Reserva Natural Formosa.

A partir de 1970, la Institución pasó oficialmente a denominarse Servicio Nacional de Parques Nacionales.

Al delimitarse nuevamente, según las categorías correspondientes, las áreas protegidas existentes, se crearon en 1971 los Parques Nacionales Los Arrayanes y Lago Puelo. El primero cumple con la curiosa circunstancia de constituir un Parque dentro de otro, ya que su superficie se halla íntegramente comprendida dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En 1974 la yunga salteña volvió a convertirse en el escenario para la creación de un nuevo Parque Nacional: Baritú. Más adelante, en 1978 y tras la donación de una empresa privada, se creó la tercera unidad de conservación que protege aquella cuña de bosques y selvas montanas, el Parque Nacional Calilegua.

En tanto, en 1977, la provincia de La Pampa vio nacer el Parque Nacional Lihué Calel, ubicado en las serranías homónimas, el primero dentro de su territorio.

Al finalizar la década del 70, tras una revisión de la ley hasta ese momento vigente, se concluyó la conveniencia de contar con una norma actualizada. Con este propósito se promulgó, en diciembre de 1980, la Ley 22.351 que se convirtió en el nuevo instrumento legal de la ahora Administración de Parques Nacionales. Ese mismo año se incorporó al listado de áreas bajo jurisdicción de la institución el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, enclavado en la Puna jujeña.

Las poblaciones de la ballena franca austral vieron ampliadas sus posibilidades de supervivencia al ser declarado el portentoso cetáceo, en 1984, Monumento Natural en aguas jurisdiccionales argentinas.

En el lapso que media entre 1984 y 1990, si bien no se registró la creación de nuevas áreas protegidas, el organismo no permaneció ocioso. Así, hacia 1986, impulsó la organización de la Red Nacional de Áreas Protegidas a fin de coordinar y homogeneizar los conceptos de conservación con las provincias, municipios y privados. Por otra parte, es oportuno mencionar que los Parques Nacionales Glaciares e Iguazú pasaron a integrar, en 1981 y 1985 respectivamente, el listado del Patrimonio Mundial confeccionado por la UNESCO.

Llegado 1990, se estableció una nueva categoría de manejo, la Reserva Natural Estricta, aplicable a áreas protegidas nacionales existentes o porciones de las mismas, o a nuevas áreas protegidas creadas a tal fin.

Esta nueva norma sirvió de sustento para la creación de las Reservas Naturales Estrictas San Antonio, en Misiones; Colonia Benítez, en Chaco, y Otamendi, la cual constituye la primera área natural protegida a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires. Actualmente Otamendi se halla bajo la categoría de Reserva Natural.

En 1991 se incorporó el Parque Nacional Sierra de Las Quijadas, situado en el noroeste puntano, y un año después el Parque Nacional Predelta, recostado en la margen este del Paraná entrerriano.

Durante 1992 se produjo la adhesión de la Argentina a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convención Ramsar. Se hizo efectivo este compromiso con la declaración como Sitios Ramsar de los Parques Nacionales Río Pilcomayo y Laguna Blanca y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos.

Con el imponente marco que le otorga la proximidad del cerro Mercedario y la Cordillera de los Andes, la creación de la Reserva Natural Estricta El Leoncito consolidó, en 1994, la protección de una porción de la precordillera del sudoeste sanjuanino. Durante el año 2002 El Leoncito adquirió categoría de Parque Nacional. A mediados de la década de los ’90, la provincia del sapucay y los esteros, Corrientes, comenzó a incorporarse a las que cuentan con áreas protegidas nacionales, gracias a la donación de un émulo del Perito Moreno, el doctor Troels Myndel Pedersen. Este botánico cedió a la Nación el dominio de dos estancias de su propiedad que originaron el Parque Nacional Mburucuyá, cuya Ley Nacional de creación fue sancionada en 2001.

Durante 1994 se crearon, por Decreto, dos nuevas categoría de áreas protegidas: la Reserva Natural Silvestre y la Reserva Natural Educativa. Al igual que la Reserva Natural Estricta estas categorías pueden ser aplicadas dentro de un área protegida ya establecida o en una creada a tal fin.

El año 1995 nace el Parque Nacional Campo de los Alisos que protege un buen muestrario de los ambientes de las sierra de Aconquija, en Tucumán.

Al año siguiente, son los arbustales y cardonales de las serranías del noroeste los que pasaron a ser protegidos por el Parque Nacional Los Cardones.

Durante los años 1997 y 1998 se crearon los Parques Nacionales Talampaya y San Guillermo, en La Rioja y San Juan respectivamente. El primero ampara un ambiente de Monte con importantes yacimientos paleontológicos y arqueológicos, además de las formaciones geológicas que le han hecho mundialmente famoso; mientras que el segundo contiene una muestra de los ambientes más australes de la puna, con grandes concentraciones de vicuñas y guanacos.

Finalmente, en el año 2000 se creó el Parque Nacional Copo, al noreste de Santiago del Estero, área que ampara una porción bien conservada de los bosques chaqueños.

Debe señalarse también que en 1996 se declararon Monumento Naturales al huemul y a la taruca (o huemul del norte), dos cérvidos andinos cuyas poblaciones se hallan seriamente amenazadas. Ya en el 2001, se incorporó a esta misma categoría al yaguareté.

La nueva centuria contempló el nacimiento de varias áreas protegidas. Sobre las costas patagónicas de Santa cruz se creó, en 2004, el Parque Nacional Monte León. En 2006, La Reserva El Nogalar de los Toldos agregó una nueva muestra yungueña, mientras que, en 2009, se creó el primer Parque Nacional en la Provincia de Buenos Aires, Campos del Tuyú, protegiendo los cangrejales y pastizales de Bahía Samborombón, al tiempo que en el norte del Golfo San Jorge se creó el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, en una nueva e ingeniosa estrategia de conservación que aúna los esfuerzo de la Nación y una provincia, en este caso Chubut, que cooperan en el manejo conjunto del área protegida.

Esta misma estrategia es la que permitió implementar en el noreste de las costas santacruceñas, el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y, a la altura de Puerto San Julián, en la misma provincia, el Parque Interjurisdiccional Makenke; protegiendo ambos importantes sectores de la ecorregión del Mar Argentino.

En 2007, un acuerdo con el Ministerio de Defensa de la Nación, permitió la creación de un Sistema de Reservas Naturales Militares actualmente denominadas Reservas de la Defensa, en predios de dominio de las Fuerzas Armadas, que mantienen en buen estado su naturaleza original. Si bien estos predios no pierden su destino original –generalmente la de ser espacios para la instrucción del personal militar- esta nueva figura generó la posibilidad de que las actividades que en ellos se realicen no se contrapongan con la conservación de los mismos, tarea en la que la Administración de Parques Nacionales colabora.

Hasta el momento se han creado siete Reservas de la Defensa: Puerto Península (Misiones), Punta Buenos Aires (Chubut), Campo Mar Chiquita – Dragones de Malvinas (Buenos Aires), La Calera (Córdoba), Campo Garabato (Santa Fe), Isla El Tala (Santa Fe), Baterías – Charles Darwin (Buenos Aires).

Resulta así que el Sistema de Parques Nacionales cuenta con 41 áreas protegidas y cuatro especies declaradas monumentos naturales nacionales. Alcanza una superficie cercana a las 3.700.000 hectáreas, que representa alrededor del 1,5 % de la superficie total del país. Si bien la institución se halla ubicada, por trayectoria y logros, en un señero lugar de privilegio dentro del conservacionismo argentino, este último porcentual constituye el acicate para no dar por finalizada la tarea, que persiste, en nuestros días con el mismo ideal establecido aquel 6 de noviembre de 1903.

A partir del Decreto 13/2015 del 11 de diciembre de 2015, que modificó la Ley de Ministerios, la Administración de Parques Nacionales como órgano descentralizado fue transferido al flamante Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Es en virtud de esta modificación institicionalque encuentro oportuno el planteamiento deuna propuesta legislativa tendiente a restituir las áreas protegidas y parques nacionales a cada provincia para que, en cumplimiento de lo establcedido en el artículo 124 de la Constitución Nacional ejerzan su dominio sobre los recursos naturales que le son propios.

Tal como he repasado, la historia institucional de la Administración de Parques Nacionales nunca reflejó el profundo cambio institucional que implicó la reforma constitucional de 1994 implicó sobre el entramado normativo que garantiza el federalismo de la República Argentina.

Las provincias tenemos la voluntad y la capacidad de preservar nuestros recursos naturales y el derecho reconocido en la Constitución de hacernos cargo de su gestión. Es necesario que el cuerpo normativo e instiutucional de la República Argentina se adapte a la profundización del federalismo, siempre presente en la Carta Magna pero más evidente desde la reforma de 1994[1].

Los indicadores que permiten medir la intensidad de desarrollo de un sistema federal son la autonomía política, la autonomía normativa y la autonomía económico-financiera de los sujetos federados.

Los objetivos que persigue el federalismo argentino se encuentran presentes en el art. 75 incisos 18 y 19, cuando se establece como una atribuciónobligación del Congreso  proveer al adelanto y bienestar de todas las provincias, así como también el crecimiento armónico de la Nación promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Estos objetivos se enlazan directamente con el sistema de derechos del modelo constitucional y convencional argentino (conformado por los derechos fundamentales y los derechos humanos) y su efectiva concretización. El sistema federal argentino dejó de ser una forma de estado o una distribución territorial y política del poder para convertirse en una garantía de los derechos. En la medida en que no entendamos esto difícilmente podamos realizar un análisis conceptual realista de la reforma constitucional de 1994 en materia federal. En términos de ampliación de la autonomía política, la reforma estableció varios aspectos positivos desde el diseño constitucional. Las provincias siguen conservando todo el poder no delegado al Gobierno federal por la Constitución argentina, se dan sus propias instituciones locales, dictan su Constitución y eligen a sus propias autoridades (art. 121, 122 y 123). En ejercicio de dichas atribuciones pueden:

 – Crear regiones para el desarrollo económico y social estableciendo los órganos pertinentes con facultades para el cumplimiento de los fines que se establezcan (art. 124).

– Celebrar convenios internacionales con conocimiento del Congreso en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o al crédito público de la Nación (art. 124).

– Conservar organismos de seguridad social para empleos públicos y los  profesionales (art. 125).

– Promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura (art. 125).

– Los municipios tienen garantizada su autonomía en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (art. 123)4 y la Ciudadde Buenos Aires tiene unrégimen de gobierno autónomo con facultadespropias delegislación y jurisdicción y un jefe de gobierno elegido directamentepor el pueblo de la Ciudad (art. 129).

– Ejercer el poder de policía e imposición en los establecimientos de utilidadnacional en tanto no interfieran con sus fines específicos (art. 75inc. 30).

– Dictar las normas complementarias en materia ambiental de forma concurrentecon el Estado federal (art. 41).

También es relevante que en la intervención federal a las provincias yla Ciudad de Buenos Aires dictada por el Poder Ejecutivo, la reforma constitucionalestableció que si el Congreso está en receso el Ejecutivo debe convocarlosimultáneamente para el tratamiento inmediato de la cuestión (art.99 inc. 20).

En términos de ampliación de autonomía normativa, la reforma nointrodujo ningún cambio significativo, puesto que mantuvo como potestadexclusiva del Congreso dictar los códigos de fondo (art. 75 inciso 12) de manerauniforme para todas las provincias y la Ciudad Autónoma de BuenosAires. De esta manera, se perdió una oportunidad histórica de debatir sobrela resignificación efectiva de la autonomía normativa emergente de un federalismosustancial que reconoce en los sujetos federados la capacidad dedictar los códigos de fondo en cuerpos unificados o separados.

En términos de ampliación de la autarquía financiera, la reforma incorporócláusulas afirmativas de un federalismo autonómico, pero tambiénconfiguró un sistema financiero regresivo, unitario y centralista destructivode la autonomía política.Entre las primeras, se destaca el reconocimiento del dominio originariode los recursos naturales existentes en los territorios de las provincias (art. 124).

Tomo el concepto de Federalismo Ambiental de Humberto Quiroga Lavié, que denomina de ésta manera las nuevas relaciones que provoca el reparto competencial en materia ambiental en nuestro estado[2]. Pero sobre éste concepto se puede profundizar desde la misma teoría general. Hans Kelsen explica que el orden jurídico de un estado federal se compone de normas centrales válidas para todo el territorio, y normas locales que valen solamente para partes de éste territorio: los territorios de los Estados componentes (o miembros). Las normas centrales generales o leyes federales son creadas por un órgano legislativo central: la legislatura de la federación mientras que las generales locales son creadas por órganos legislativos locales, o legislaturas de los estados miembros.[2]

Entiendo que las provincias tienen el dominio originario de todo su territorio: suelo, subsuelo, espacio aéreo y sobre el litoral marítimo. Por supuesto que también creeo que el dominio se hace extensivo a todos los recursos renovables o no.

El agudo proceso de centralización que sufrió el país, tuvo como uno de sus aspectos más negativos, el avance del gobierno nacional sobre el dominio de los recursos naturales de las provincias. Ese desapoderamiento se fue afirmando en leyes del Congreso y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que bajo nuestro punto de vista presentaban la tacha de inconstitucionalidad, pues si bien el texto de 1853/1860 no definía expresamente la cuestión, debían aplicarse los principios federales de los arts. 1, 3, 13 y 104. Incluso llegamos -durante la corta vigencia de la reforma de 1949- al reconocimiento del dominio nacional según el art. 40, que constitucionalizaba el despojo. Por eso esta asignación a las provincias del dominio originario de los recursos naturales, efectuada por la Convención de Santa Fe y Paraná de 1994, debe observarse como una contundente expresión del fortalecimiento del federalismo argentino, que fue una de las grandes ideas-fuerza de la reforma[3].

En el caso particular de la provincia de Misiones, en relación al Parque Nacional Iguazú, la situación es aún más gravosa porque el Parque Nacional (creados por Ley 12.103), antecede a la provincialización del territorio nacional que hoy constituye la pcia de Misiones (Ley 14.294) y también fue una ley del gobierno de facto la que mantuvo el dominio nacional sobre el territorio (Decreto 654/58). Es decir, a diferencia de los otros Parques Nacionales, la provincia de Misiones nunca ha cedido legítimamente, a través de sus representantes, a jurisdicción sobre el territorio del Parque Nacional a la Nación con una Ley.

Es por ello que, ante este antecedente y considerando los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia en los autos Administración de Parques Nacionales c/ Provincia de Misiones sobre acción declarativa de insconstitucionalidad de la Ley provincial 4.467 y el Decreto de Poder Ejecutivo local 2.338/08 que la promulga, publicados en el Boletín Oficial del 12 de noviembre de 2008, es que solicito el acompañamiento de mis pares con su firma.

 


[1] (GELLI, MARÍA ANGÉLICA. Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta edición ampliada y actualizada. 4ta ed. la reimp.- Buenos Aires: La Ley, 2008, Tomo II, pág. 613-614). “El ámbito del territorio comprende tierra, aire, mar y el dominio sobre los recursos allí comprendidos son propios de las provincias, lo que las habilita para percibir tributos sobre ellos y disponer la enajenación y el aprovechamiento de aquellos por sí mismas o en políticas concertadas con el Estado Nacional.” “La reforma, por lo menos en el contenido de la norma jurídica sancionada, importa una modificación sustantiva porque, como se ha sostenido, “la propiedad y administración de los recursosnaturales garantiza un presupuesto vital del federalismo” y requiere una modificación de la legislación vigente que se oponga a lo dispuesto en el Art. 124, cuidando de no alterar la jurisdicción federal cuando ella corresponda.” Y, concluye: “El Art. 124 de la Constitución Nacional resulta claro acerca de que los convencionales constituyentes de 1994 reconocieron el dominio originario de sus recursos naturales a las provincias. Esta decisión fue fruto de una larga e intensa reivindicación federal de los Estados locales.”

 

[2]Así lo denomina Humberto Quiroga Lavié, en “La Protección del ambiente en la reforma de la Constitución Nacional”, LL, 18.3.96, p. 2 y “El estado ecológico de derecho en la constitución Nacional”, LL 16.4.96, p. 3.

[3]Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba El FEDERALISMO A DIEZ AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 ANTONIO M. FERNÁNDEZ

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