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Correo: el Procurador General del Tesoro criticó a Macri antes de ser removido

Para Carlos Balbín es incorrecto que una firma de la familia del Presidente pretenda cobrar del Estado un monto extra multimillonario: $ 2.300.000.000. Los Macri manejaron el Correo Argentino durante su privatización de los 90 hasta que Néstor Kirchner lo estatizó.

El domingo 23 de abril se conoció que el titular de la Procuración General del Tesoro (PGT), Carlos Balbín, sería removido de su puesto. Las noticias sobre ese cambio en el esquema en el poder aseguraban que el funcionario pasaría a ocupar un cargo en la Cancillería. Pero Balbín rechazó la oferta. Renunció. Clarín confirmó, en base a documentación oficial, que el viernes 21 de abril, dos días antes de que se difundiera que la Casa Rosada le ofrecía a Balbín dejar la PGN para ocupar un destino diplomático, el entonces funcionario había firmado un informe muy crítico sobre la gestión Macri respecto a una serie de causas judiciales cruciales para el Presidente, en la que está involucrada una empresa de su familia: podría haber entonces un conflicto de intereses que afecta al mandatario.

En veintitrés páginas, Balbín firmó ese 21 de abril sus “aseveraciones” respecto al caso del Correo Argentino S.A. s/ Concurso Preventivo de Acreedores”. Para Balbín, el Estado, fue víctima de un “detrimento” en su “patrimonio”.

No solo por las cifras cruzadas y en los reclamos que el Correo Argentino le hizo al Estado, viceversa, si no por otros factores que podrían haber “afectado” a esta historia jurídica y financiera: factores políticos.

La causa del Correo fue aceptada por el propio Gobierno como un tema crucial -que debía resolverse con transparencia y profesionalismo- para evitar sospechosas de tráfico de influencias, o conflicto entre los intereses privados y económicos de las empresas del holding de la familia Macri y el Estado que tiene a Mauricio Macri como Jefe.

Los Macri manejaron el Correo Argentino durante su privatización de los 90 hasta que Néstor Kirchner lo estatizó.

Desde entonces, hasta mediados de 2016, se iniciaron juicios cruzados entre la empresa y el Estado. Y se dilató un acuerdo sobre cómo le pagaría la compañía privada M las deudas a su principal acreedor, el Estado.

Ese acuerdo llegó cuando Mauricio Macri era Presidente pero fue objetado por la fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial Económico, Gabriela Boquin.

En agosto del 2016, además, Correo Argentino S.A, la firma controlada en su momento por el padre del Presidente, Franco Macri, le inició una demanda al Gobierno de Cambiemos por lo que consideraba que fueron daños económicos que sufrió la firma tras su expropiación en el 2003. El monto que Correo Argentino S.A le quería pagar por sus deudas al Estado era de 296.205.376,49 millones, en cuotas durante 15 años, con con un interés de 7 %.

El reclamo al Estado que presentó en la Justicia la misma empresa, dos meses después, ascendía, según Balbín, a $ 2.300.000.000.

El ex Procurador escribió que “no parece correcto imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino S.A (la empresa de los Macri) generó peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente aceptadas por el Estado”.

Para el ex funcionario, pudo ser el poder político el que terminó por influir en esta trama. Tanto la gestión K, como la de Cambiemos, aunque no haya hecho alusión a ninguna de las dos en forma explícita: “Es probable, también, que, autoridades de rango superior de los distintos ministerios que han intervenido a lo largo de estos 16 años, puedan dar razón de la dilación a la que se hace referencia”, escribió.

En sus “Conclusiones”, Balbín pidió, entre otras cosas, que se haga una “revisión” sobre la verdadera capacidad de pago de “la deudora” (es decir, la empresa Correo Argentino S.A).

Y también ordena administrativamente que se realice una “revisión” del acuerdo al que habían llegado esa compañía M con el Gobierno M.

Por ese acuerdo, el juez Ariel Lijo inició una causa judicial en la que imputó al propio Presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Fue el organismo de éste último funcionario el que aceptó la propuesta para cerrar su deuda con el Estado que realizó el Correo Argentino.

Lijo pidió documentación para determinar si el Presidente seguía siendo accionista de esa firma, para saber si podría estar cometiendo un posible delito como funcionario. Macri aseguró que transfirió sus acciones de esa compañía en 2009.

Tras conocerse el acuerdo entre el Gobierno de Macri y el Correo Argentino S.A, el Presidente aclaró que la deuda de esa empresa con el Estado “no se pagó, no se cobró, no se condonó”, y aceptó que había sido un error de su parte no haber previsto un mecanismo para evitar posibles conflictos de intereses entre las empresas del holding de su familia y el Gobierno.

En febrero pasado, pidió que el caso vuelva “a fojas cero”. Lo trabajarían la Auditoría General de la Nación. Y la Procuración del Tesoro.

Balbín señaló por el retraso de la solución de la causa a las autoridades judiciales que actuaron en el expediente principal, incluida la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Y la fiscal Boquin, a la que le señaló lo que, según él, fueron imprecisiones en su dictamen de mediados del 2016.

Para Balbín, los abogados del Estado K actuaron con el objetivo de dilatar las decisiones del caso: así se perjudicó el Estado, dice. Balbín fue reemplazado en su puesto por el abogado Bernardo Saravia Frías.

Esa designación se oficializó el 4 de mayo en el Boletín Oficial.

Clarín accedió a documentación del “Correo-Gate” fechada ese mismo día, en la que el nuevo Procurador le cuestiona una frase puntual al entonces Director de Auditoría de su organismo, Guillermo García. Saravia Frías pide precisiones sobre el punto 6 del informe del auditor titulado “El Acuerdo Cuestionado”. García le contestó en el día. En una resumió el espíritu de lo que piensa él, y también Balbín, sobre el caso: “Este es, entonces, el debido alcance de la expresión contenida en la auditoría: tratar de que el Estado proteja sus acreencias, al menos, hasta donde la jurisprudencia lo ha avalado”.

Carlos Balbín renunció y volvió a su cargo de camarista en el Fuero Contencioso Administrativo. Se negó a hablar con Clarín sobre el “Correo-Gate” y rechazó adelantar el contenido de lo que había escrito como funcionario sobre el tema.

Clarín consiguió, sin embargo, su “Memorando” que molestó a la Casa Rosada. Este diario también accedió a lo primero que escribió sobre la cuestión el nuevo Procurador, Bernardo Saravia Frías.

El “Correo-Gate” no volvió a “fojas cero”. (Clarin.com)

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