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Cristina Kirchner promulgó la ley de nacionalización de YPF

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en la Casa Rosada el decreto que promulga la ley sancionada por el Congreso de la Nación con una amplia mayoría de votos, de fuerzas políticas propias y un gran sector de partidos políticos opositores. La ley abarca la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y declara “de utilidad pública” y como “objetivo prioritario” el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.

Puntos principales


 
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril llevó la denominación de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y contiene 19 artículos.



Desde el primero se declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario” del país “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización” de los mismos.



Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499.


 
El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).


 
Estos distritos son: Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.


 
De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46 por ciento en poder del grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para los distritos petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.


 
Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad anónima abierta, “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación”.


 
El precio de la expropiación. La iniciativa oficial establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.


 
Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa.


 
YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.


 
Consejo Federal. Además, el proyecto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con participación del Estado nacional y todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.



Privatización de acciones. Como la expropiación de las acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.


 


 


 



 

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