SEGUINOS

POSADAS

Cuando padres e hijos tienen intereses contrapuestos puede surgir el litigio judicial

Sumar la figura del “Abogado del Niño” en la protección de garantías. La jueza de familia Carmen Liliana Bertolotti admitió que las reformas por incluir en el Código Civil de Misiones habrá de contemplar la posibilidad que los niños, niñas y adolescentes puedan litigar contra sus padres. “Esto está a la vanguardia en el mundo y viene de la mano de los pactos internacionales de protección de los derechos de los menores”.Esta conceptualización es la que fundamenta la razón de ser del “Abogado del Niño” y la posibilidad se abre a partir de considerar el magistrado del caso de que se trate que corresponde un litigio de esta índole. La figura es analizada en la edición N°124 del semanario /6p.

La salida del Patronato todavía plantea dudas


Lo señala el Comité argentino de seguimiento y aplicación de la convención internacional de los Derechos de Niño. Que evalúa cuanto viene sucediendo y lo vuelca en reflexiones que a continuación se consignan.

La figura del “abogado del niño” quedó formalmente incorporada al sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes que introdujo la ley 26.061 en 2006, pero la lenta y trabajosa transición que impone la salida del régimen del Patronato plantea todavía dudas.

Como pasa con otros importantes avances formales de la Ley 26.061, esos interrogantes se centran en cómo ir dando a ese cambio una realidad práctica y, especialmente, en cómo conseguir que cada actor social asuma su responsabilidad en el proceso, en particular el Estado, pero en este caso también de parte de los profesionales y de sus asociaciones, parte de la nuestra sociedad civil.

El reconocimiento en la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de garantías mínimas en procedimientos judiciales o administrativos que el Estado debe asegurar con la asistencia de un letrado “preferentemente especializado” (artículo 27) persigue, básicamente, hacer cumplir el derecho de chicos y chicas a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta según su madurez y desarrollo, consagrado ya en la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Una de las primeras inquietudes que plantea esta figura de “abogado del niño” es que duplique innecesariamente la más conocida de “defensor del niño” o “asesor de menores”. Hay diferencias entre ambas que luego veremos. Pero, en principio, un defensor actúa antes de que se abra un proceso y puede también intervenir de oficio. Y, principalmente, el interés de un defensor o asesor puede diferir –en nombre de lo que considere interés superior del niño o interés colectivo- del interés personal, particular, que exprese el niño/a.

Asegurar efectivamente a los chicos y chicas un mínimo de garantías en juicios civiles o penales, o en procesos administrativos, es responsabilidad que el Estado nunca pueda esquivar, sea que aporte el abogados él mismo, que lo procure entre asociaciones profesionales o que lo convalide como particular. Sin embargo, como explica la Asociación de Abogados de Buenos Aires (Aaba), designar ese abogado para una defensa técnica es algo que puede hacer el propio chica/o, o un adulto cuando falte discernimiento y/o madurez (siempre y cuando no se trate de un adulto o progenitor involucrados en el mismo conflicto familiar que se ventila).

La Aaba sugiere que el rol del abogado del niño/a recaiga en profesionales especializados en la materia, que integren organismos de control externo de la administración pública –que puede expresar intereses diferentes de los del propio chico/a-, o bien contratados a organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales o universidades.

¿En qué punto estamos de la aplicación de esta parte de la Ley 26.061? ¿Es sólo cuestión de leer el artículo 27 y aplicarlo, sin más? ¿O plantea a los distintos actores responsables involucrados algunos problemas que aún merecen distintas respuestas posibles? ¿Cuánto le toca al Estado y cuánto a los profesionales del derecho?

Antes y después

Cualquier abordaje sobre el abogado del niño/a en procedimientos judiciales o administrativos debe asociarse, de manera inseparable, con el derecho de chicos y chicas a ser oídos cada vez que lo pidan antes de tomar para ellos una decisión que los afecte de alguna manera, explica la experta Adriana Granica.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, consagra el derecho de los niños/as de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afecten y establece que se debe tener debidamente en cuenta sus opiniones en función de sus edades y madurez. Y deja en claro en su inciso 2: “Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

Nuestra ley nacional 26.061 dice en su artículo 27, entonces: “Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”.

La lectura del artículo expone un antes y un después en nuestras leyes. El niño/a, ya reconocido como sujeto de derechos, conquista formalmente su derecho a participación en procesos judiciales/administrativos. Y, sobre todo, el niño/a deja de ser –al menos formalmente- objeto de tutela y, por tanto, de decisiones arbitrarias de un magistrado y/o de un asesor de menores.

Granica hace notar incluso que la Ley nacional, respecto de la Convención, agrega elementos de garantía “muy importantes” para efectivizar el derecho a ser oídos y atendidos: que deberá ser así sin limitación y en todos los ámbitos. Veamos ahora qué dimensiones puede alcanzar esa tan valorada participación cuando empieza la etapa de la práctica.

Gustavo Gallo, del área de Niñez y Adolescencia de la Aaba, observa al respecto –y como profesional del derecho- que por ahora, pese a esta reforma legal, “no se ve como imprescindible escuchar al pibe. Es un cambio cultural que nos va a demandar tiempo”, estima.

El lugar de los chicos/as

Una vez establecido el derecho de chicos y chicas a ser escuchados, que hace además al desarrollo de la subjetividad de un ser humano (Granica), viene el desafío práctico de hacer efectivo su cumplimiento.

En cuanto a los propios chicos/as, expresarán su opinión en un proceso sólo si ellos mismos, libremente, así lo desearen. Pero cualquiera que fuere la decisión, de todos modos, es un derecho que el Estado debe garantizarles. Por otro lado, tampoco la ley implica que el rol de los chicos se desempeñe sin ningún tipo de orientación o ayuda adulta. Aun cuando, queda claro, si pide ser escuchado ello tiene que ser personalmente, sin representantes.

“Escuchar a un niño –grafica Granica- no implica conceder ante caprichos. Es decir, la ley no les concede a los niños el derecho absoluto de tomar decisiones por cuenta propia en todos los casos y bajo todas las circunstancias, ni tampoco dice que a la opinión del niño se la debe aprobar automáticamente”.

En cuanto a la edad y madurez, la Ley deja para la interpretación en cada caso si el chico/a tiene capacidad para ejercer directa y personalmente su derecho. El niño/a, por principio, debe saber siempre sobre éste –el de ser oído y atendido- y los demás derechos que le son garantizados. La Ley nacional deja sin precisar criterios para la edad.

Pero para el caso un bebé se diferencia claramente de un adolescente en sus opciones y parece de sentido común que habrá veces que un adulto (familiar o no) deba convertirse en su vocero. Eso sí, el abogado nunca podrá confundirse con ese vocero: será su abogado. Y por ello tampoco podrá confundir el interés personal, individual del niño/a con el interés de ese vocero.

A la vez, el Estado debe asegurar también que ese chico o chica que por madurez y edad puedan decidir tengan reales –no sólo formales- posibilidades de elegir entre varias opciones de defensa técnica, o abogados, en particular cuando carezca de recursos económicos que impidan contratar uno particular.

Algunos expertos, en particular en casos de juicios penales, plantean ya mecanismos de escucha a través de psicólogos especializados y hasta trabajo con juegos.

Los profesionales

La definición del papel del “abogado del niño” puede también entenderse por otra oposición, en este caso por la diferenciación ya citada con un defensor o asesor de menores que nos llega desde el viejo régimen legal. El trabajo de ambos, es verdad, puede ser perfectamente compatible, pese a sus distintas funciones.

Pero frente a esos intereses “personales e individuales” del niño/a que ocupan exclusivamente al abogado, un defensor o asesor de menores hace una “representación promiscua”, es decir que en un proceso defiende los intereses que considera más convenientes para los chicos/as y la sociedad a la vez, la “suma de los intereses de la colectividad”.

La legislación del Patronato dejaba sin efecto a la defensa técnica del niño/a y, por ende, los chicos y chicas carecían de defensa porque los asesores cumplían una función más de asesoramiento de los jueces que de los chicos/as. Los defensores públicos de Menores e Incapaces (antiguamente llamados Asesores) velan por esa “defensa promiscua”. Así, explica la Aaba, pueden aconsejar o dictaminar que un chico/ca permanezca en un instituto. El abogado del niño, en cambio, vela por el interés de ese chico/a y va a hacer todo lo posible para obtener su libertad.

Gallo, de la Aaba, opina que sus colegas necesitan cuanto antes entrar en un proceso de especialización en defensa técnica de los intereses personales e individuales de los chicos/as. Y cree que “ese proceso de fuerte capacitación debe ser controlado por el Estado. El abogado del niño, tiene que tener una escucha diferente y, por eso, es conveniente su especialización”.

“No hay un modelo, por ejemplo en otro país, cuya experiencia de funcionamiento pueda ser tomada como una verdad absoluta”, según Gallo. Como en otros muchos aspectos de la implementación de la Ley 26.061, se trata de revisar lo hecho en el pasado, encarar la nueva etapa sin arrasar porque sí con todo y aceptar que la transición reclama tiempo, diálogo, práctica y desarrollo paulatino de protocolos de intervención para cada actor social.

Todos debemos entender, opina el abogado, que “sin libre acceso a la Justicia, los pibes terminan por ejemplo, y como resultado práctico, desde institucionalizados sin más a sin garantías en consejos de convivencia”. Y las organizaciones de profesionales, como otras de la sociedad civil, deben exigir al Estado que capacite especialistas que puedan ejercer una defensa técnica adecuada.

Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Descargar Semanario Seis Páginas