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“Declárese como Derecho Humano el acceso al agua potable y al servicio de cloacas”

El proyecto será tratado este martes 3 de agosto en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación. “El agua es esencial para la vida humana, para la salud, la producción de alimentos y las actividades económicas y su reconocimiento como derecho humano implicaría tener en cuenta a aquellos que carecen de red de agua potable y cloacas” fundamentaron los legisladores que impulsan la iniciativa.

El pedido impulsado por diputados del socialismo y el GEN, se debatirá el martes 3 de agosto en la Comisión de Obras Públicas. Tiene tres artículos:1º Declárase como derecho humano el acceso al agua potable y al servicio de cloacas. 2º: Prohíbase en todo el territorio nacional la interrupción, suspensión o restricción del servicio vital de agua por falta de pago en predios destinados a vivienda 3º: Elimínese todo gravamen fiscal sobre el suministro de agua y cloacas a toda vivienda familiar única del propietario y/o sus derechohabientes, de menos de 100m2.




Fundamentos principales



El punto de partida de la concepción que se pretende reconocer por parte del Congreso de la Nación está dada en la Observación General Nº 15 titulada “El Derecho al Agua”, que el 26 de noviembre de 2002 aprobó el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.



Allí se reafirmó que el agua es un derecho fundamental de todos los seres humanos, al expresar que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna. Es una condición necesaria para lograr la efectividad de todos los demás derechos”.



Hay consenso a nivel internacional acerca de la necesidad de reconocer el acceso al agua como derecho humano. El agua es esencial para la vida humana, para la salud, la producción de alimentos y las actividades económicas y su reconocimiento como derecho humano implicaría tener en cuenta a aquellos que carecen de red de agua potable y cloacas.



También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró que el acceso al agua es “un derecho fundamental de los seres humanos”. Para el director general de la UNESCO, Kochiro Matsuura, los países miembros, al haberse adherido a diferentes convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tienen “la obligación moral de ver el agua como un derecho humano”.



En general se reconoce que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos – derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, así como los derechos sociales y políticos-.



Se sostiene que el lenguaje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha constituido la base para declaraciones posteriores, no estuvo destinado a incluir todo, sino más bien a reflejar los componentes de un nivel de vida adecuado. La exclusión del agua como un derecho explícito se debió sobre todo a su naturaleza; al igual que el aire, fue considerada tan fundamental que se creyó innecesaria su inclusión explícita debido a la naturaleza del recurso en cuestión.



En el país todavía no se ha logrado que todos los habitantes accedan a redes de agua potable y cloacas.



Además de esto, las empresas prestatarias pueden cortar el servicio, por falta de pago. Ya hubo pronunciamientos judiciales que declararon la ilegitimidad de este proceder.



Hay antecedentes de marcos regulatorios que no permiten el corte total, tal es el caso del de la Provincia de Buenos Aires, que mediante el Decreto 878/03, en su artículo 61 inciso b) se establece que:
“En caso de usuarios residenciales el corte del servicio no podrá ser total, debiendo la Entidad Prestadora garantizar un abastecimiento mínimo vital”.



Este proyecto de ley tiene como objetivo evitar restricciones al acceso al agua potable. Esto no quiere decir alentar el no pago, ya que es aceptado por todos que tanto el mantenimiento del servicio como la ampliación de la red requieren de fuertes inversiones. Lo que se trata es de proteger a los sectores de menores recursos, que no pueden hacer frente al pago de los servicios esenciales. Hay que dejar en claro que la deuda sigue su curso. En el caso de aquellos que estén en condiciones de pagar y traten de usufructuar la posibilidad que brinda esta ley, no lo podrán hacer porque en la mayoría de las regulaciones procesales locales estas deudas pueden ser cobradas por la vía ejecutiva.



Con los mismos objetivos es que se propone la eliminación de los gravámenes fiscales para viviendas familiares únicas de menos de 100m2. De esta manera se abarata el acceso a este servicio para la población comprendida en estos parámetros sin perjudicar los ingresos ni la rentabilidad de la empresa prestadora del servicio. (Por: Gerardo Strejevich para /n6)



 



 



 




 

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