SEGUINOS

POSADAS

“DGR va contra la corrupción”. (Por el CPN Marcelo R. Subizar)

El especialista en Tributación, contador Marcelo Subizar, destacó el objetivo que persigue la Dirección General de Rentas a partir de la aplicación de una nueva normativa ordenatoria del régimen de certificados de cumplimiento fiscal y certificados para contratar con el Estado provincial tendiende a reforzar los controles. En esta línea, dijo que la DGR “ha cerrojado mediante una resolución extensa y sistemática la posibilidad de acciones reñidas con la librecompetencia, ejecución del presupuesto y la vida democrática demostrando esencialmente lo que todos los profesionales queremos ver: la equidad en el contralor, porque, siempre donde haya un corruptor, hay un corrupto y ambos deben ser castigados, en equivalentes actos”.

DGR va contra la corrupción



(*) Por Marcelo R. Subizar



La DGR ha emitido una sorpresiva resolución ordenatoria del régimen de certificados de cumplimiento fiscal y certificados para contratar con el estado provincial donde extrema los controles en el marco de su competencia sobre las licitaciones y compras directas que hiciere el Estado, organismos descentralizados y de la constitución entre otros.-



La norma citada es la Resolución DGR 08/2010 b.o. 18/03/2010. Todos los oferentes, sea en actos licitatorios y más aún en compras directas (a las que son muy afectos algunos organismos) tienen la obligación de presentar en distintos actos y en particular al momento del cobro por los bienes y servicios prestados al estado los certificados de cumplimiento fiscal y/o para contratar con el Estado. Los instrumentos tienen por función certificar que el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales y no posee deudas con la administración tributaria,  porque es lógico exigir que quien contrate con el Estado no puede ser un evasor consuetudinario. (Sería ridículo que el Estado provincial pagara libremente a quien por otro lado es su deudor o más aún, contratar con quien incumple sus obligaciones formales de declarar sus hechos imponibles).-



La maraña normativa hasta la fecha (conjunto de resoluciones que datan entre 2002 a 2008) aparentemente no cumplían los objetivos, obviadas mediante una serie de vías de hecho y de derecho que se generaban a su interpretación y ejecución, haciendo devenir dicho control en abstracto (algo así como tomar agua con un colador).-



La Dirección fundamenta esta reorganización resolutiva formalmente fundada en la elusión mediante un subterfugio de derecho que es la de la falta de ingreso de los pagos al sistema bancario por parte de los proveedores abonados que era motivo de exclusión del régimen de retenciones de la RG 24/96, no obstante, no sería esta la única razón de ser de esta medida, también lo eran las vías de hecho subalternas al procedimiento. Son vías de hecho administrativas (por oposición a las de derecho) las acciones materiales que prescinden de las vías legales para imponer un estado de cosas, una situación determinada en relación a personas o cosas, se puede originar en la inobservancia del procedimiento para ejecutar el acto que le daría sustento o por la carencia de tal acto, en este caso, omitir el control preestablecido de cumplimiento fiscal por los proveedores del Estado.-



En este estado de cosas, era menester un cambio y aquel fue traído por la Administración tributaria mediante esta plausible resolución donde impone una serie de cerrojos prácticamente insalvables (a criterio del suscripto) que deberán ser cumplidos a rajatabla por los proveedores del Estado pero por sobre todo, trae a evocación, la responsabilidad solidaria del funcionario administrativo obligado a tales controles. El cumplimiento efectivo de todas sus partes, llevará a un mejor contralor en la ejecución del presupuesto y la actividad administrativa, más aún cuando es la misma DGR la que se compromete al recordar tales responsabilidades solidarias de los funcionarios a iniciar las acciones en los foros pertinentes contra aquellos funcionarios y empleados administrativos que incumplan la manda legal: no sólo debe perseguirse a los contribuyentes (aún en calidad de proveedores- cobradores) sino también a los funcionarios y empleados infieles.-



A modo de conclusión, así como nadie cree en los espíritus, vampiros ni en las brujas (pero que las hay, las hay), por las dudas la DGR ha cerrojado mediante una resolución extensa y sistemática la posibilidad de acciones reñidas con la librecompetencia, ejecución del presupuesto  y la vida democrática demostrando esencialmente lo que todos los profesionales queremos ver: la equidad en el contralor, porque, siempre donde haya un corruptor, hay un corrupto y ambos deben ser castigados, en equivalentes actos. Alguna voz podrá levantarse en contra de la misma respecto de su complejidad o dificultad pero será el costo de trabajar con el Estado (nadie dijo que deba ser fácil), así como debería bregarse por licitaciones públicas y desterrar las compras directas (que despiertan suspicacias, pero es harina de otro costal); la burocracia no fue una mala palabra en sus inicios, es la única defensa contra actos nocivos para la administración.-




(*) Contador Público, especialista en Tributación, especialista en Sindicatura Concursal, especialidad en Mercados de Capitales.  Asociado a “Consultora Jurídico Contable Subizar & Asociados” – www.consultorasubizar.com.ar



(Nota extraída de www.seispaginas.com. También disponible en Seis Páginas edición papel)

Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Descargar Semanario Seis Páginas