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Diócesis de Puerto Iguazú, a favor del matrimonio y la familia

La Diócesis de Puerto Iguazú, en persona de su Obispo Marcelo Martorell y sus sacerdotes, manifestaron de manera pública algunos de los fundamentos “que nos llevan a defender la institución del matrimonio y la familia y oponernos al pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, sin la intención de discriminar a nadie y respetando las diferencias que existen en la sociedad”.

COMUNICADO



Fundamentos antropológicos



El matrimonio no proviene de una decisión eclesial (el matrimonio es anterior a la existencia de la Iglesia), ni de las decisiones provenientes de una relación privada, sino que se trata de un vínculo incrito en la naturaleza del ser humano, que tiene decisivas consecuencias sociales. Es propio por naturaleza que el ser humano tienda a la unión del hombre y de la mujer como camino natural para la procreación. Esto lejos de ser una acto privado, sitúa a este vínculo en la categoría de entidad social y pública de especial trascendencia. El matrimonio –incluso- precede al Estado y es la base sobre la cual se construye la familia, célula vital de la sociedad.



La naturaleza no discrimina cuando nos hace varón o mujer. El Código Civil Argentino tampoco  discrimina cuando exige como requisito ser varón y mujer para contraer matrimonio; solamente está reconociendo una realidad natural. No se trata de discriminar ni de negar derechos a las personas homosexuales. Cada uno tiene los derechos que les da la ley basado en el derecho que la naturaleza les ha dado. Así, el derecho de tener hijos es para el varón y la mujer; el derecho al matrimonio es para la pareja formada por la mujer y el varón. No se trata de discriminar a nadie, sino de preservar los valores esenciales de nuestra sociedad que son el valor de la vida y el valor de la familia.



Al pretender regular la situación de los hijos que surjan de las uniones de personas del mismo sexo, se cambiarán profundamente las leyes que actualmente garantizan el derecho humano a la identidad del niño y que se basan en el vínculo biológico. Pretender esta regulación implica menoscabar la categoría de persona del niño, haciéndolo una cosa a merced de los deseos de las personas al privarlo de sus vínculos más esenciales cuales son la maternidad y la paternidad naturales. Además la legalización de uniones de personas del mismo sexo va en contra del interés superior del niño, criterio – eje de la Convención sobre los Derechos del Niño. El niño tiene derecho a crecer y desarrollarse en su dimensión psicosexual a partir de la complementariedad que existe entre el varón-papá y mujer-mamá. Nunca será lícito experimentar con los niños exponiéndolos a criarse en contra de lo que marca la misma naturaleza.



Legalizar las uniones entre personas del mismo sexo significaría prácticamente derogar el Derecho de la Familia.



No se trata tan sólo de una alteración de un orden jurídico positivo, sino una alteración del mismo orden de la naturaleza, del orden que las civilizaciones y las culturas desde tiempos antiguos han reconocido y respetado.




Fundamentos filosóficos



Es injusticia tratar del mismo modo cosas diferentes. Discernir y distinguir es obligatorio ante realidades diferentes como son la homosexualidad y la heterosexualidad. Igualar estas situaciones, sus alcances y derechos en la sociedad, es injusto. No se discrimina cuando se distingue. Una cosa es discriminar y otra cosa es confundir. Hay que unir sin confundir y distinguir sin separar. No hay que confundir homosexualidad con heterosexualidad. No son iguales. 



Va contra la razón la pretensión de exaltar el pluralismo y la diversidad cultural y al mismo tiempo minimizar e incluso pretender anular las diferencias humanas fundamentales (hombre-mujer, padre-madre, padres-hijos).



Equiparar el matrimonio entre el hombre y la mujer con las uniones homosexuales es pretender cambiar la sustancia de esa realidad. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y desde la misma mirada.



Fundamentos sociales



Legalizar las uniones homosexuales generará una radical alteración del orden público y del sistema de filiación.



Traerá consecuencias sociales negativas en cuanto desestabilizará a la sociedad al generar confusiones psicológicas y sociales que afectarán sobre todo a los niños, a los jóvenes y a las generaciones futuras. Dar rango legal a estas uniones inducirá a pensar que el comportamiento homosexual público es un bien social que debe ser protegido por el Estado.



No es necesario dar estatus legal a las uniones entre personas del mismo sexo para poder gozar de bienes compartidos, obra social, pensiones. Todo lo cual se logra mediante acuerdos legales previstos ya sea en el contrato civil o en otra denominación, que no requieren la figura del “matrimonio civil”.



La ley no puede ignorar que son millones los argentinos que defienden como legítima y única forma de familia al vínculo libre permanente y exclusivo entre un varón y una mujer.



Los beneficios legales instituidos en nuestras normas legales al matrimonio se hicieron considerando las funciones intransferibles que tienen el varón y la mujer en la transmisión de la vida y la educación de los hijos. Las uniones de personas del mismo sexo no cumplen con estas funciones ni generan esos beneficios. La afectividad homosexual no requiere de una “institucionalización” porque es privada, como la amistad.



Fundamentos jurídicos



El matrimonio está reconocido como unión de hombre y mujer y como derecho en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23; en la Declaración universal de los Derechos del Hombre, artículo 16; en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 17, inciso 2; en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 16, inciso a. Todos estos acuerdos tienen jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina. Por lo tanto alterar el concepto de ‘matrimonio’ es inconstitucional y viola pactos internacionales.



Toda ley hace distinciones por las cuales se restringen sus alcances (votación, permiso de conducir –sea por edad, salud o características psicofísicas–, edad para casarse, edad escolar, etc.). No se trata de ‘marginación’ sino de distinción de derechos según diferencias objetivas y circunstancias diversas. Distinguir o negar a alguien un reconocimiento legal es inaceptable sólo si se opone a la justicia. No atribuir estatuto social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no son -ni pueden ser- matrimoniales no se opone a la justicia, sino que por el contrario es requerido por ésta.



El derecho tiene por objeto la justicia de las relaciones humanas, no los sentimientos o el poder elegir a otra persona del mismo sexo para ser feliz. Comprender y sostener que el derecho debe ocuparse de la justicia de las relaciones humanas, es de una importancia angular para la sociedad; dado que a mayor justicia, mayor sera la garantía para el bien común y para la estabilidad de una sociedad.



Una cosa es que todo ciudadano pueda desarrollar libremente actividades de su interés, preferencia o gusto y que esto se enmarque en los derechos civiles comunes establecidos. Pero otra cosa muy distiinta es pretender que actividades que no representan una contribución significativa o positiva para el desarrollo de la persona y de la sociedad, tengan que recibir un reconocimiento legal específico y cualificado, como es el caso de la pretensión del llamado matrimonio homosexual legal, que no posee una relevancia pública que amerite ser regida por el ordenamiento jurídico. 



Los convivientes homosexuales tienen garantizados –por el mismo hecho de su convivencia- derechos comunes como personas y ciudadanos y pueden recurrir al derecho común para pedir justicia para situaciones jurídicas de interés común. Es de señalar que sería una grave injusticia sacrificar el bien común e introducir confusión en el Derecho de Familia, para obtener bienes (obra social, pensiones, etc.) que pueden y deben ser garantizados por caminos legales que no dañen la generalidad del cuerpo social.



La figura del matrimonio homosexual viola el derecho de los niños a tener una familia, reconocido por la Convención Internacional Sobre los Derechos de la Infancia, preámbulo, parágrafo 5. Dar a niños en custodia de una pareja homosexual es anteponer un pretendido “derecho” de los adultos al derecho prioritario de los niños, que deben ser los únicos privilegiados.



En caso de aceptarse la legalización de la unión entre homosexuales asignándole la categoría de matrimonio y reconocer el derecho a tener hijos y constituir familias generará la posibilidad de que dúos homosexuales puedan solicitar la aplicación de prácticas de fertilización y reclamar que estas sean solventadas por las Obras Sociales.



Esto produciría un desequilibrio importante en el sistema sanitario y en el de prevención de la salud.



Asignar por ley “nuevos derechos” como casarse y adoptar niños, no sólo implicaría someter a los niños a gravísimos peligros, sino que además afectaría su normal desarrollo emocional al carecer de la bipolaridad natural y necesaria -hombre y mujer- indispensable para su correcta maduración afectiva y el sano desarrollo de su futura sexualidad.



+ Marcelo Raúl Martorell
Obispo de Puerto iguazú

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