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Misiones en Baires

Diputados: Se votó la urbanización de las Barrios Populares

Tras recibir 194 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el oficialismo que estipula la expropiación de terrenos para urbanizarlos, mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial

Como miembro informante, el diputado Pablo Tonelli (PRO) explicó que el propósito “consiste en regularizar el dominio de más de 4.000 barrios populares, significa que van finalmente a ser dueños de la propiedad que ocupan y contribuye a la mejora del hábitat”.

“La integración urbana está orientada al acceso a los servicios, a la eliminación de las barreras urbanas, a un fortalecimiento de los espacios. Es una mejora sustancial de vida de los que están en situación vulnerable”, dijo Tonelli.

Además, recordó que “se suspenden los desalojos que pueden estar en curso” en barrios populares.

Fabio Quetglas (UCR) mencionó que “en menos de 20 años se instalaron el 45% de las villas existentes” y recordó la elaboración de un registro de barrios populares que “constituye una herramienta para hacer política pública”.

“Todo el esfuerzo que hagamos por mejorar el hábitat de los ciudadanos está justificado. La vivienda es el acceso a un paquete de derechos”, resumió el legislador radical.

La diputada Mayra Mendoza (FPV-PJ) dijo que este proyecto “no resuelve gran parte de los proyectos de los habitantes de los barrios populares” y pidió incorporar una nueva definición de integración socio-urbana.

Asimismo, Mendoza inquirió al oficialismo: “Dudamos de la intención que tiene el gobierno, porque hacen uso de los más humildes. Están ahogando al pueblo argentino”. Sin embargo, adelantó que su bancada acompañaría el texto con modificaciones.

Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, valoró “el enorme trabajo de campo del relevamiento” y definió la iniciativa como “una restitución de derechos para familias que están esperando que el Estado les dé condiciones para una vida digna”.

En tanto, Leonardo Grosso, del Peronismo para la Victoria, reivindicó el trabajo de las organizaciones sociales en el relevamiento y adelantó el acompañamiento a la iniciativa.

“Pero no se confundan, los movimientos populares no queremos propinas ni dádivas. Queremos derechos. Vamos a pelear por cada peso que les están sacando a los pobres. Queremos tierra, pan, techo y trabajo”, dijo Grosso en el recinto.

Héctor Flores, de la Coalición Cívica, advirtió que “es una oportunidad inédita para cambiar la historia de estos barrios sin ley, para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de salir de las condiciones estructurales de pobreza”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria –PJ, Agustín Rossi, titular de la bancada, calificó a la ley como “un punto de partida” y estimó que “el Estado tendrá que arbitrar los medios y el esfuerzo económico”.

“No es lo mismo efectuarla en medio de un fuerte ajuste del Estado nacional, es un punto de contradicción en lo que estamos viendo hoy”, denunció Rossi.

Como titular del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), remarcó el valor de “dos años sin choques, sin ideologizar, el trabajo entre el Estado y las organizaciones sociales”.

La iniciativa dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), creado por decreto 358/2017 con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que obtengan los servicios básicos.

También propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen, cuyos fondos serán establecidos en la ley de presupuesto de 2019.

En el debate en el plenario de comisiones, una de las modificaciones introducidas al texto original radica en la cláusula que autorizaba a la Nación a proceder a la expropiación, aún en caso de falta de acuerdo con las provincias y municipios.

En consecuencia, se necesitará el acuerdo de las tres partes. También se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del ministerio de Desarrollo Social.

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