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El Jurado de Enjuiciamiento rechazó una denuncia contra la jueza Gauchat

Tras realizar una investigación preliminar, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados rechazó una denuncia contra la jueza de Instrucción de Oberá Alba Kuzmann de Gauchat. El abogado José Jacobo Mass le había imputado las causales de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo en dos homicidios ocurridos en la zona Centro.

El Jurado presidido por Roberto Uset y conformado por los ministros Ramona Beatriz Velázquez y Humberto Augusto Schiavoni; los diputados Oscar Felipe Redczuk y José Garzón Maceda; y los abogados Oscar Delgado y Mario Héctor Mottola, decidió rechazar el pedido de destitución porque “no se advierte que (la jueza) haya incurrido en un desconocimiento grosero del derecho, que traduzca una ineptitud intelectual que la inhabilite para el desempeño de su función de Juez o que hagan intolerable su permanencia en el cargo”.



“Tampoco se advierte un accionar doloso de la juez, que configure la comisión de los delitos que se le atribuyen en la denuncia”, señala la resolución.



“En definitiva, las irregularidades que se le atribuyen a la magistrada denunciada, no revisten la gravedad, ni tienen la entidad suficiente como para dar curso a la presente denuncia por no configurarse las causales de destitución de falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a su cargo o delitos comunes”, señala en la parte resolutiva el Jurado.



Mass había atacado el desempeño de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat en dos complejas investigaciones: el crimen de Marilyn Bárbaro y la violación y muerte de la estudiante Silvia Andrea González. En el primero de los casos, Mass actuó como defensor del por entonces imputado Matías Ortiz; y en la otra causa como abogado de Hugo Dante Ríos, hijo del alcalde de Campo Viera, quien sigue procesado pero en libertad.



El defensor atacó fundamentalmente el tiempo en que sus clientes y otros imputados permanecieron detenidos con prisión preventiva pese a que habían vencido todos los plazos fijados como “razonables”. Además, cuestionó la forma en que se produjeron algunas de esas detenciones y se rechazaron los sucesivos pedidos de excarcelaciones.

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