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El proyecto de legalizar el aborto “agravia el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”

Se señala en la declaración dada a conocer por el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir) indicando que “cuando el Senado de la Nación tiene la grave responsabilidad de tratar el proyecto de legalización y promoción del aborto ya aprobado por la Cámara de Diputados” desea hacer oír su voz.

Puntualizan:

“Somos una asociación formada por personas de muy diversas creencias y convicciones. Nuestro objetivo es defender el derecho humano fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión tal como lo garantizan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que el Estado tiene el deber jurídico de garantizar a toda persona. Las iglesias y comunidades religiosas, a las que pertenecemos, tienen una fundamental coincidencia en defender la vida como don de Dios.

Este proyecto agravia el derecho a la vida, pero también la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y en ese punto nos queremos centrar ahora.

1. La libertad religiosa y de conciencia que se debe garantizar a toda persona, obrando individual o colectivamente, incluye necesariamente el derecho a la objeción de conciencia, esto es, a no ser obligado a obrar en contra de las convicciones profundas (sean o no religiosas) y del mandato de la propia conciencia. Este derecho ha sido reconocido por múltiples normas y por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de ley restringe de manera inconstitucional e inadmisible el derecho a la objeción de conciencia, que se ejerce en cada caso y no en abstracto y por anticipado. El mandato de hacer “listas negras” de profesionales de la salud objetores, que verán truncadas sus carreras y restringidos sus derechos, es inaceptable y contradice la prohibición de almacenar datos sensibles, como son las convicciones morales o religiosas de las personas. El derecho individual a la objeción de conciencia debe ser amplio e irrestricto, incluyendo la libertad de no colaborar en forma alguna con prácticas inaceptables para la propia conciencia ética, religiosa o profesional.

2. Es imperativo reconocer el derecho a la objeción institucional o de ideario, esto es, no forzar a las instituciones o establecimientos de salud a practicar abortos en contra de ese ideario, sea confesional o simplemente ético. La libertad de pensamiento, conciencia y religión no puede quedar cancelada por el hecho de ejercer la actividad profesional en conjunto con otros, como por otra parte exige la medicina actual. Es inaceptable obligar a los centros de salud confesionales a colaborar con la práctica de abortos en contradicción con la doctrina que los inspira; pero también lo es obligar a instituciones privadas formadas o dirigidas por personas con convicciones éticas o religiosas definidas. Si el Estado considera valioso destinar sus propios recursos a financiar abortos, no puede obligar a los particulares (sean personas humanas o jurídicas) a hacerlo también.

3. La pretensión de imponer una sanción penal a quien se niega a realizar abortos es absolutamente inaceptable. Implica la obligatoriedad del aborto, no sólo para los médicos, sino para enfermeros, personal auxiliar y muchas otras personas que quedan sometidas a la “obediencia debida”. La sanción penal a las “autoridades” de establecimientos de salud que se nieguen a practicar abortos es totalmente inadmisible. ¿Quiénes son esas autoridades? ¿Las autoridades religiosas de las iglesias o comunidades que prestan servicios de salud?

4. La prohibición de manifestar “consideraciones personales, religiosas o axiológicas” impuesta a los profesionales de la salud y a “terceros”, constituye una inaudita e inaceptable restricción no solamente a la libertad religiosa y de conciencia, sino también a la libertad de expresión, absolutamente reñida con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

5. La educación sexual integral sin duda es una necesidad y su inclusión en la currícula escolar es correcta. Sin embargo, no debe perderse de vista que la responsabilidad en esa materia es primordialmente de las familias y de los padres. Las escuelas confesionales deben tener garantizado el derecho de impartir educación sexual de conformidad con sus propios principios morales y religiosos, tal como ya lo prevé la Ley 26.150.

6. En función de lo expresado y en el caso de que el Senado resuelva acompañar la aprobación del proyecto de ley en revisión, resulta indispensable que cuanto menos suprima los artículos 2 (que impone una sanción penal con pena de prisión a quien se niegue a practicar abortos), 14º párrafo tercero (en cuanto prohíbe a los profesionales manifestar convicciones religiosas o axiológicas) y 17º inciso c (referido a las listas o registro de objetores de conciencia) y modificar sustancialmente el artículo 15º garantizando en forma amplia e irrestricta el derecho a la objeción de conciencia individual (no solamente de médicos, sino de toda persona) y colectiva, previendo expresamente la facultad de las instituciones de salud, confesionales o no, de eximirse de realizar abortos u otras prácticas vinculadas a la salud reproductiva que sean contrarias a sus principios, dogmas o ideario.

7. Finalmente, no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por la descalificación que a menudo se hace de opiniones o posiciones por el sólo hecho de ser expuestas por personas o instituciones que reconocen o exhiben una identidad religiosa definida. Las iglesias y comunidades religiosas, y sus miembros, son parte importante y valiosa de la sociedad y tienen pleno derecho a hacer oír su voz. Ninguna de ellas pretende imponer nada, pero una laicidad respetuosa del Estado no puede restringir su expresión”.

Firman el pronunciamiento el presidente Raúl Scialabba y el secretario Juan Martín Vives.