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Misiones en Baires

El Senado aprobó el Código Procesal Penal con apoyo misionero

El Senado Argentino aprobó por 39 votos contra 24 el nuevo Código Procesal Penal. Ahora queda en manos de los Diputados Nacionales. El texto reemplaza el actual sistema judicial “inquisitorio” por uno “acusatorio”. La misionera Sandra Giménez habló en el recinto y destacó que “todos coinciden en la necesidad de una actualización”, y estimó que “está profundamente adaptado este sistema acusatorio para dar las funciones de garantías a cada una de las partes”. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto calificó de “incoherente” la postura opositora por no acompañar el proyecto.

El proyecto

Según la iniciativa oficial, la investigación preparatoria estará a partir de la reforma a cargo de los fiscales y no de los jueces, razón por la cual la oposición reclamaba paralelamente una reforma del Ministerio Público.

El proyecto oficial tuvo más de cuarenta cambios en comisión, por ejemplo en el artículo referido a la suspensión del proceso a prueba, vinculado a los extranjeros que sean encontrados en flagrancia delictiva. A diferencia de la letra original, el nuevo Código no discriminará entre extranjeros en situación regular o irregular, aunque a los primeros les otorga la posibilidad de solicitar una probation en el país. De esta manera, se mantiene la posibilidad de expulsión, siempre y cuando el delito imputado conlleve el cumplimiento de una pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión y que no se vulnere el derecho de reunificación familiar.

El proyecto establece que consumada la expulsión, esa persona tendrá prohibido el reingreso por no menos de 5 y no más de 15 años. Por otra parte se mantiene la posibilidad de mantener detenido a quien haya sido encontrado en flagrancia durante 72 horas y se agregó la posibilidad de que el fiscal pueda prorrogar esa detención por 72 horas más.

Del proyecto original se eliminó la cláusula de conmoción social como un agravante para el victimario. Pero se mantienen otros aspectos a tener en cuenta por el magistrado, como la existencia de peligro de fuga o que el acusado pueda entorpecer la investigación en función de la gravedad de las circunstancias del delito, su naturaleza o las condiciones del imputado.

Respondiendo en parte el reclamo de la oposición, el plenario recortó facultades del Ministerio Público Fiscal para distribuir a los fiscales en las diversas causas, estableciéndose que a partir de ahora el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán compensar la distribución de las causas existentes entre las Fiscalías y Defensorías ante cada Cámara “mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa”.

Las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara, determina la nueva norma.

En otro orden, no fue modificada la facultad del fiscal de estar a cargo de la investigación preparatoria que puede tardar hasta un año y que concluye con la acusación del imputado, exhibiendo las pruebas pertinentes al juez.

Durante la preparación del juicio se resolverá qué pruebas se tendrán en cuenta y se determinará el tribunal que se hará cargo del proceso oral y público.

Asimismo, los fiscales podrán decidir cuáles delitos investigar. Pero eso sí: están obligados a investigar las causas contra funcionarios cuando se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo o episodios de violencia doméstica o discriminación.

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