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El Senado aprobó la Ley de abastecimiento con apoyo misionero

Los Senadores misioneros votaron a favor del proyecto. El debate se extendió hasta las 4 15 de la madrugada de este jueves. El oficialismo y sus aliados consiguieron 38 votos afirmativos, contra 27, y logró así la media sanción. El texto actualiza las multas y autoriza una mayor intervención del Estado en el proceso de formación de precios. Además se aprobó un nuevo fuero a los consumidores y un observatorio de precios.

El proyecto de ley de abastecimiento

El proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores.

En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.

Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.

El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.

Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial, de acuerdo a un cambio que aceptó el Ejecutivo.

Durante el debate en comisión, el oficialismo también accedió a eliminar las clausuras definitivas y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva regulación, “siempre que no detecten posición dominante”.

Pero además, la autoridad de aplicación original -la Secretaría de Comercio- no figurará directamente en el texto legal, sino se ordenará al Poder Ejecutivo a que la designe.
Nuevo fuero destinado a los consumidores

Con apoyo generalizado de la oposición, el Frente para la Victoria consiguió aprobar el proyecto menos conflictivo del paquete dirigido a los consumidores: la creación de un nuevo fuero judicial para atender los reclamos.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, obtuvo 53 votos a favor contra 11 en contra. Así sucedió en la votación en general, pues en la votación en particular, la oposición votó en contra ciertos artículos.

La iniciativa crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.

Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas.

Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.

En esos dos ámbitos, las audiencias serán públicas y orales, y el auditor o juez resolverá el caso en ese mismo momento. La decisión del auditor podrá apelarse en la instancia siguiente. En la Cámara de Apelaciones, todo el proceso no podrá durar más de 60 días.

Observatorio de precios

Asimismo, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados, al cabo de una sesión maratónica, el proyecto del Poder Ejecutivo para crear un observatorio de precios, con 38 votos a favor y 27 en contra.

De acuerdo con el texto, este observatorio se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.

El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados.

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