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Eliminación del Fondo de la Soja: ¿Por decreto o por ley?

El Fondo Federal de la soja fue incluido como un recurso en la ley de presupuesto 2018 y consecuentemente en los presupuestos provinciales y municipales. Para quitarle a las provincias y municipios esos recursos disminuyéndole los ingresos presupuestado debería ser por ley y nunca para el año en curso.

En relación al Fondo Federal de la Soja, se entiende que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultades para modificarlo por decreto. Es un acuerdo con las las provincias y ellas no delegaron en la Nación la atribución de modificarlo por un DNU. La delegación debe ser expresa y la quita aceptada por las provincias como fue aceptado por el pacto fiscal.

Su mantenimiento fue acordado y homologado por cada provincia. La Nación no fue facultada, en ese pacto firmado con las provincias para modificar unilateralmente la distribución. Los alcances del pacto quedaron fuera del ámbito de aplicación de un DNU. Al haberlo pactado ya no depende de la discrecionalidad del que lo recauda.

Se acepta que es un activo que tiene tres propietarios: Nación, Provincias y municipios. Aún cuando el argumento de la Nación es que lo previsto en el CF sobre el FoFeSo, era “mientras este estuviese vigente”. Y allí es donde radica la discusión jurídica. Igualmente la cesación debiera ser comunicada y acordada porque el pacto en si es una transacción en la que cada parte da “en pago” algo para que el trato sea equitativo y cada uno tenga lo que le corresponde.

Habiendo las provincias resignado su recaudación, no puede la Nación aumentar la suya a costa de su contraparte. Esa parte de la cláusula sería operativa para el caso que desapareciera el origen del FSS, es decir, que no se recaude más vía retenciones. La regla en todo contrato bilateral es que el cumplimiento de ninguna prestación esencial de una de las partes puede depender unilateralmente de su exclusiva voluntad.

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