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EDITORIAL

Equilibrar las cuentas públicas sin equidad es dar un paso al vacío; más temprano que tarde

En la reunión del Presidente con los Gobernadores no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires fue la única que salió gananciosa, aun perdiendo la multimillonaria cifra reclamada en función del Fondo del Conurbano Bonaerense. En cuanto a la actividad privada, los reclamos llevados por los gobernadores de las Provincias productoras, permitieron salvar del aumento impositivo a vinos y cervezas, mientras las grandes multinacionales negocian en reuniones de sus directivos regionales con autoridades de Economía, la eliminación de un aumento impositivo que, juzgan, harían insostenibles sus empresas.

El rechazo a la reforma laboral de parte de los gremios reunidos en la CGT, puso otro límite a la intención de incrementar una informalidad legalizada. Que es lo que se consiguió con la flexibilización del menemismo, en la década de los 90, sin que pudieran recuperarse por entonces empresas ni trabajadores.

Las Provincias tienen voz y voto en el Congreso de la Nación a donde se derivarán las propuestas del Gobierno de la Nación, este lunes 13. Por lo que la prudencia capeó en la reunión con el Jefe de Estado, a la que el primer mandatario de Misiones calificó de “informativa”. Habrá también nuevos encuentros en la semana del Presidente y los Gobernadores en forma simultánea al debate en el Parlamento que, cuando menos, será intenso.

Pero hay un sector de la sociedad que acaso sea uno de los más débiles y que no tienen voz ni voto sino es por intermedio de las autoridades políticas y los representantes en el Congreso: los jubilados y, con ellos, los beneficiarios de los programas sociales. A los que se les quiere quitar la actualización de los haberes por la vía polinómica usada hasta ahora, por un ajuste por “inflación”.

Baste mirar el estudio realizado por una institución privada, que analiza la realidad económica desde una perspectiva ortodoxa –es decir, cercana a la visión oficial-, para determinar quiénes podrán ser los mayores perdedores. Dice Ieral de la Fundación Mediterránea: “las sumas fijas detraídas son $ 120 millones anuales para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Anses); $ 20 millones anuales para refuerzo de la cuenta especial 550 ("Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias") y $ 440 millones anuales al conjunto de las provincias y para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas en los artículos 3 y 4 de la ley 23548, incluyendo Tierra del Fuego.

“Después se producen detracciones móviles: 20% para Anses (este año esta pre-coparticipación le genera al conjunto de las provincias, un costo equivalente 0,5% del PBI); 10% hasta un monto de $ 650 millones anuales a Buenos Aires (en 2017 el perjuicio para el distrito fue de $52.000 millones); 2% para refuerzos de ATN; 4% que se distribuye entre todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de Buenos Aires (y CABA) conforme el índice de necesidades básicas insatisfechas y el 64% restante para Nación y provincias”.

Y la pregunta del millón: es justo que nuevamente se cargue sobre las débiles espaldas de los jubilados –y los más pobres- el peso del enorme déficit de la Nación. Máxime después de haber liberado de impuestos y retenciones a los sectores económicos más concentrados, generando la desfinanciación del Estado. Al tiempo que se tomaban alegremente préstamos en el exterior para tapar el rojo del gasto corriente.

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