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POSADAS

Espionaje telefónico: rechazaron testimonios ofrecidos por los imputados

Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados, Roberto Uset, Humberto Schiavoni, Cristina Leiva, Felipe Redczuk, José Garzón Maceda, Gustavo Staude y Carlos Bobadilla, rechazaron la mayoría de los testigos ofrecidos por los jueces de Instrucción Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes el próximo 6 de abril deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la intervención de líneas telefónicas que resultaron ser del dirigente judío Sergio Burstein y del empresario Carlos Ávila, entre otros.

Por unanimidad, el Cuerpo decidió rechazar la convocatoria del ex policía Federal Ciro Gerardo James, el oficial auxiliar Diego Gastón Guarda, el comisario inspector Raúl Alberto Rojas, el comisario inspector David Santiago Amaral, el comisario mayor Antonio César Fernández, el comisario mayor Rubén Alberto Quintana, la secretaria del Juzgado de Instrucción 1 Mónica Elizabeth González, la secretaria del Juzgado de Instrucción 3 Lidia Beatriz Kruchowski, el ex comisario de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios, los secretarios penales Fernando Javier Castelli y Augusto Gregorio Busse, y tampoco hicieron lugar al testimonio de Ramón Alberto Pared. Todos habían sido ofrecidos por el juez Gallardo y su defensa.



Los integrantes del Jurado dijeron que se trata de personas que están imputadas y procesadas en la causa, motivo por el cual mal se las podría obligar a declarar bajo juramento.



Sin embargo, el Jurado decidió incorporar los dichos de esas personas cuando realizaron declaraciones informativas o como imputados en la causa.



Además, se rechazó el pedido del juez Rey para escuchar las grabaciones realizadas en el marco de la investigación de un homicidio, al igual que las fotografías y filmaciones realizadas en otra causa.



Por mayoría, también no se hizo lugar a la incorporación al debate de investigación del homicidio de Pablo Fraire, ni un prueba informativa a la División de Observaciones, todas pedidas por Rey.



El Jurado también descartó los testimonios de los fiscales Amalia Benedicta Spinatto y Christian Antúnez, del juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez, del camarista penal Eduardo D´Orsaneo, de la jueza Correccional y de Menores Marcela Alejandra Leiva, que había pedido el juez Gallardo.



Además de incorporar los distintos incidentes por los cuales se solicitaron las intervenciones telefónicas, el Jury decidió librar un oficio al Tribunal Penal 1 de Posadas para que informe si se encuentra fijada fecha para debate oral por el homicidio de Ercélides Dávalos y si Cristina Liliana Vázquez se encuentra detenida en esa causa. Además, deberá detallar el Tribunal se allí se trabó alguna nulidad relacionada con las intervenciones telefónicas que posibilitaron la detención de la imputada prófuga.



Por su parte, la División Observaciones Judiciales deberá detallar cuántas intervenciones telefónicas realiza por mes, si las mismas sólo se realizan para los juzgados de Posadas, de toda la Provincia o de otra jurisdicción; cuántos cassettes por día se utilizan para la grabación de una línea telefónica intervenida; si todas las desgrabaciones se realizan en dicha dependencia; cual es la dotación de personal encargado de la desgrabación del material colectado en una intervención telefónica; cuántas celdas para intervenciones telefónicas cuenta a disposición para dar cumplimiento a los requerimientos judiciales; si cada celda pertenece a una sola línea o a varias; si en algunas oportunidades no se ha podido realizar la intervención al momento solicitado por carencia de celdas disponibles.



La Policía de Misiones deberá responder vía oficio cuál fue la dotación de personal de la Brigada de Investigaciones vinculadas con la investigación de homicidios; si el oficial ayudante Diego Gastón guarda intervino en la investigación del homicidio de Dávalos, en la ubicación y paradero de la prófuga Cristina Vázquez; si participó en la investigación del homicidio del contador Piccoli y en la ubicación y paradero de Pedro Figueredo, en su caso cual ha sido el resultado de dichas investigaciones y si el mencionado oficial recibió algún reconocimiento por su trabajo en ambos casos de parte de la fuerza. Además, si el oficial mencionado u otros oficiales y suboficiales realizaban las escuchas del material grabado en intervenciones telefónicas y a la desgrabación de las mismas a los fines de informar a los oficiales superiores sobre la marcha de la investigación y al juzgado que ordenaba las escuchas, en caso afirmativo cual era la dotación que se encargaba de las mismas y si dicha dotación estaba destinada solamente a esa función o por si el contrario debía alternarla con el trabajo investigativo de rutina de otros hechos.



El debate oral y público que podría terminar con la carrera judicial de Gallardo y Rey comenzará el 6 de abril a las 8.00 en el Palacio de Justicia.

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