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Estafas: profundizan investigación sobre ONG que tramitaba presuntos beneficios

La Dirección de Investigaciones no descartó que centenares de ex conscriptos hayan sido víctimas de estafas por parte de la Asociación Civil “Para una mejor vida”, cuyo presidente, Roberto Benítez fue detenido este jueves junto a su hijo por los delitos de “defraudación y falsificación de documento público”. Los investigadores continúan analizando el contenido de las computadores y documentos secuestrados en dos allanamientos realizados por orden del juez de Instrucción Fernando Verón.

Según trascendió, Benítez había instalado hace ocho años una oficina en el edificio donde funcionan las oficinas centrales del Registro Provincial de las Personas, en la Chacra 32-33, donde tomaba fotografías 4×4, negocio al que luego sumó la reparación de celulares y desde hace tres años habilitó la ONG con la personería jurídica 2958.


Los investigadores dijeron que Benítez promocionaba la ONG como si estuviera integrada por veteranos de la guerra de Malvinas, pero en realidad asociaba a cualquier persona que hubiera realizado el servicio militar obligatorio (colimba) hasta su derogación, en la década del 90. Es decir que no se limitaba a aquellos conscriptos que estuvieron bajo bandera durante el conflicto bélico con Inglaterra.


Algunas de esas personas contaron a los policías que Benítez les cobraba 120 pesos para asociarlos y les decía que en un futuro no muy lejano obtendrían algún subsidio o pensión a través de una ley que ya estaba en la Cámara. Pero la oferta no terminaba allí: decía que de la misma manera lograrían pasajes gratis tanto en el transporte local como de media y larga distancia, prendas de vestir a un precio preferencial y otros beneficios.


Las fuentes consultadas indicaron que la ONG habría sumado a unos 2.000 ex colimbas, lo cual hace presumir que Benítez recaudó con ello alrededor de 200.000 pesos.


El ahora detenido tendría contactos con distintos sectores estatales e incluso participaba activamente de actos políticos, de acuerdo con las fotografías que aparecían pegadas en el local allanado. Además, en las oficinas de la ONG funcionaba el partido político Movimiento Social y se halló en ese lugar formularios de uso exclusivo del Registro Provincial de las Personas.


En ese organismo público trabaja Pablo Alberto Benítez, hijo del presidente de la ONG, quien también quedó detenido cuando esos mismos formularios fueron hallados en su casa.


El caso salió a la luz el miércoles cuando una pareja denunció que Benítez les cobró 5.000 pesos para gestionarle dos carnet de conducir para sus hijos que residen en el exterior. El imputado les entregó las licencias pero cuando la pareja fue a certificar su autenticidad ante la Municipalidad de San Vicente fueron notificados que eran apócrifas.

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