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Fallo judicial declara actitud del Soeme como “maliciosa” y ordena el pago de una multa en favor de la EFA Santa Teresita

La Justicia rechazó “in límine” las pretensiones del Sindicato de Obreros u Empleados de la Minoridad y la Educación , y procedió el levantamiento de los embargos librados contra la Escuela de la Familia Agrícola “Santa Teresita” de la ciudad de Leandro N. Alem. Además, ordenó el pago en favor de la institución educativa de 8.087,32 pesos y, quizás el aspecto más trascendente del fallo de la jueza en Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familar, Pamela Barrios, es que impuso una multa por la conducta considerada “maliciosa” del Soeme que alcanza a 18.881,06 pesos. También deberá hacerse cargo de los honorarios de la abogada de la organización atacada.

En algunos de los considerando de los fallos, que se considera ejemplar para las pretensiones del Soeme, la jueza
remarca que no pudieron desconocer la competencia territorial, aspecto que tipificó como una conducta temeraria “…todo ello en base al desgaste jurisdiccional  realizado, los trastornos generados en cuanto a la imposibilidad de utilización de determinados fondos por parte de la escuela demandada, los perjuicios que ello genera, más aun considerando la actividad referente a un servicio tan básico, como lo es el servicio de enseñanza”.

La Asociación de Institutos de gestión privada de la Provincia denunció oportunamente ante el Ministerio de Trabajo al gremio al considerar que causó graves inconvenientes en Misiones. En la presentación se destacó la conducta “anti-jurídica y disvaliosa” del Soeme, que incluso hizo peligrar la continuidad de innumerables escuelas de escasos recursos, como son las Escuelas de las Familias Agrícolas, las Escuelas Interculturales Bilingües, las Escuelas Especiales que atienden a estudiantes con afectaciones motrices, sordos, ciegos y otras discapacidades, que se sostienen gracias al aporte solidario de la comunidad y que ante “el virulento e injustificado ataque” del gremio llegaron a analizar la posibilidad cierta de cerrar sus puertas.

La AIPEM denunció en esa y en otras oportunidades “la ilegal utilización de la personería gremial”, solicitando en su oportunidad la suspensión del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación por haber cometido el delito de “fraude”.

Fundamentaron en esa ocasión cuestiones que ahora la justicia comienza a darles la razón, como es el caso de falsificaciones de documentos, “mentiras referentes a supuestas visitas no realizadas, actos engañosos, actas incompletas y viciadas de nulidad absoluta por inclusión de datos falsos de manera adrede y otras acciones contrarias a la verdad y a la rectitud; todos temas que ocasionaron perjuicios graves en los institutos de educación pública de gestión privada de la Provincia de Misiones”.

Estas cuestiones parecen ir resolviéndose con el actuar de la justicia por un lado y las negociaciones encaradas “con firmeza” por AIPEM “que fueron y son un paradigma en la Argentina y que permiten eliminar presiones gremiales indebidas consiguiendo ingresar lentamente en el camino de una normal relación dentro de las leyes nacionales, siendo este fallo un ejemplo de como las actitudes ilegales solamente provocan daños y no conducen a resultados adecuados, en este caso para la educación de Misiones”.

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