SEGUINOS

POSADAS

Gasoducto, cosechero, discapacitados, promoción del Norte

Entre los temas destacados, que fueron presentados en la última etapa del año figuran: La Creación del Fondo Fiduciario Gasoducto Noroeste Argentino (Irrazabal), Créase la categoría de Trabajador Agrícola Cosechero (Ziegler), Créase el Instituto Nacional del Folklore Argentino (Perié), Sistema Nacional de Protección de las Personas Discapacitadas (Leverberg) y la Promoción del Desarrollo del Norte Argentino (Llera, Irrazabal, Perié, Risco y Ziegler).

En un contexto, según anticipan los asesores legislativos “de pocas sesiones”, estás iniciativas de suma importancia para Misiones y las demás provincias del NEA-NOA tendrán un comino complejo para lograr su aprobación. Es decir, lograr los dictámenes en las comisiones de trabajo lo más rápido posible.



 



En el mes de marzo del 2011 comenzará activamente el trabajo de las comisiones en el anexo de Cámara de Diputados. Recorremos los proyectos presentados por los legisladores misioneros en los últimos meses del año:



 



Juan Manuel Irrazabal:



Artículo 1º. – Créase el Fondo Fiduciario Gasoducto Noreste Argentino (GNEA) cuyo objeto será financiar, avalar, pagar y/o repagar las inversiones, los tributos y los gastos conexos necesarios para la realización del proyecto Gasoducto del Noreste Argentino según decreto 1.136 del 9 de agosto de 2010 y las redes domiciliarias de magnitud e instalaciones internas en función de parámetros de índole socio- económica o humanitaria.



 



Artículo 2º. – Créase como aporte al fondo establecido en el Artículo 1º de la presente ley, un cargo a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural. Este cargo y los otros recursos que puedan destinarse al fondo podrán dedicarse única y exclusivamente a lo previsto en el Artículo 1º de la presente ley.



 



Alex Ziegler:



 



ARTICULO: 1°.- Créase la categoría de Trabajador Agrícola Cosechero, cuyo universo estará conformado por los trabajadores que realicen tareas de cosecha en forma manual y/o con herramientas de manejo manual, sujetos al tiempo de cosecha, sin espacio físico estable, que presten servicios ante más de un empleador, en forma de golondrina o changarín, tarefero, zafrero, despojador, cosechero, recolector.



 



ARTICULO: 2°.- Finalidad: La presente ley tiene como finalidad:



a- Promover la registración del los trabajadores rurales cuya actividad se caracteriza por la estacionalidad y el trabajo intensivo.



b- Garantizar su protección social y la de sus familias.



c- Combatir la competencia desleal que sufren los productores que cumplen con la ley.



 



 



Julia Perie:



Art. 1- Créase el Instituto Nacional del Folklore Argentino (INFA), como personería jurídica de derecho público no estatal, que se domiciliará en Capital Federal, pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.



 



Art. 2- El Instituto Nacional del Folklore Argentino (INFA), tendrá los siguientes objetivos:



a) Formular y ejecutar programas de creación, divulgación, formación e investigación, como contribución al conocimiento del folklore.



b) Participar en el desarrollo de reconocimiento a la creatividad y a las iniciativas culturales de los sectores con proyección a lo folklórico, con el fin de rescatar, estimular y dar a conocer con todo su valor, como parte fundamental de nuestro patrimonio.



c) Documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares, en ámbitos rurales y urbanos a través de exposiciones y actividades artísticas culturales.



d) Rescatar, conservar y promover las tradiciones, usos y costumbres, valores y elementos culturales de nuestro país, especializando a conductores de talleres y eventos.



 



 



Stella Maris Leverberg:



 



ARTÍCULO 1º – Modifícase el Artículo 22º de la ley 22.431 que quedará redactado de la siguiente manera:



“Artículo 22 -Entiéndase por barreras en los transportes aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida a cuya supresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios:



a) Vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida.



Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.



Para el uso gratuito de servicios de transporte de larga distancia, la persona con discapacidad o quien lo represente deberá solicitar ante la boletería de la empresa de transporte, su pasaje y el de un acompañante, indicando la fecha de ida y regreso, horario y destino.



Para la solicitud de boleto gratuito, la empresa de transporte de automotor de larga distancia, interurbana o equivalente, no podrá exigir un período mayor del comprendido entre los siete (7) días y las cuarenta y ocho (48) horas previo a la fecha de realización del viaje. La empresa contará con un período máximo de veinticuatro horas para aprobar la solicitud.



Las empresas no podrán limitar el horario de atención de las boleterías para las personas con discapacidad cuando estas soliciten su boleto gratuito. Deberán exhibir en las boleterías y en sus unidades de transporte, una oblea en la que rezará el lema “Las personas con discapacidad tienen derecho a transporte público gratuito. Ley 22.431”.



Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en las plazas y proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida.



A efectos de promover y garantizar el uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen de frecuencias diarias mínimas fijas.



b) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20 apartado a) en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizante: paso alternativo a molinetes; les sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje con movilidad reducida en el caso que no hubiera métodos alternativos.



c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales las que no podrán excluir de esas franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones. Dichas franquicias serán acreditadas por el distintivo de Identificación a que se refiere el artículo 12 de la ley 19.279″.



 



Proyecto de varios legisladores del NEA-NOA



 



ARTÍCULO 1º.- OBJETO: La presente ley tiene por objeto brindar un marco normativo para proveer al crecimiento armónico de la Nación, al poblamiento de su territorio y a la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias, mejorando sus niveles de crecimiento, competitividad y empleo de manera sostenida y ambientalmente sustentable.



ARTÍCULO 2º.- AMBITO DE APLICABILIDAD: Quedan comprendidas en las previsiones de esta ley provincias integrantes de las Regiones NOA y NEA, a saber: Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa.



Dichas provincias accederán a las políticas específicas determinadas por la presente ley, considerando sus particularidades edafológicas, climáticas, productivas y los indicadores socioeconómicos. La Autoridad de Aplicación podrá establecer, por vía reglamentaria, segmentaciones para la aplicación de políticas específicas que en cada caso corresponda.



ARTÍCULO 3º.- BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios de las previsiones contenidas en la presente ley las personas físicas o jurídicas radicadas o que acrediten concomitantemente su domicilio legal y fiscal en las provincias de las Regiones NOA y NEA a que alude el Artículo 2º precedente y en cuanto se refiera a los procesos productivos desarrollados dentro de dichas Regiones, siguiendo el principio de la realidad económica. En el caso de personas jurídicas que posean casas matrices, oficinas centrales, u otra forma de administración estratégica fuera del ámbito de las Regiones NOA y NEA, los beneficios alcanzarán únicamente a los procesos productivos realizados dentro del ámbito geográfico de mención.



ARTÍCULO 4º.- EXCLUSIONES: No podrán ser beneficiarios de esta ley:



a) Las personas físicas que al tiempo de concederle los beneficios tuviesen deudas exigibles e impagas de carácter fiscal o previsional, o cuando se encuentre firme una decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional e imponiendo a dicha persona el pago de impuestos, derechos, multas o recargos y siempre que no se haya hecho efectivo dicho pago;



b) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones – que no fueren meramente formales- respecto de anteriores regímenes de promoción o contratos de promoción industrial.



c) Las personas jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados con penas privativas de libertad.



ARTÍCULO 5º.- NORMAS PROMOCIONALES: En las Provincias del NOA y NEA a que alude el Artículo 2º de esta ley, regirá el siguiente esquema normativo:



a) El impuesto a las ganancias regulado por Ley Nº 20.628 y disposiciones complementarias, se aplicará en un porcentaje del ochenta por ciento de lo dispuesto en dicha normativa, por el período de cinco años contados desde la vigencia de la presente ley, a toda actividad que resulte gravada por el mismo. Transcurrido dicho período, el impuesto de referencia se aplicará en un porcentaje del sesenta por ciento, a toda actividad que resulte gravada por el mismo.



b) Los bienes situados dentro de sus límites están exentos del impuesto a la ganancia mínima presunta creado por Ley 25.063 o norma que la sustituya.



c) Las alícuotas establecidas para el Impuesto a la Transferencia de Combustibles fijadas en el Título III (Artículo 7º), Capítulo Iº, Artículo 4º de la Ley Nº 23.966, según el texto ordenado por Ley Nº 25.745, o norma que la sustituya, se aplicarán en un cincuenta por ciento, excepto los incisos i) y j) del citado Artículo, casos en los cuales se aplicarán en un veinticinco por ciento. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer un régimen de registro y comprobación de origen y destino para el combustible comercializado en las regiones alcanzadas por esta norma.



d) Tributarán la alícuota equivalente al cincuenta por ciento de la establecida en las normas pertinentes del impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado, las empresas de transporte de cargas, por las operatorias de transporte de cargas desde y hacia las Regiones NOA y NEA, o las que tengan origen y destino dentro de dichas Regiones. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer un régimen de registro y comprobación de origen y destino de las operaciones de transporte de cargas alcanzadas por esta exención.



e) Las disposiciones contenidas en la Ley Nº 26.360 y normas reglamentarias, en cuanto a la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, resultarán de aplicación por el término de cinco años desde la vigencia de la presente ley, para los proyectos de inversión en actividades industriales o en obras de infraestructura que tengan principio de ejecución desde la entrada en vigencia de esta ley y hasta tres años posteriores, y se encuentren concluidos dentro del período de aplicabilidad que aquí se fija para la norma citada. A tal efecto, se establece un cupo fiscal anual de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000-) a partir del ejercicio fiscal 2.011. Dicho cupo se repartirá por partes iguales entre todas las provincias del NOA y NEA.



ARTÍCULO 6º.- ABSORCION DEL IMPACTO PROMOCIONAL: Los montos que resulten de la aplicación de la exención prevista en el inciso a) del Artículo 5º precedente, se deducirán de la suma que le corresponda percibir al Tesoro nacional de conformidad a la distribución del producido de este impuesto establecido en el Artículo 104º inciso e) de la Ley Nº 20.628 y modificatorias.



Los montos que resulten de la aplicación de la exención prevista en el inciso c) del Artículo 5º precedente, se deducirán de la suma que le corresponda percibir al Tesoro nacional según el porcentaje asignado en el Título III (Artículo 7º), Capítulo IV, Artículo 19º de la Ley Nº 23.966.



ARTÍCULO 7º.- INCENTIVO A LAS INVERSIONES: Las inversiones efectuadas dentro de las Regiones NOA y NEA o para ser aplicadas a procesos productivos a desarrollarse en las mismas, en el período de los cinco primeros años de entrada en vigencia de esta ley, podrán deducirse de la materia imponible del impuesto a las ganancias o del que lo complemente o lo sustituya, por el ciento por ciento (100 %) de los montos invertidos en bombas y motores para extracción de agua o para desagües, en obras de provisión de agua y canalización y sistematización para riego, en infraestructura de riego por goteo, en la construcción de represas, en la perforación y adecuación de pozos, en la compra de equipos de riego; en la adquisición de maquinaria agrícola, entendiéndose también como tal la utilizada en la ganadería y aquella que complete el ciclo productivo agrario; en equipamiento que permita el uso de tecnología de mapeo satelital; en elementos de



tracción y transporte, excluidos automóviles; en la adquisición de equipos de lucha contra incendio; en la adquisición e instalación de equipos de refrigeración y electrificación; en la adquisición de elementos destinados a inseminación artificial; en el tendido de líneas de conducción de energía eléctrica; en la construcción o mejoras en la infraestructura de plantas industriales, galpones y silos; en el tendido o reparación de alambrados comunes y eléctricos, cercas, bañaderos y corrales; en la instalación de básculas; en la adquisición de equipos de extracción y/o en otras herramientas de uso apícola; en mejoras en las instalaciones de carga/descarga de granos y/u otros productos agricolas en las plantas de acopio (cerramientos y sistemas de extracción de polvos), en la infraestructura para el control de ruido ambiental de aireadores y secadoras (silenciadores); en la adquisición de maquinaria para la recolección mecánica



del producto agrícola; en la mejora del equipamiento de siembra tendiente a la realización de agricultura de precisión; en cultivo de especies forestales; en la mejora en la infraestructura ambiental de la actividad frigorífica y/o en la compra de equipamiento para la utilización de fuentes alternativas de energía; en la sistematización de terrenos para manejo y conservación de suelos y aguas.



Estas deducciones sólo serán procedentes cuando se efectúen en bienes nuevos o usados no mayores a cinco años de su fecha de fabricación, sean de industria argentina o importados cuando no exista su fabricación en el país y siempre que estén destinados a actividades productivas en la Región.



ARTÍCULO 8º.- EXENCION DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN: Los emprendimientos productivos ubicados en el ámbito geográfico de estas regiones estarán exentos por cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte o elementos componentes de dichos bienes, y de los insumos determinados por la autoridad de aplicación, que fueren necesarios para la ejecución de actividades industriales, de turismo, agrícolas, acuícolas, apícolas y/o ganaderas.



Las exenciones o la consolidación de los derechos y gravámenes se extenderán a los repuestos y accesorios necesarios para garantizar la puesta en marcha y desenvolvimiento de la actividad, las que estarán sujetas a la respectiva comprobación del destino, el que deberá responder al proyecto que motivó dichos requerimientos. Los bienes de capital, partes, accesorios e insumos que se introduzcan al amparo de la liberación de los derechos y gravámenes precedentemente establecida, sólo podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de la actividad objeto del permiso, una vez concluido el ciclo de la actividad que motivó su importación o su vida útil si fuera menor. En caso de ser reexportada o transferida a una actividad no comprendida en el régimen, deberá procederse al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan a ese momento. La autoridad de aplicación establecerá las prácticas que garanticen el cumplimiento de las



disposiciones del presente artículo.



ARTÍCULO 9º.- FOMENTO DEL CRÉDITO: Se fomentará, a través del Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras sujetas al control del Banco Central de la República Argentina, líneas de crédito preferenciales para los emprendimientos situados en las Regiones NOA y NEA que encuadren como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas según lo previsto por el Banco Central de la República Argentina en su Comunicación “A” 4628, o la que en el futuro la reemplace. Para su financiamiento, el Banco de la Nación Argentina asignará cada año una ejecución específica de al menos PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000). La tasa de interés de las líneas de crédito referidas en el presente artículo podrá subsidiarse hasta en un 70% con Aportes del Tesoro Nacional.



ARTÍCULO 10º.- REDUCCIÓN del COSTO ENERGÉTICO: Serán aplicables en la Regiones comprendidas por esta ley, las siguientes medidas, tendientes a reducir los costos energéticos en los procesos productivos:



a) Establécese en diez coma cinco por ciento (10,5 %) la alícuota del Impuesto al Valor Agregado a aplicar sobre el cobro final de la totalidad del servicio público de energía eléctrica para riego agrícola;



b) La alícuota del Impuesto al Valor Agregado a aplicar sobre el suministro de energía eléctrica para toda actividad industrial, se establece en un cincuenta por ciento respecto de la previsión contenida en el Artículo 28º de la Ley Nº 23.349 (T.O. por Ley Nº 25.063) o la que en el futuro la modifique o reglamente.



ARTÍCULO 11º.- CLAUSULA DE IMPEDIMENTO DE DESLOCALIZACIÓN: Las disposiciones contenidas en la presente ley no serán de aplicación para los emprendimientos productivos o situaciones jurídicas alcanzadas por las normativas que regulan los gravámenes que aquí se mencionan, cuando se haya producido un traslado de dichos emprendimientos o situaciones jurídicas, desde un ámbito geográfico ubicado en el territorio nacional distinto al que resulta beneficiado por las disposiciones de esta ley, hacia éste.



ARTÍCULO 12º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Será autoridad de aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, la Comisión para el Desarrollo del NOA y NEA, la que estará conformada por un Plenario y un Consejo Ejecutivo.



Integrarán el Plenario un representante por cada Provincia de ambas regiones, más tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Se invitará a participar de sus reuniones a representantes de los sectores de la industria, agro- ganadero, comercial y en general a los relacionados con la actividad productiva, más los Consejos Económico Sociales locales. Sus reuniones serán, como mínimo, trimestrales, y sus decisiones se tomarán por simple mayoría. Ejercerán la función mientras se mantenga su designación. Será su máxima autoridad el Presidente del Consejo Ejecutivo.



El Consejo Ejecutivo será presidido por uno de los representantes del Poder Ejecutivo nacional que integrando el Plenario, se designe al efecto. Se conformará además con otros dos miembros, integrantes del Plenario, uno por cada Región. Cada uno de ellos será elegido solamente por los integrantes de la Región que representa. El mandato de todos, en cuanto integrantes del Consejo Ejecutivo, será de un año, y no podrá renovarse, en el caso de los miembros de las Provincias, sino hasta haberse alternado la totalidad de integrantes de cada Región.



ARTÍCULO 13º.- FACULTADES Y ATRIBUCIONES: Corresponde a la Autoridad de aplicación:



• Controlar la aplicabilidad de la ley, procurando el desarrollo armónico de cada una de las jurisdicciones provinciales que componen las Regiones NOA y NEA y el alcance equitativo de los beneficios promocionales.



• Otorgar las medidas de promoción previstas en esta Ley, cuando para hacer efectivos los beneficios contenidos en ella resulte menester este trámite, de acuerdo a las normas que se establezcan en la presente, en su decreto reglamentario y en las normas complementarias. Para ello se deberán establecer los mecanismos de petición de beneficios, el esquema de presentación de los proyectos, la oportunidad de presentación de los mismos y las formalidades respectivas. Se deberán determinar modos y formas de evaluación de los proyectos que se presentaren.



• Difundir en las respectivas jurisdicciones los beneficios de la presente Ley.



• Dictar las normas que correspondan como Autoridad de Aplicación.



• Interpretar las normas de esta Ley, de su decreto reglamentario y de las normas administrativas que en lo sucesivo se dicten.



• Presentar un informe anual al Congreso de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y a las Legislaturas provinciales correspondientes, respecto a lo actuado en el año anterior, conteniendo información descriptiva y cuantificando inversiones, personal involucrado en los proyectos, beneficios otorgados y análisis económico del impacto que las nuevas inversiones generarán. El decreto reglamentario de la presente ley, establecerá la fecha y modo de presentación.



• Controlar la correcta ejecución de los proyectos promovidos, verificando y evaluando el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios.



• Imponer las sanciones que se establecen en esta Ley, sin perjuicio de las que corresponda imponer a otros organismos estatales.



ARTÍCULO 14º.- INFRACCIONES Y SANCIONES: Las personas físicas o jurídicas acogidas al régimen de la presente Ley, deberán cumplir el proyecto aprobado mediante el acto administrativo pertinente, y deberán observar las obligaciones y recaudos impuestos por la presente y por las normas que se dicten en el futuro.



Las infracciones y los incumplimientos que se cometan en violación a las disposiciones legales y reglamentarias del presente Régimen, serán penadas por la Autoridad de aplicación, dando lugar a las siguientes sanciones:



1. En caso de incumplimientos formales y reiterados: multas de hasta el 2% del monto total actualizado del proyecto.



2. En caso de incumplimientos no incluidos en el inciso anterior, multas a graduar entre el 3% (tres por ciento) y el 40 % (cuarenta por ciento) del monto total del proyecto o de la inversión comprometida.



3. Pago de todo o parte de los tributos no ingresados con motivo de la promoción acordada, con mas su actualización e intereses de acuerdo con lo que establezca la reglamentación



Todas las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la Autoridad de aplicación, sin perjuicio de las que resultaren aplicables de acuerdo a la normativa legal vigente, en materia tributaria, o penal, en su caso. La ejecución de las medidas del inciso 3º precedente, será llevada a cabo por los organismos encargados de fiscalizar el pago de los tributos o derechos no ingresados.



En todos los casos la Autoridad de aplicación graduará las sanciones, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, analizando sus causas y aplicando el Código de Procedimientos Administrativos de la Nación.



ARTÍCULO 15º.- APELACIÓN: Las sanciones a aplicar por la Autoridad de Aplicación serán impuestas conforme al procedimiento que determinará la reglamentación y podrán apelarse ante el juez competente, dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación de las mismas o interponer primeramente los recursos administrativos que procedan.



ARTÍCULO 16º.- INTEGRALIDAD NORMATIVA DEL SISTEMA: El Sistema de Promoción Económica estará constituido por esta ley, un decreto con carácter de reglamento general que al efecto se dicte y los actos y demás normas administrativas de otorgamiento de beneficios y de interpretación que dicte la Autoridad de aplicación y el Poder Ejecutivo nacional cuando así corresponda.



 



 



Gerardo Strejevich



 



 



 



 

Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Descargar Semanario Seis Páginas