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Misiones en Baires

Giménez propone que el Congreso de la Nación retome su facultad en materia de deuda externa.

La Senadora de la Nación Dra. Sandra Giménez presentó un Proyecto de Ley en el Senado de la Nación proponiendo suspender por el plazo de 24 meses cualquier sentencia judicial contra la Argentina en jurisdicción, o bajo legislación extranjera, que obligue al País a cancelar títulos de deudas en condiciones materialmente imposibles, incumpliendo con leyes nacionales en materia de reestructuración de deuda pública.

Para ello, propone suspender por el mismo plazo el artículo 1 de la ley 26.886 la cuál Autoriza al poder Ejecutivo a realizar el proceso de reestructuración de los Títulos públicos que fueran elegibles, como así también el art. 57 de la ley 26.895 en lo referido a la deuda elegible que no ingresó a los canjes 2005 y 2010.

La Senadora por Misiones sostiene que los fondos buitres son los que compran bonos de deuda pública a tenedores que, por el alto riesgo de default, los venden incluso perdiendo dinero. Estos compradores poseen un gran poder económico y de lobby como para sostener en el tiempo los bonos comprados por montos muy por debajo de sus precios, para luego intervenir judicialmente por su valor nominal, no el pagado, ni siquiera el acordado por el país emisor. La Senadora resalta que estos compradores no lo hacen de buena fe y ni siquiera han invertido en compra de deuda en la Argentina.

En Argentina, el Congreso de la Nación sancionó una serie de leyes cuyo cumplimiento constituye una responsabilidad del Estado y que afecta al arreglo y al pago de la deuda pública. La deuda se atendió con un proceso de reestructuración de deudas en dos etapas al que adhirieron el 92% de los tenedores de títulos originales, siendo la reestructuración de deuda soberana más grande y compleja de la historia económica en el mundo. Como marco de fondo, la Argentina se acogió a lo propuesto por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brad, quien modificó la política de EEUU respecto a la deuda internacional y donde se estableció lo que se denominó el Plan Brady, a través del cual, los prestamistas de manera voluntaria eximen parte de la deuda no atendida por los países menos desarrollados, reestructuran el saldo de deuda que queda pendiente y otorgaran préstamos adicionales a esos países.

A partir del fallo de 2012 del Juez Griesa, la Argentina entra en una disyuntiva entre cumplir con la sentencia que dejaría en default a nuestro país, o cumplir con la legislación nacional vigente. Por eso, el proyecto presentado por la Senadora de la Nación pretende prohibir al Estado Argentino cumplir con un fallo internacional que empuje al País al default.

De esta manera, la Dra. Sandra Giménez propone que el Congreso de la Nación retome la facultad de responsabilidad en relación a la deuda pública, reconocida por el inciso 7 del artículo 45 de nuestra constitución Nacional.

Según el Banco Mundial, más de un tercio de los países que han reestructurado sus deudas han sido víctimas de los fondos buitres. Hoy existen 28 embargos de estos fondos contra nuestro País desde el 2001.

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