SEGUINOS

POSADAS

Hay caminos por desandar para afianzar la convivencia democrática

De lutos y sobresaltos fue la semana que acaba de concluir. La privatización y precarización de los ’90, llegó con su carga de corrupción y muerte en la tragedia ferroviara de Once. Demostrando una vez más que los subsidios otorgados a los empresarios concesionarios en este caso de Trenes Buenos Aires habían sido usados en operaciones financieras de rédito personal –compra de dólares-. Porque en todo el tiempo de la prestación del servicio no hubo inversiones en vías ni en trenes. Las primeras por las que circula el ferrocarril Sarmiento, datan de los ’60 y el tren siniestrado el miércoles, del año 59.

Ante tanta desvergüenza y atropello a la razón se habría de quitar la concesión a los corruptos, pero no amerita también la cárcel?. Porque la Justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias la causa y responsabilidad del siniestro, tanto como la malversación de fondos que se ha hecho con los recursos otorgados por el Estado. Porque los de los subsidios son fondos públicos.
Claro que cuando se trata de subsidios empresariales no sale a poner “el grito en el cielo”,  la cohorte de charlistas radiales y televisivos que siempre fustigan los planes sociales. Nunca piden investigaciones sobre estos subsidios varias veces millonarios. Como tampoco explicaciones a las grandes empresas de comportamiento monopólico como YPF-Repsol. Ni hablan del falso “eficientismo” de las empresas estatales pasadas a manos privadas. De la petrolera a los ferrocarriles, todo un fiasco para el país. Dramático, además. Eso sí, los empresarios de marras se llenaron los bolsillos con el dinero de la gente.


Curiosamente, no hay Corte Suprema que salga de suyo a hablar de la violencia así ejercida sobre los derechos humanos de las personas, individualmente, y de la sociedad en su conjunto. Tal vez porque esta Corte presumida de humanitaria y garantista parece serlo para hablar de determinadas cuestiones –drogas, aborto- pero no para aquellas que conciernen al capital. En Europa una de las cáusticas observaciones respecto de las fuerzas presumidas de progresistas, da cuenta que todo está bien siempre y cuando no se toque la billetera. Allí mueren todos los principios.


Algo así como lo que acaba de ocurrir con una reciente decisión de la Corte Suprema. Es que esta Corte que le reconoció las facultades jurisdiccionales que le caben a la Dirección General de Rentas para entender en entredichos tributarios con algunas firmas como Papel Misionero o IBM, le desconoció tales atribuciones cuando debió entender en una medida cautelar interpuesta por Adeba, la entidad de bancos de capital nacional e influencia política. La misma influencia política  que tuvieran anteriormente PM e IBM, cuando en los ’90 gobernaban sus cercanos y la Suprema Corte venía conformada desde La Rioja.


No sea cosa que estemos frente a un posmoderno gatopardismo que determina que todo cambie para que nada cambie, en realidad. Los cambios deben ser como los que protagoniza la ministra de Seguridad, Nilda Garré a quien no le tiembla la mano cuando debe “cortar por lo sano”. Por ejemplo, en el caso del espionaje de Gendarmería, descabezó a la conducción responsable del ilícito.


Y los sobresaltos llegaron a Misiones. Una sociedad que intentaba sobreponerse a los calores, los cortes de luz y la falta de agua, debió enfrentar también el acuartelamiento de los agentes de policía y bomberos a quienes de la noche a la mañana les pareció que su sueldo era tan, pero tan, bajo que se podía dejar a la gente sin socorrerla; no importa si se le incendiaba la casa. O si dos grupos de vándalos se enfrentaban entre sí y tomaban a un vecindario como zona liberada.


El efecto dominó siguió con los agentes municipales que también encontraron que sus salarios estaban depreciados. Igualmente retención del servicio público, en este caso de la recolección de residuos.  Así las cosas habría que quitarle a los servicios el aditamento de públicos, porque en los últimos tiempos vienen siendo sectoriales. Esto es, propiedad de determinados sectores de la sociedad que los manejan a su antojo.


Evidentemente, hay un largo camino por desandar para hacer efectivo aquello de la convivencia democrática. Pero se necesitará que desde la más alta cúspide de la sociedad, los Poderes del Estado –el aumento del 100% de las dietas de los legisladores pudo ser justa pero no oportuna-, al más pequeño de los servidores públicos, se muestren afectos a la ley. Dispuestos a respetar los convenios que se acuerdan para la vida en sociedad. Los policías no tienen gremios para reclamar salarios y condiciones laborales. Los empleados municipales, sí lo tienen. Los primeros tienen conducciones para canalizar demandas; los segundos, sindicatos en plena vigencia para viabilizar las suyas.


En un Estado de Derecho, la institucionalidad debe garantizar la vida en sociedad, sin sobresaltos, ni lutos anticipados.
 

Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Descargar Semanario Seis Páginas