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Historias paralelas delatan los intereses que mueven a unos y otros

Historias paralelas discurren en el mundo: una región rica, industrializada, envuelta en sus propios desmanejos, víctima de los especuladores, que tras haber sacudido a los más grandes ahora se cobra el ajuste en los más chicos. Grecia es hoy el espejo de la Argentina 2001 en cuanto a la profundidad de la crisis, pero no en sus resoluciones. Porque el salvataje será de plomo para la cuna de Occidente: 110 mil millones de euros -140 mil millones de dólares- a cambio de políticas de ajuste. Como pretender salvar a alguien que se está quemando tirándole combustible. Argentina, en cambio, tras hacer fondo, decidió prescindir del Fondo (Monetario Internacional).

Detuvo el pago de la deuda, se declaró en quiebra y prometió pagar a medida que fuera creciendo. Algo que hizo y está haciendo, a pesar de los palos en la rueda que le pone la oposición política interna. Todavía se discute en el Congreso de la Nación si se pueden usar los fondos de la reserva federal para el pago de deuda. Los mismos que con la política ultraliberal de los ’90 llevaron al país a la crisis del 2001, ahora pretenden obligar a nuevos créditos externos para afrontar vencimientos. De una deuda que también dispararon a niveles exorbitantes.



Mientras aquella realidad conforma la situación internacional en la que Argentina se presenta buscando saldar vencimientos de este año, Misiones ha decidido avanzar en un desafío de primera magnitud: llegar al hambre cero. Con decidida intervención del Estado pero con una amplia convocatoria a la sociedad y sus protagonistas para ponerle fin a un flagelo que la viene lacerando desde hace tiempo. Que en el 2001 vio hasta postrados a sus sectores productivos, y a la que se viene encarando desde programas provinciales y nacionales.




Muy pronto el Gobierno dará a conocer la batería de medidas proyectadas para enfocar hacia una política de Estado de primera prioridad, terminar con el hambre. Una determinación que ratifica la importancia de la política fiscal que se viene llevando a cabo ya que mediante estos recursos el Estado pudo sustraer a la sociedad de la crisis internacional del 2008 –y sus actuales secuelas europeas- y asistir al sector más afectado, la foresto industria.




Una política fiscal que ha tenido un respaldo implícito en el rechazo del Superior Tribunal de Justicia a la medida cautelar interpuesta por la empresa de transporte de cargas de la familia Wipplinger, ordenando el pago en Misiones de las patentes de la flota integrada por más de 100 camiones. Un litigio judicial que los excluyó de la oferta realizada por el Gobernador a miembros de la Cemac para que regularicen su situación. Les recordaba que es mediante los tributos provinciales que se sostienen servicios esenciales como salud, educación, seguridad y se realizan obras públicas mitigadoras del desempleo. Así las cosas quienes protagonizan elusiones –como prácticas disimuladas de evasión- quedan aislados en un contexto que pretende seguir impulsando políticas de crecimiento; políticas, en definitiva, que son las que permitirán, también al sector de cargas recuperar la rentabilidad. (Tal lo señalaba el propio gobernador Maurice Closs).




No fueron las únicas acciones concretas de confirmación de políticas y compromisos asumidos. La apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes aportó otra señal en apoyo al proceso de depuración judicial, luego que el caso de las escuchas ilegales salpicara al Poder Judicial misionero. Claro que antes, un desubicado Julio Alberto Ifrán –persiste en su rol “iracundo”- mostró su desconocimiento del reglamento cameral. A estas alturas acaso con el premeditado propósito de buscar que se le nieguen pedidos que no están encuadrados en el trámite parlamentario, de modo de mostrarse con algún tipo de “victimización”  




Pero regresando a lo sustantivo. La destitución de los dos jueces involucrados –Horacio Gallardo y José Luis Rey- empieza a comportar un punto de partida en dirección a la erradicación de acciones contrarias a derecho. Le ha sucedido la conformación de una comisión de seguimiento legislativo para investigar hasta dónde llegaron estas escuchas ilegales –a cuantas personas misioneras o no terminó afectando en su derecho a la intimidad-. La iniciativa partió del presidente de la Cámara Carlos Rovira y contó con el decidido apoyo de los diputados de los demás bloques opositores –junto a los de la propia bancada renovadora- a excepción del bloque puertista. 




Que sólo votó en general la propuesta. Es que Ramón Puerta está fuertemente involucrado (en términos políticos) en las escuchas por su vinculación con el jefe porteño Mauricio Macri y los seguidores del ex gobernador no hicieron más que entorpecer o distraer la atención, oponiéndose al juicio y posterior destitución de Gallardo y Rey. Lo hacía notar una de las víctimas de las escuchas, el dirigente humanitario Sergio Burstein, a quien Puerta aseguró su desvinculación con las escuchas, “pero nada hizo para que se investigara. Es más, el juez Schiavoni padre de quien le lleva la campaña a Macri dijo no tener motivos para investigar a los ahora ex jueces”, señalaba. Para destacar, como contrapartida, “la grandeza de quienes decidieron seguir investigando, porque es evidente que esto molesta mucho a algunos”.

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