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Impulsan proyecto para impedir que “colaboracionistas” de gobiernos de facto ocupen cargos públicos

La iniciativa presentada en la Legislatura contempla la inhabilitación para ocupar “cualquier cargo” como funcionario “a todos aquellos que ocuparon cargos de carácter político en cualquier dependencia de los Estados Municipales, Provinciales y Nacionales, durante algún gobierno de facto”. Quedan exceptuadas “aquellas personas que hubieren accedido a estos cargos en virtud de la carrera administrativa previa”.

“Nunca Más” en la función pública



Al cumplirse el Bicentenario de la Patria y en el afán del “perfeccionamiento constante de una democracia plena” y en la aplicación de las penalizaciones para quienes infrinjan la Constitución, el diputado provincial José Garzón Maceda, del Partido de la Participación Ciudadana (PPC), propone que es condición de idoneidad para ocupar cualquier función de gobierno no haber desempeñado a partir del 24 de marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto.



En los fundamentos de esta iniciativa presentada por proyecto de ley y que deberá concretarse por enmienda de la Constitución, el legislador consideró que existe una laguna jurídica en lo que atañe  a quienes participaron desde las decisiones, como colaboracionistas de regímenes de gobierno de facto. “Estos ciudadanos no pueden ni deben ser candidatos a cargos públicos electivos ni designados en cargos políticos”, expresó.



Agregó que esta normativa es concebida no solamente para impedir el acceso a niveles de decisión política en la democracia a quienes participaron desde los mandos militares sino también a los civiles designados para ocupar cargos políticos, por ejemplo: subsecretarios, secretarios, ministros, intendentes, gobernadores, asesores, cargos nominados entre otros.



Esta enmienda tiende a que la sociedad civil sepa que participar en gobiernos de facto le impedirá participar de los gobiernos democráticos, evitando con esta norma “la desagradable situación de la no aprobación o impugnación de los respectivos diplomas, casos que nuestra historia reciente registra”.



El proyecto contempla la inhabilitación para ocupar cualquier cargo como funcionario a todos aquellos que ocuparon cargos de carácter político en cualquier dependencia de los Estados Municipales, Provinciales y Nacionales, durante algún gobierno de facto. Quedan exceptuadas aquellas personas que hubieren accedido a estos cargos en virtud de la carrera administrativa previa.



Esta propuesta, según Garzón Maceda, guarda coherencia en el plexo normativo vigente, pues, el artículo 16 de la Constitución Nacional garantiza la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Esta idoneidad exigida por el precepto constitucional sin duda debe ser entendida e interpretada a la luz del nuevo paradigma ético-jurídico expresado en la Reforma Constitucional del año 1994, a través de la cual los constituyentes han expresado con elocuencia el valor que se le asigna a la protección del sistema democrático y al respeto de los derechos humanos del que éste es garante.

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