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Juicio de Lesa Humanidad: Flores tendría que sentarse en el banquillo de los acusados cuanto antes, reclaman

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Amelia Báez, dijo a /6d que volverá a pedir una nueva junta médica para el ex represor Héctor Leopoldo Flores, acusado de 21 delitos de lesa humanidad como privación ilegítima de la libertad agravadas por tormentos, torturas y el homicidio de Carlos Alberto Pérez Rueda, cometidos durante su paso por la jefatura del Regimiento de Monte 30, con sede en Apóstoles, entre 1976 y 1978. Los hermanos Hippler y Pedro Peczak, entre otros, fueron víctimas de las operaciones de esa unidad del Ejército. Recordó que el Tribunal Oral Federal -compuesto por dos formoseños y un chaqueño- además de no hacer lugar y no llevar a juicio a Flores decretó su libertad y la prohibición de viajar. “Después de 37 años que estamos expectantes y que llegue finalmente la justicia, ocurren situaciones que se dan en otras partes del país, que hacen el mismo camino que estamos haciendo nosotros”, observó.

“Esperamos nada más que se haga justicia, que intervenga con todas las garantías que tengan los imputados pero no con estas estrategias que se llevan adelante”, agregó
Báez consideró que Flores tendría que sentarse en el banquillo de los acusados para rendir cuenta sobre todo de la represión que se llevó contra integrantes del Movimiento Agrario Misionero y de gente que militaba por los derechos humanos.
“En Misiones tendría que realizarse, cuando esté en condiciones de ser elevado a debate oral, otro parcial de Jefatura de la Policía de la Provincia, sobre hechos que sucedieron hace 30 años”, expresó.
Reiteró que están expectantes porque también este mismo Tribunal que iba a entender en el Regimiento 30 de Apóstoles, cuyo presidente es un formoseño (Rubén David Quiñones), es el que entiende en la causa de Jefatura.
“Espero que este año no sea un año donde no se lleven juicios como el año pasado”, afirmó.
Recordó que desde que se creó el área de Derechos Humanos en Misiones, en marzo de 2006, la política de Memoria, Verdad y Justicia, se lleva fuertemente para acabar con la impunidad. “Son hechos ocurridos hace mucho tiempo, hay sobrevivientes, familiares de los que no están y la sociedad toda que espera que la Justicia se haga presente y que no se dilaten más los juicios”, sentenció. 
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