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POSADAS

Juicio por la verdad: jornada con dos dramáticos testimonios

El abogado Ramón Alfredo Glinka sospecha que los militares lograron arrancarle al ingeniero Alfredo González alguna de las cuatro fórmulas secretas de sus inventos. El médico Hilario Domingo Arnaudo, ex subsecretario de Salud durante el Gobierno de facto, dijo que estuvo en una reunión en la que un docente de la Facultad de Ingeniería Química denunció al decano.

Tres nuevos testigos pasaron el viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas para aportar datos sobre la desaparición del decano de la Facultad de Ingeniería Química (actual Ciencias Exactas, Químicas y Naturales), el ingeniero correntino Alfredo González, quien fue secuestrado por un grupo de tareas en la noche del 4 de marzo de 1978 en Posadas.


 


El abogado Ramón Alfredo Glinka admitió durante su declaración que en esos años de plomo había montado una red de contrainteligencia en Casa de Gobierno. “Yo sabía todo lo que pasaba porque había mozos y ordenanzas que escuchaban cosas y después me comentaban”, admitió.


 


Para Glinka, “el que comandaba todo era (Francisco) Molina”, quien estaba al frente de la Policía de Misiones por ese entonces. Sin embargo dijo que había una fuerte interna “por el poder” entre los integrantes del Poder Ejecutivo, que provenían de distintas fuerzas.


 


El testigo dijo que un ex agente de la Policía Federal de apellido Sánchez Boado (falleció) le contó que el ingeniero González no soportó una sesión de torturas y que su cuerpo había sido quemado en inmediaciones del arroyo El Zaimán. “En el Ministerio de Gobierno se decidió la suerte de González”, dijo el abogado, quien aseguró que el ingeniero “estuvo y fue torturado en el centro clandestino de detención ‘La Casita de Mártires’” que funcionaba cerca del aeropuerto de Posadas.


 


Glinka está convencido que el González fue secuestrado por motivos económicos. “Ellos sabían que él estaba trabajando en algunos inventos y querían las fórmulas que él guardaba sólo en su cabeza. Por un lado había estabilizado un producto abrasivo que servía para limpiar (similar al CIF actual), había descubierto la forma de abaratar en un 90 por ciento el costo de potabilización del agua con laterita y también elaboró un proceso químico para volver resistente a las altas temperaturas la greda de Corrientes, algo similar a lo que se utiliza hoy para recubrir las naves espaciales para evitar que se incendien al reingresar en la atmósfera.


 


El segundo testimonio fue el del médico Hilario Domingo Araudo, quien tiene 74 años y vive en Corrientes. Durante la dictadura se desempeñó como subsecretario de Salud Pública y en una oportunidad presenció una reunión en Casa de Gobierno en la que un docente de apellido Neumann o Leumann, de la Facultad de Ingeniería Química, acusó a González de “desestabilizador”, situación que habría generado una inmediata reacción del por entonces gobernador Poletti. “A mi entender, le estaba diciendo que el ingeniero era un subversivo”.


 


Arnaudo, que se declaró amigo de Alfredo González, le pidió que abandonara la ciudad por una cuestión de seguridad, pero el ahora desaparecido se negó.


El médico agregó que fue el obispo Jorge Kémerer quien le dijo que su amigo no había resistido una sesión de tortura y murió “y me dio a entender que no le pidiera más detalles”.


 


Por su parte, el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Héctor Luís Cantero, dijo que durante la dictadura el Gobierno y las fuerzas les remitían personas detenidas con una orden de alojo en la que se dejaba constancia que esas personas estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).


 


Además, negó que allí se torturara a los detenidos, al menos mientras él se desempeñó como subdirector (marzo de 1976) y luego en 1979 como director. “Había dos regímenes: uno de los presos comunes, que estaban a disposición de la Justicia; y los otros, que correspondían al Area Militar”, afirmó.


 


Por otra parte, el viernes el Tribunal decidió incorporar la próxima semana los testimonios de Dalmacio Ramírez, de 81 años, y de su hijo Ricardo Feliciano, de 43, quienes vivían en la zona donde funcionó durante años el centro clandestino de detención “La casita de Mártires”.


 

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