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Jury: Gallardo y Rey alegaron inocencia

Aunque difícilmente logren evitar ser destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento, los jueces de Instrucción Horacio Enrique Gallardo y José Luis Rey se defendieron intentando fundar sus argumentos al momento de los alegatos finales que desembocarán en la sentencia, que todavía no tiene fecha cierta. La acusación del Procurador Miguel Piñero, en tanto, fue breve y con escasos fundamentos. Los alegatos fueron escuchados por el dirigente de la comunidad judía y víctima de las escuchas, Sergio Burstein.

El proceso de destitución de los jueces de Instrucción Horacio Enrique Gallardo y José Luis Rey entró en la recta final este martes cuando las partes expusieron sus conclusiones o alegatos finales. El Procurador Miguel Ángel Piñero pidió que ambos magistrados sean despedidos de sus cargos, mientras que los defensores se pronunciaron por la absolución por considerar que no quebrantaron ninguna norma al solicitar la intervención de las líneas telefónicas. Todos los alegatos fueron atentamente escuchados por Sergio Burstein, quien consideró que ambos jueces deben ser destituidos y llevados esposados a Buenos Aires para declarar en la causa.



El encargado de la acusación reiteró que los jueces están facultados a “intervenir las comunicaciones de los imputados en causas penales, pero no de terceros que nada tienen que ver con el proceso judicial” y agregó que “intervenir una línea telefónica es invadir la vida privada de las personas, de todo un grupo familiar y de los que se conecten con él”. Y aseguró que los jueces actuaron con arbitrariedad al autorizar las escuchas.



Para Piñero, los jueces investigados “no pueden decir que fueron engañados por policías que están subordinados” a sus disposiciones. Y dijo que “si no se podían controlar las escuchas, para qué las implementaban”, se preguntó.



El Procurador reconoció que “no son muchas las intervenciones” ordenadas por Gallardo y Rey, pero las consideró “graves” y consideró que ambos tuvieron un “nefasto accionar”.



En otro párrafo, admitió que “pudo haberse dado el engaño (por parte de los policías) porque no se siguió el trámite como debía” hacerse. Y dijo que los jueces debían valor pruebas y analizar los hechos para así decidir si mantenían o no las intervenciones telefónicas, algo que a criterio de Piñero no se hizo.



El primero en argumentar por la defensa fue el propio José Luis Rey, quien acusó a Piñero de hacer una interpretación “viciosa” del crecimiento de la estructura judicial desde 1983 y reclamó que “para juzgar conductas hay que conocer el contexto” en el que los jueces desempeñaban sus tareas.



El magistrado recordó que las escuchas irregulares se realizaron en un expediente “cuando en los siete años de juez tramité más de 40 mil”. Además, explicó que “el que está obligado a suministrar informaciones al juez es la Policía para que uno pueda resolver”.



Por su parte, su defensor, Eduardo Paredes, dijo que “con un pedacito de realidad se va a dirimir una cuestión política” suscitada en Buenos Aires, encuadrando así el caso en una fuerte disputa entre el kirchnerismo y el macrismo.



Paredes señaló que “la única forma de salvar la duda que existe sobre este Jurado será con la absolución”, y recordó que la ministra Cristina Leiva dijo en su momento que intervenir en el caso le generaba violencia moral y por eso no debería juzgar ahora. Esto es suficiente para invalidar todo el juicio”, agregó.



Para el abogado, el hecho de que los pedidos de intervenciones telefónicas llegaran firmados por los jefes de la Dirección de Investigaciones y la División Homicidios hacían presumir que eran ciertos los datos allí volcados “y por ende se aplica el principio jurídico de confianza. Si el juez ve que el pedido está bien hecho, no tiene otra salida que darle curso” dentro del expediente.



El defensor indicó que el error fue cometido por la Policía “porque no comunicó la intervención de James en la investigación. Este hombre penetró toda la estructura policial porque somos confiados. Si no llegó hasta el Ministerio de Gobierno fue por falta de tiempo”, argumentó.



Paredes indicó que durante el proceso de destitución “no se probó la violación al deber de cuidado” que esgrimió en Procurador en su acusación.



Por su parte, el defensor de Gallardo, el abogado José Jacobo Mass, sostuvo que “si mi defendido hizo más de lo que la ley le exigía.. qué hacemos acá? Se lo debería felicitar por tomar más medidas de las necesarias para ordenar la intervención de una línea telefónica”.



El abogado indicó que “en los expedientes constan los informes de inteligencia que daban cuenta de que hasta ese momento no se habían producido novedades con las escuchas y por eso se dictaban las prórrogas. Esto es algo que se hizo siempre y no fue malo, siempre fue útil y rindió frutos” en las investigaciones penales. Y recordó que “el Superior Tribunal de Justicia siempre avaló las escuchas”.



Mass dijo que en la causa de las escuchas, el juez federal Norberto Oyarbide “ordenó por simple decreto las intervenciones,  mientras que acá se fundamentaban en el pedido policial”.



El letrado recordó que cuando Oyarbide indagó al oficial Diego Guarda -está procesado en la causa- lo acusó de haber introducido datos falsos en los escritos que se presentaban ante la Justicia. Acá se da la paradoja que los estafados (los jueces) están sentados en el lugar del estafador (los policías) que siguen trabajando”.



En otro párrafo de su alegato, indicó que el oficial de la Policía Federal Ciro Gerardo James “era pasajero VIP de la Policía de Misiones, lo llevaron a Puerto Iguazú, asesoró en el armado de una cámara Gesell que no se llegó a implementar y vendió ‘buzones’ con la chapa de la Policía Federal”.

El alegato, que concluyó con el pedido de absolución, fue aplaudido por el público, que en esta nueva jornada colmó el sal

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