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La confusa manipulación de los recursos del Estado en los ’90

Las privatizaciones de los ’90 comportan los ejemplos de lo que no debe hacerse en política ni en economía si de lo que realmente se trata es de administrar los recursos del Estado para asegurar el bien común. En esas privatizaciones, la del Banco de la Provincia de Misiones es paradigmática y da cuenta de la resignación que hace el Estado del papel que le cabe como administrador de la cosa pública. Los archivos periodísticos de la época, tanto como las registraciones taquigráficas de las sesiones legislativas –por citar dos fuentes de información- ponen en evidencia las falacias con que se condujeron esos procesos, como la relativa a la ineficacia del Estado cual administrador de una entidad bancaria. Los archivos -como lo publica el Semanario /6p en su edición 48- dan cuenta que el BPM tenía finanzas saneadas, que daba dividendos.

Pero también las crónicas periodísticas registran que poco antes de los ’90 –como presagiando la década- se denunciaban “lobbys” en el interior de la institución que querían comprometerla a favor del consorcio constructor de Urugua-í. ¿Coincidencia? En ese consorcio estaba el amigo de quien sería luego gobernador Ramón Puerta, el ahora jefe del gobierno porteño Mauricio Macri. Y la primera gestión de Puerta como mandatario estuvo destinada a obtener el pago de 300 millones de dólares destinados a la empresa de su amigo de parte de la Nación, pero con la curiosa intermediación del Banco de la Provincia, que actuaba como “operador”.



Curiosidades que hasta se vinculan con la deuda pública de la Provincia. Las obras de Urugua-í comienzan en el gobierno militar –aceitados contactos con las empresas de Macri-, mediante un crédito inicial de 120 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina canalizado en el Banco de la Provincia de Misiones. El BPM es presentado como mero “operador” pero después, en la década de los ’90, justamente, deberá reclamar una y otra vez a la Nación que sea ésta y no el banco misionero el que afronte los mayores costos exigidos por el consorcio macrista que, inclusive, llegó a paralizar la represa. Por eso la llegada de Macri a Misiones para “felicitar” al gobierno de su amigo por el acuerdo que saldaba la supuesta deuda que el Estado tenía con su empresa constructora de Uruguay-í, en 1993, es otra evidencia de este tráfico de amistades e influencias y de uso de los recursos estatales.



Es que desde comienzos de la nueva década “infame” empiezan las “confusiones” con informaciones contradictorias, seguramente dadas con la intención de ocultar la verdad de los hechos. Pruebas al canto: el 29 de noviembre de 1994, el entonces gobernador Ramón Puerta afirma que el BPM se vendía “totalmente saneado” (tapa del 30 de noviembre de ese año del diario El Territorio).



Pero apenas dos años después, el mismo Puerta afirma en otra edición de ese Diario (14 de septiembre de 1996) que en la deuda pública que había ascendido a 506.936.000 pesos –dice- cuando en realidad ya eran dólares tenía una alta incidencia “la deuda del Banco Provincia”. La presunta deuda del Banco que había sido entregado “saneado al sector privado” tenía un resto nada menos de 311 millones de pesos –dólares-, que estaba integrada como deuda pública, es decir a saldar por el Estado misionero.



La apreciada joya de la abuela misionera había sido vendida sin beneficio visible para hijos, nietos, bisnietos y tartaranietos. Los que terminarán pagando –lo seguirán haciendo hasta el 2032- aquella deuda pública que la gestión Puerta continuó aumentando hasta días antes de entregar el gobierno en diciembre de 1999.



Así las cosas, todo hace presumir que el pago a la Urugua-í de Macri engrosa la deuda pública misionera por 311 millones de dólares. (www.seispaginas.com o Semanario Seis Páginas versión papel)



 

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