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La Corte Suprema interpretó que el Parque Nacional Iguazú es preexistente a la Provincia y dueño de toda el área, al declarar “inconstitucional” el Parque Provincial

Al desviar de modo expreso el propósito de las leyes provinciales que pretenden el resguardo de porciones de sus recursos naturales, la Suprema Corte de Justicia no distingue la diferenciación que realizan las normas rechazadas en su fallo. Y funda su determinación en que se trata de una unidad indivisible el río Iguazú, las Cataratas, el Parque Nacional Iguazú. Argumentó, además, que su vigencia en territorio misionero, sólo puede ser removida por el Congreso de la Nación. Interpreta la Suprema Corte que por ser la creación del Parque prexistente a la creación de Misiones como provincia, el enclave sigue siendo propiedad de la Nación. Claro que, recorren el fallo y sus fundamentos, otros reclamos provinciales en lo que bien parece una resistencia a poner en ejecución la consagración del derecho a la propiedad de sus recursos establecido por la Reforma Constitucional de 1994. También aquí argumenta que el Parque Iguazú es “preexistente” a la reforma Constitucional.

Así en su fallo del 10 de este mes de agosto, que ahora publica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia declara "inconstitucionales" las leyes provinciales XVI N° 99 y N° 112 que disponen la creación del “Parque Provincial del Río Iguazú” y establece que comprende “el sector argentino del Río Iguazú”. Ignora entonces la pretensión de Misiones de crear un nuevo parque provincial en el cauce y lecho del río Iguazú, más allá de las Cataratas, cuya posesión no discutió ante la Nación. 

Pero en su fallo el máximo tribunal nacional aseguró que "sin lugar a dudas el sector argentino del río Iguazú integra el Parque Nacional Iguazú". Ello, pues “no hay ninguna razón que autorice a convalidar la ley XVI N° 99 que crea el “Parque Provincial del río Iguazú” y a seguir el criterio de la Provincia en cuanto afirma que el “parque nacional sólo se extiende hasta la línea de ribera del río Iguazú sin comprender parte alguna de tal cauce de aguas”.

Según el fallo, “no puede sostener entonces el Estado provincial que el cauce del río Iguazú y sus Cataratas no integran en una unidad inescindible el nombrado establecimiento de utilidad nacional; e intentar mediante el dictado de las leyes XVI N° 99 y 112, vaciar de contenido la totalidad integrativa del fin para el cual fue creado el Parque Nacional Iguazú. Tampoco puede, con solvencia técnica, jurídica e histórica, argüirse que no ha sido precisamente el fenómeno natural de las Cataratas del Iguazú -esta maravilla de la naturaleza declarada por la Unesco en 1984 que integra la lista del Patrimonio Mundial-, una de las causas eficientes de la creación del Parque Nacional Iguazú”.

Y a pesar de que no lo hace y de manera expresa deja salvada la cuestión, el fallo dice: "no puede la Provincia demandada arrogarse la propiedad de un establecimiento de utilidad nacional que no ha sido desafectado de su destino al uso público por una ley del Congreso Nacional y, por tanto, “desconocer el régimen legal del referido Parque Nacional Iguazú y sus límites”.

Y continúa en ese argumento que es el eje en el que basa su determinación: "sostener un criterio contrario importaría tanto como admitir que por medio de una ley provincial puedan apoderarse de un bien cuya propiedad y destino se encuentran bajo la jurisdicción y administración federal, alterando así el reparto de competencias que a su respecto la Constitución Nacional establece y desconociendo el interés público que determinó la constitución del establecimiento y su vigencia en el tiempo al no haber cambiado su finalidad por parte del Congreso Nacional, único órgano de la Constitución habilitado al efecto.

La Corte sostiene que debe rechazarse el planteo del Estado provincial fundado en el artículo 124 de la Constitución Nacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. "Al efecto se debe precisar que el citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional, fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esa reforma". En otras palabras considera que la Reforma Constitucional no tiene vigencia, lo que de por sí lleva a limitar por vía de la interpretación la manda constitucional.

Pero va más allá: "en consecuencia, el Parque Nacional Iguazú -con los límites establecidos en el decreto 100.133- originalmente perteneció al Estado Nacional, quien lo retuvo en los términos del artículo 11 de la ley 14.294 y artículo 2°, inciso 2°, del decreto 5411/11, conforme al artículo 4° del decreto-ley 654/58, y no lo traspasó a Misiones al momento de su creación en 1953 en razón de estar afectado a un uso público de interés o utilidad nacional; por lo que no hay contradicción alguna con el artículo 124 de la Constitución Nacional".

De ese modo, el fallo concluye recordando las palabras del destacado jurista Juan Bautista Alberdi, que otorga plena supremacía a la Nación por sobre la Provincia y pone en tela de juicio el federalismo. Dice Alberdi y cita la Suprema Corte: “sobre los objetos declarados del dominio del gobierno federal, su acción debe ser ilimitada, o más bien, no debe reconocer otros límites que la Constitución y la necesidad de los medios convenientes para hacer efectiva la constitución. Como poder nacional, sus resoluciones deben tener supremacía sobre los actos de gobierno provincial, y su acción en los objetos de su jurisdicción no debe tener obstáculo ni resistencia”, por cuanto “de otro modo, su poder no será general sino en el nombre”.

Sin embargo, la Provincia nunca puso en discusión la continuidad del Parque Nacional, sino que pretendía ampliar la zona de protección bajo el dominio provincial. Incluso, en 2013, la Legislatura provincial incorporó un artículo que refiere expresamente a la imposibilidad del Poder Ejecutivo de realizar actos, o disponer medidas reglamentarias, para la aplicación de la Ley XVI Nº 99, que pudieran afectar los fines del Parque Nacional Iguazú. Además, se especifica que las decisiones que pudieran afectar los recursos naturales y ambientales se adoptarían con conocimiento de los concejos deliberantes de los lugares comprometidos. 

La ley mediante la cual se creó el Parque Provincial del Río Iguazú fue el resultado de una legislación estratégica dirigida a proteger los recursos naturales en el marco del ejercicio de facultades y atribuciones provinciales que no han sido delegadas a la Nación. La norma apunta a la prevención y conservación de la singular flora y fauna existente dentro de los límites del parque así como las cataratas, bienes del dominio público que le corresponden a Misiones.

La soberana decisión de Misiones, expresada en su Parlamento provincial fue rechazada por la Administración de Parques Nacionales que solicitó directamente la declaración de "inconstitucionalidad" de las leyes misioneras. Y el fallo de la Suprema Corte de Justicia sigue su línea interpretativa y resuelve en consecuencia.

 

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