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EDITORIAL

La crisis preludia la campaña electoral y renueva interrogantes

Un par de escenas preludiaron el inicio de la campaña electoral a nivel nacional haciendo un flaco favor a las expectativas del país: colas de hasta ocho cuadras desde la madrugada y desafiando al frío para acceder a alimentos con un 50% de descuento, no parecían pertenecer a la Argentina. A menos, claro está, que la memoria se retrotrajera a la crisis del 2001. Del mismo modo como la brutal represión lanzada contra trabajadores que resistían sus despidos, trajeron al recuerdo las peores épocas de militarización de la respuesta política: también el 2001.

Ambas escenas se dieron en un país en el que el estado de derecho está en plena vigencia y están en funcionamiento todas las instituciones republicanas. La pregunta del millón –o las preguntas- remiten a interrogarse en torno de qué no está funcionando. Porque no parece posible que sea ésta la realidad que se quiere para el país. 

Personas mendigando alimentos, por una parte, y por la otra, personas intentando defender su puesto de trabajo cuando los despidos y la precarización laboral están a la orden del día. Un economista, en línea con el pensamiento del gobierno nacional, aunque ahora fastidiado porque no avanza con toda la dureza que sería menester (¿?), asegura que el trabajo “no es un derecho” que tienen las personas sino apenas una “contingencia”. En la cuenta de Twitter de José Luis Esper se pudo leer: “Las empresas toman gente y a veces también despiden. El trabajo no es un derecho como dice el populismo cavernícola. Es una contingencia”.

Ahora bien, es cuando menos inapropiado llamar “populismo cavernícola” a quienes sostienen que es un derecho que dignifica. Por ejemplo,  la Iglesia Católica viene sosteniendo en sus encíclicas y documentos que “se necesita valorar el trabajo como dimensión de realización y de dignidad de la persona humana. Es una responsabilidad ética de una sociedad organizada promover y apoyar una cultura del trabajo”.

En tiempos de la posverdad, sin embargo, hasta vuelven a discutirse cuestiones tan básicas y elementales como éstas, no ya sobre los papeles, las mesas de debate, los ámbitos académicos, sino sobre la praxis conformada por la vida de las personas, de las familias, sobre sus proyectos de vida. Y por extensión, sobre la condición de ser de la misma sociedad.

Claro que muy diferente es la realidad vivida en Misiones, en vísperas de la apertura de la campaña política. Niños, adolescentes y adultos, disfrutan las vacaciones de invierno en un Parque del Conocimiento que renueva propuestas y vuelve a atraer a miles de personas. En la Cámara de Representantes se debaten cuestiones sustantivas y hay espacio para rendir homenajes por destacadas trayectorias, sin distingos partidarios: a la Delegación local de Alco; a la recientemente fallecida directora de Salud Inclusiva Claudina Deglise, al memorarse una nueva fecha del Día de la Medicina Social. En tanto se aprobaban iniciativas de diputados de la oposición: programa de acompañamiento a niños y adolescentes progenitores; obligatoriedad de exhibir en carteles visibles los derechos consagrados por la Constitución de Misiones en las comisarías o dependencias en las que se aloje a personas detenidas. 

Es más, el Jefe de Gabinete Marcos Peña pudo visitar Posadas, realizar un acto político de Cambiemos con los candidatos de Misiones de esa fuerza política a las Paso, sin ningún inconveniente.

Por cierto y mientras tanto, la Provincia sigue buscando salidas a una crisis económica que golpea muy fuerte. En particular en las ciudades fronterizas en las que se enfrentan las asimetrías con los países vecinos, al tiempo que, como en el resto del país, va cayendo el consumo y las demandas de asistencia social aumentan. Tal ocurre en la zona del Alto Paraná, en el Norte provincial. Región fabril por excelencia, donde incide fuertemente el mal momento de la forestoindustria.

El malestar de los tabacaleros también se hace sentir por la deuda millonaria que mantiene la Nación, al no girar los recursos del FET. O el de los yerbateros que no logran que la industria respete los precios garantía.

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