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La falta de solidaridad de unos pocos, y el empeño social de casi todos

Una diputada, no conocida a nivel nacional, y un ruralista, de una de las más antiguas entidades agrarias de la Provincia de Buenos Aires, discutían en uno de esos canales de cable que tampoco integran la rutilancia televisiva de los medios concentrados. Lo hacían sin altisonancias y con argumentos: la legisladora que era del oficialismo le recordaba que el Impuesto Inmobiliario Rural no se actualizaba desde 1955. Que, sin embargo, son los impuestos los que permiten financiar servicios públicos. Y que son los que más tienen los que más tributan. El ruralista, que se sentía incómodo por la falta de solidaridad social con la que aparecía ante la audiencia, trataba de explicar que era para ellos “carga adicional”.

Una parte de la Argentina real se mostraba a la opinión pública, un día antes que la oligarquía se hiciera presente con el cacerolazo que sonó en la Buenos Aires opulenta: Palermo, Recoleta, Barrio Norte. Para protestar por las restricciones establecidas para el manejo de dólares y el “impuestazo” bonaerense.

Horas antes, los militantes oficialistas que se manifestaban frente a la Cámara de Representantes de Buenos Aires, en la vereda de enfrente, porque el ingreso había sido ocupado por los ruralistas, habían aportado el dato molesto: el presidente de la Sociedad Rural Hugo Biolcatti pagaba 47 pesos por cada hectárea de su campo. Ahora,, con la reforma impositiva aprobada pagará 67 pesos, es decir 20 pesos más. Claro habrá que ver cuánto suman las muchas hectáreas que posee y qué rentabilidad le proporcionan. Pero vistos los valores que se manejan en cuanto al incremento por hectárea, difícilmente pueda alguien imaginar que no estará en condiciones de honrar su responsabilidad social.

Ahora bien, es muy posible que la protesta ruralista que incluye un lock out –paro patronal- de 9 días tenga que ver con el atrevimiento del gobierno de Daniel Scoli de tocar lo intocado: el sector del campo de la Provincia de Buenos Aires. Esto es el corazón de la oligarquía argentina que desde siempre estuvo detrás de la escena. Y que hoy tiene que salir con cacerolas a hacer bochinche porque ya no digita gobiernos, ni pasea por lobbys legislativos, ni anuda acuerdos en despachos oficiales. Sólo le quedan algunos medios concentrados que deberán desconcentrarse y un par de periodistas conocidos –algunos de los cuales apelan al “humor” para el insulto-, buscando mellar la imagen del gobierno de Cristina de Kirchner.

Medios, periodistas, que nunca se ocuparon del país real. A los que el propio gobernador misionero Maurice Closs les tenía que recordar que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pagan la luz y el gas mucho más barato que en esta Provincia, que no tiene gas natural ni cloacas y donde sin embargo los subsidios nacionales son menores. Lo hacía tras el acto de consagración de las Cataratas del Iguazú como una de las siete Maravillas del Mundo; es decir, unos días antes del cacerolazo y la aprobación de la reforma impositiva bonaerense.

En su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas recordaba, en tanto, que las cacerolas que estaban sonando en la noche del jueves 31 hacían ruido por “la timba sojera del dólar”.

A mil kilómetros de distancia, Misiones volvía a apostar a lo suyo: más escuelas técnicas y Efas para sumar conocimiento y tecnología a las chacras. Definía el presidente de la Legislatura Carlos Rovira, luego que se aprobara la nominación del 22 de junio como Día de las Escuelas de la Familia Agraria, en honor al fallecido sacerdote José Marx, uno de sus fundadores y propulsores, a propuesta de diputados de la oposición, Pablo Tschirsch, Blanca Acosta y Ricardo Welbach (mc), con apoyo de los oficialistas José Dieminger y Carlos Pereira.

Y Rovira anticipaba también que no se bajarán los brazos en defensa de lo que es propio: “sólo puedo imaginarme la imprenta guaranítica en el Centro del Conocimiento”. Porque fue la primera que existió en América latina y estuvo en la Misión Jesuítica de Loreto. Misiones la reclama y la Nación se la niega.

Pero la Provincia continuará planteando sus reivindicaciones, insistía el legislador. Como la del Parque Fluvial Iguazú, aprobado por ley de la Cámara de Representantes, con el voto unánime de sus miembros. La Suprema Corte de Justicia todavía no se expidió sobre el recurso de amparo interpuesto por Parques Nacionales renuente a perder su enclave. Pero más tarde o más temprano se tendrá que respetar lo prescripto por la Constitución nacional reformada en el 94: los recursos naturales son de las Provincias.

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