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POSADAS

La tragedia de Santiago del Estero y las medidas oportunas

Lo sucedido con el colectivo de Santiago del Estero, que circulaba sin ningún tipo de autorización –la de concesión de línea, ni la de la verificación técnica- y, además su chofer corría una “carrera” con otro de una empresa sí autorizada a circular, trae a la memoria días en los que el servicio urbano de pasajeros de Posadas era escenario de una irresponsable competencia que respondía pura y exclusivamente a determinados intereses empresariales, sin referencia al bienestar de la población a la que debía servirse.

Podría decirse que lo ocurrido en Santiago era la crónica de una tragedia anunciada, porque todas las normas habían sido violadas con la presunta justificación que se cumplía “un servicio social”, con tarifas accesibles a pobladores de escasos recursos y descuentos a jubilados y estudiantes.



 



También en Posadas se presentaba la disputa empresarial con estas tintes “sociales” pero igualmente se obviaban la mejora del servicio, la actualización de las unidades. Todo en el marco de una supervisión permanentemente cuestionada a cargo de un “autónomo” Concejo Deliberante. Otra historia empezó a escribirse., sin embargo, cuando por imperio del crecimiento de la capital provincial y sus ciudades vecinas, la vinculación poblacional llevaron a prever una expansión del servicio que debió conjugar la urbano y lo interurbano, creando una comisión en la que confluyeran los gobiernos municipales y el provincial, de modo de  buscar la mejora de la prestación, con unidades nuevas y un boleto que incorporara todos los recorridos suponiendo menores costos y comodidad para el usuario.



 



La trayectoria hasta ahora desarrollada se institucionaliza ahora con la incorporación del Sistema Integrado de Transporte a la Carta Orgánica de Posadas, alejando con ello todavía más toda posibilidad de improvisación, de manipulación por parte de algún edil con algún interés partidario o de otro que responde a intereses empresariales de alguna empresa mediática.



 



La institucionalización siempre ha servido para dar mayores garantías al bien común, resguardando la actividad de que se trata en el marco de la ley y, por lo mismo, asegurar prevención de accidentes, tanto como sanciones para las infracciones.



 



 

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