SEGUINOS

POSADAS

Largo y demorado trámite a un reclamo de justicia

En diciembre del 2007, el abogado Roberto Sena había denunciado que el Colegio Roque González se negó a matricular a sus dos hijos, alumnos del establecimiento, por su reacción ante la agresión que venía sufriendo uno de ellos por parte de sus compañeritos. Los dos chicos, una nena de siete años y un nene de cinco, debieron concurrir entonces al Instituto Pedro Goyena y recibir tratamiento psicológico por el desarraigo escolar. Dos años después la Justicia resolvió que dos ex alumnos sean inscriptos en el Colegio Roque González. Es decir la sentencia del Tribunal Penal Nº 2 llegó dos años después. En tanto ahora, casi tres años más tarde de haberse presentado ante el Instituto nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, (Inadi) también le dio la razón. Sena había recurrido al Inadi en el 2008. El Instituto concluye que hubo discriminación contra los pequeños en diciembre del 2010.

Sena había hecho la denuncia ante el Inadi y también presentó un recurso de amparo ante la justicia local. El Tribunal Penal Nº 2 emitió el fallo el pasado 21 de diciembre de 2009, disponiendo que “se inscriba a los niños a los fines de que puedan cursar el próximo año lectivo en la institución que resulta demandada”.



 



Según parte de los considerandos, para el Tribunal “siendo cierto que existen pautas de convivencia dictadas por la institución y a la que los progenitores de los menores R. F. Sena y M.A.Sena, Roberto Aníbal Sena y María Silvia Jasnikowski, se adhirieron y aceptaron, no menos cierto resulta que los únicos damnificados resultan ser los niños a los que se ha privado de continuar concurriendo a esa institución educativa en la que venían cursando sus estudios, y por consiguiente se los ha apartado en forma arbitraria de la compañía de sus amistades y compañeros de colegio”.



 



Para el juez del Tribunal, Juan Enrique Calvo “resulta totalmente increíble que una institución con la raigambre educativa dentro de nuestra sociedad como la que detenta el demandado en autos, haya tomando una decisión como la de impedir la inscripción de los menores Sena, basándose en la imposibilidad de diálogo con el señor Roberto Sena, progenitor de los mismos, más aún, si consideramos que la tutora ante el establecimiento educativo era la señora María Silvia Kasnikowski, madre de los niños”.



Ahora el Inadi 



De su parte el Inadi, que se tomó su tiempo para dictaminar analizó los tratados internacionales, además de los Derechos del Niño y la Niña, a los que adhirió la Argentina, así como las leyes que rigen la educación pública, incluida la de gestión privada. Y llegó a la conclusión de que efectivamente el instituto demandado había discriminado a los pequeños, siendo faltos de sustento los argumentos esgrimidos para no inscribirlos.



 



En una de sus fundamentaciones, el Instituto dice que la ley obliga a los establecimientos educativos a “realizar un esfuerzo concreto para salvar las problemáticas que pudieran  presentarse, a fin de propender a la continuidad del niño en la institución, por lo cual el ejercicio del reconocido derecho de admisión, en razón de su carácter excepcional, resulta admisible únicamente como última ratio”.



 



Dice que, en tal sentido, el Colegio demandado afirma que “es evidente que más allá de la buena voluntad que pueden poner maestros y directivos, la conducta desplegada por los padres de los menores influirá decisivamente en la relación escolar y sinceramente lo mejor para los niños es que no cursen en el Roque González, de allí que la decisión del Colegio no tuvo por fin exclusivo preservar a la comunidad educativa toda, sino además el de proteger a los menores de cualquier tipo de molestia futura”.



 



Observa entonces el Inadi que “el Instituto Roque González omite no sólo acreditar sino incluso alegar dicho esfuerzo, absteniéndose de invocar intención o propuesta alternativa alguna, tendiente a la solución del conflicto, tomando como primera y única opción, el ejercicio del derecho de admisión invocado”. Entre otras consideraciones concluye: “(…) considerando el principio del interés superior del niño que rige la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el argumento relativo al ejercicio del derecho de admisión resulta inadmisible”.

Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Descargar Semanario Seis Páginas