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EDITORIAL

Las reformas sólo pueden encararse desde el consenso; lo contrario es apostar al fracaso

Hay una coyuntura demandante y un mediano plazo que abre interrogantes más que preocupantes. Porque en un momento en que la economía “no arranca”, al menos para el conjunto de la sociedad, la hipótesis de reformas que se pretenden estructurales, añaden un indeseado ingrediente, más allá de las necesidades reales que pudieran tenerse en cuanto a reequilibrar la economía del país.

Expertos en materia fiscal coinciden en señalar la inequitativa distribución de los recursos que genera esta nación en recesión: un 70 por ciento fueron retenidos por la Nación y el 30% restante distribuido en 24 distritos. Si de por sí la desproporción es más que elocuente, no termina allí el desequilibrio. Porque los índices según los cuales se reparte en las provincias están absolutamente desactualizados.

Esas voces autorizadas consideran insoslayable un acuerdo consensuado desde perspectivas federales que, hasta ahora, han resultado extrañas al poder político y económico. El centralismo es, hoy por hoy, además, un freno al crecimiento al desperdiciar valiosos recursos naturales en suelo, aire, agua, que se expresan en las economías regionales de modo acotado y sin incentivos de real incidencia. Y esta cuestión sustantiva merece un detenido análisis toda vez que la explotación de esos mismos recursos no siempre se realizó con criterios de sustentabilidad, ni se programó, planificó, la generación de producción con valor agregado. Mucho menos se exploraron centros de comercialización dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Por cierto estas realidades que son las generadoras de los recursos no pueden seguir afrontando exacciones del poder central. Que se llevan en los impuestos federales las riquezas producidas y no devuelven los recursos así generados al territorio de origen. La desigualdad es tan antigua como la patria y superarla llevará tiempo y esfuerzos del conjunto de la sociedad.

Este es el debate que se avecina a partir de dos disparadores: el Fondo del Conurbano Bonaerense y la eliminación del Impuesto al Cheque. Disparadores que presagian una reforma tributaria ideada a solas por el Gobierno de la Nación que deberá someterse al consenso de los gobernadores, por un lado, y de los legisladores nacionales, por el otro.

El primer disparador: los reclamos de la gobernadora María Eugenia Vidal por mayores recursos no apuntan a una menor participación de la Nación sino a una menor distribución a las Provincias. Y ha ido a formular su planteo, alentada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a un ámbito que ese oficialismo considera cercano como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ha venido actuando en consonancia con una visión centralista. Por esa razón, los gobernadores quieren que sea el Congreso el que debata y resuelva en esta cuestión, entendiendo que allí todos tienen participación y pueden hacer escuchar sus razones. Más aún, en el caso de Misiones, su gobernador Hugo Passalacqua ha dicho que Vidal tiene sus razones y deberán ser atendidas pero no a expensas de las demás Provincias.

Los gobernadores, primero de extracción peronista y de movimientos provincialistas como el de Misiones, han comenzado a reunirse para plantear un pedido de audiencia al máximo tribunal. Y empiezan a sumarse a ese frente otros mandatarios, de diferente signo partidario pero de idéntica preocupación. Porque con la eliminación del Impuesto al Cheque que puede sonar atractiva para los operadores económicos y los ciudadanos en general tiene como contrapartida una merma en los recursos provinciales, ya afectados seriamente por el “parate” de la economía. Y porque, asimismo, viene de la mano de una reforma tributaria que sólo apunta a los tributos provinciales, principalmente Ingresos Brutos, y la ata a la reducción del déficit fiscal. Curiosamente y al estar de los trascendidos la reforma no alude a la baja de ningún impuesto nacional, y mucho menos se la ata al enorme déficit que la Nación tiene y viene enjugando con deuda externa.

Así las cosas, lo primero que aparece como necesario es un sinceramiento que sea capaz de elevar la mirada del ancla del voto, que tiene sojuzgado al Gobierno de la Nación. Las mediciones que gusta atender se formulan a partir de slogans que sólo aluden superficialmente a problemas reales. Y más allá del éxito que han tenido en el sufragio, permitiéndole mantener la fidelidad del propio electorado –un tercio del nacional- están indicando un camino de corto paso. Porque ahogar a las Provincias financieramente, no será más que acelerar dramáticamente el deterioro económico y social que afecta a la Argentina en general.  

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