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Lavado de dinero: destacan que el Gobierno nacional puso al tema nuevamente en la agenda pública

En la cumbre internacional sobre prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo que se realizó en la Universidad Austral, expertos coincidieron en que las fallas se originan en el sistema administrativo y que el Código Penal no alcanza para remediarlas. El senador Luis Viana, que representó al Congreso por ser el titular de la Comisión de Economía e Inversión del Congreso nacional e integrante la Comisión Mixta de Control de las Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico, fue el encargado de abrir la conferencia.

El legislador misionero del FpV dijo que deben aunarse esfuerzos entre los distintos sectores para evitar ese tipo de ilícitos.


Pese a las divergencias que afloran en cualquier debate, los expertos nacionales y extranjeros que disertaron ayer en la cumbre internacional sobre prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo que se realizó en la Universidad Austral,


coincidieron en que en la Argentina los mecanismos para evitar ese tipo de ilícitos son “muy deficientes” gracias a las fallas que surgen de las instituciones administrativas de control, ya que consideran que la legislación penal  es –en líneas generales- “moderna y adecuada” comparada con la existente en otros países occidentales.


La organización del evento estuvo a cargo de la ONG “Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” (Fapla) y fue auspiciada por el Departamento de Posgrado en Derecho Penal de la alta casa de estudios que ofició de anfitriona.


Política de estado


El senador Luis Viana (FpV), que representó al Congreso por ser el titular de la Comisión de Economía e Inversión del Congreso nacional e integrante la Comisión Mixta de Control de las Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico, fue el encargado de abrir la conferencia.


Recordó que la firma del decreto 1225/2007 por el ex presidente Néstor Kirchner donde se puso en marcha la “Agenda nacional para al lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo”,  se puso nuevamente al lavado en el tapete público como “porque pretende articular las pautas para la reformulación del sistema vigente y convertirse en un pilar de la política de Estado. Para eso, es necesario articular acciones conjuntas entre el sector público y el privado que desemboquen en políticas efectivas de prevención y sanción de los autores penalmente responsables”.


El legislador misionero explicó que se trata de delitos de interés para toda la comunidad internacional, ya que se trata de “procesos llevados adelante por la delincuencia organizada trasnacional para disimular las ganancias provenientes de narcotráfico, la venta ilegal de armas, el contrabando de personas, el financiamiento de actividades terroristas y fraudes contra la administración pública, que atentan contra el bienestar general de toda una comunidad”.


Por su parte, Silvina Bacigalupo, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid –España-, consideró que el Código Penal argentino “tiene más virtudes que deficiencias a la hora de evitar el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilegales (como el tráfico de drogas, armas y personas y el financiamiento de organizaciones terroristas), comparándolo con el de España”.  La especialista consideró que el modelo penal es insuficiente por las fallas institucionales del sistema administrativo, como por ejemplo el Banco Central y resto de las entidades encargadas de supervisar los movimientos de las finanzas. 


Roberto Bulit Goñi, presidente de la Fapla, consideró que “hablamos de eficacia porque en todos estos años no ha habido condenas en el país; la ley que lo reprime lleva casi dos lustros, ha sufrido cuatro modificaciones legislativas, varias ejecutivas e innumerables regulatorias; y aún está por verse el resultado”.


Otro de los temas que surgieron durante la cumbre fue cómo tipificar el delito de lavado. El doctor Miguel Bajo Fernández, catedrático español, se manifestó contrario a encasillar el concepto autónomamente, es decir independiente de la figura de encubrimiento –postura sostenida por otros expositores-, donde el imputado aparece después de la comisión de un delito, y por ende, lo agrava. En el caso de la legitimación de activos, al “blanquear” los fondos que proveen de una actividad ilegal el delincuente protege un delito preexistente: hace lícito lo que antes no era.


¿Qué es la Comisión Mixta de las Operatorias Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico?


La Comisión Mixta de Control de las Operatorias Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico –dependiente directamente del Poder Ejecutivo- se puso en marcha en 1990 por el decreto 1849 y luego fue modificada con la sanción de la ley 24.450. Tiene por objeto estudiar los distintos métodos que se emplean para llevar a cabo las operaciones de lavado y proponer a las autoridades competentes los cursos de acción a adoptar para detectar, impedir y sancionar tales maniobras.


La Comisión está formada por dos representantes del Sedronar, del Banco Central, de la Subsecretaría de Finanzas, de la Subsecretaría de Hacienda, del Poder Judicial de la Nación y cuatro del Congreso de la Nación. En los últimos años se han incorporado representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros organismos.


El senador Viana integra el espacio desde abril de este año, cuando fue nombrado a través del DP 50 /08.

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