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Ley de Derribo: herramienta fundamental para proteger el espacio aéreo

En el Congreso, legisladores de la oposición tomarán el debate sobre la denominada “Ley de Derribo”, un proyecto presentado por ex diputado nacional, Miguel Ángel Iturrieta en el año 2009. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Oeste de las provincias de Salta, Santiago del Estero y Córdoba, representa una frontera aérea de más de 2.000 Km. Las violaciones del espacio aéreo serían cada vez más frecuentes. Las mismas se efectuarían eludiendo los controles de las fuerzas de seguridad fronterizas de superficie así como los controles aduaneros, aprovechando una generosa geografía que facilita los vuelos a baja altura y permite numerosos lugares para su aterrizaje clandestino.

El reclamo partió del legislador Juan Carlos Morán, quien investiga el caso de los hermanos Juliá -hijos de un ex alto jefe aeronáutico- detenidos en España por el tráfico de cocaína.



El Diputado de la fuerza política creada por la chaqueña Carrió considera de suma importancia retomar la iniciativa legislativa del misionero o bien, los proyectos presentados con el objetivo de detectar vuelos ilegales. El último legislador en solicitar que se apruebe esta ley para combatir, no solo el narcotráfico, sino también el contrabando en general y el terrorismo fue Iturrieta.



“Una herramienta fundamental para proteger el espacio aéreo”, decía en su momento el  representante de la Tierra Colorada en el Congreso. Si bien la mayoría considera de vital importancia una ley de este tipo, nunca avanzaron los proyectos en el Congreso.




Batería “antiárea” narco



El grupo parlamentario que conduce Carrió en la Cámara de Diputados de la Nación prepara una batería de acciones para tratar leyes vinculadas con el narcotráfico. Si bien el tema se enmarca en una cuestión política-judicial a raíz del caso Juliá, donde la intención de la Coalición Cívica es vincular al Gobierno Nacional con la droga que llegó a España y por consiguiente “hacer un poco de campaña”, otros diputados ven como una oportunidad parlamentaria volver a tratar una buena “ley de derribo” de aeronaves.



El proyecto “borrador”, como dicen los asesores de Carrió, es uno presentado por Iturrieta en el 2009. En su momento el misionero fundamentaba su iniciativa: “Esta situación no constituye una problemática menor, máxime si son tenidas en cuenta las implicancias inmediatas que la misma tiene sobre la seguridad y la defensa nacional y, en definitiva, para el bienestar de la población, habida cuenta de la relación existente entre terrorismo y narcotráfico, y de este con la delincuencia común y el clima de inseguridad permanente y creciente que vive la sociedad argentina.



No obstante su gravedad, es escasa la conciencia que se tiene sobre el tema, y un reflejo de ello, es el lugar relegado que el mismo ocupa en la agenda de los medios de comunicación.



Lo cierto es que las violaciones a nuestra soberanía sobre el espacio aéreo serían cada vez más frecuentes. Las mismas se efectuarían eludiendo los controles de las fuerzas de seguridad fronterizas de superficie así como los controles aduaneros, aprovechando una generosa geografía que facilita los vuelos a baja altura y permite numerosos lugares para su aterrizaje clandestino.



En este sentido, las características del territorio del Nordeste argentino, son generosas en lugares aptos para aterrizajes de aeronaves pequeñas.



 



 



 



 



La extensa frontera NEA, la ruta preferida



Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco, así como Santa Fe y Oeste de las provincias de Salta, Santiago del Estero y Córdoba, representa una frontera aérea de más de 2.000 Km y una superficie de 600.000 Km2 (22 % del territorio nacional) con una escasa densidad poblacional (entre 5 y 13 habitantes por Km2) y una orografía que facilita los vuelos a baja altura con relativa seguridad.



Solamente en el Chaco existen más de un centenar de lugares de este tipo, y la cantidad de sitios similares características no registrados son inestimables.



Otro factor negativo, es que los vuelos irregulares no tienen preferencias horarias;  indistintamente, pueden aparecer de noche, tarde o mañana. Por otro lado, quienes ingresan clandestinamente al espacio aéreo argentino están perfectamente al tanto de la normativa de nuestro país, sabiendo que en el peor de los casos – si es que son interceptados-, sólo recibirán la orden de aterrizar, ante la cual pueden rehusarse y escapar.



Esta serie de circunstancias, nos colocan en una situación de vulnerabilidad que hace que nuestro país sea atractivo para las organizaciones delictivas que, entre otras cosas, recurren a vuelos clandestinos para transportar drogas y mercaderías destinadas a su distribución en el país o hacia otros mercados.




La importancia del radar



El gobierno argentino ha reconocido tal situación así como la necesidad de reforzar la política de vigilancia y control aeroespacial, tal como puede verse en los fundamentos del Decreto  1407/04 donde se afirma: “Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible poder contar con radares y sistemas que realicen un control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo nacional y la seguridad de sus fronteras”.



Es por ello que el proyecto sobre derribos sigue la misma línea, y considerando que la  radarización de nuestro espacio aéreo es una condición necesaria pero insuficiente para hacer  frente a las nuevas amenazas, se propone dotar a la Fuerza Aérea de la capacidad de dar  respuesta efectiva e inmediata ante tal situación.



Se sabe que la protección del ámbito aéreo, así como el territorio y las aguas jurisdiccionales,  es una actividad vinculada a la seguridad interior (artículo 4, Ley 24.059) y que a ello han de abocarse todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación.



Por su parte, los elementos de combate de las fuerzas armadas sólo pueden emplearse de forma subsidiaria en operaciones de seguridad interior, sólo en aquellos casos en que el sistema integrado por las fuerzas de seguridad y policiales resulte insuficiente o que haya un atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar.



En tal sentido, el presente proyecto pretende autorizar a la Fuerza Aérea Argentina a responder 
a agresiones vinculadas con las nuevas amenazas, ya que cuenta con los medios idóneos para operar en tal sentido. No se trata aquí de militarizar cuestiones relativas a la seguridad interior, sino de adecuar la coordinación y cooperación a fin de permitir una adecuada reacción de las fuerzas”, fundamentaba el proyecto Iturrieta en el 2009.




Además de este proyecto presentado por el ex diputado misionero y ex ministro de Gobierno, hay dos más sobre medidas disuasorias en aeronaves presentado por diputados correntinos en el 2010. 



A ello se suma un texto sobre ley de derribo en el Senado con la firma de José Pampuro, ya que fue propuesto cuando él cuando era el Ministro de Defensa en el 2004, estás iniciativas nunca avanzaron…(Por Gerardo Strejevich para www.seispaginas.com o Semanario Seis Páginas edición Nº 61 versión papel)



 



 

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